Los embajadores de la Unión Europea no consiguieron completar el acuerdo antes de la medianoche del 22 de septiembre porque la renovación de las sanciones individuales contra Rusia exige el respaldo unánime de los 27 Estados miembros. Letonia se negó a aceptar un compromiso que incluía retirar de la lista negra a los empresarios Alisher Usmanov y Mikhail Fridman. A cambio, se habría prolongado durante tres años —un plazo inédito— las restricciones contra casi 3.000 personas y entidades restantes vinculadas a Rusia. Para Riga, esa concesión suponía debilitar la presión sobre Moscú.
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El intercambio que se proponía
La propuesta unía dos decisiones:
- Retirar a Alisher Usmanov y Mikhail Fridman de la lista de sanciones, con el fin de sus congelaciones de activos y prohibiciones de viaje en la UE.
- Renovar durante 36 meses las demás designaciones individuales, en lugar de recurrir a renovaciones más cortas. Con ello, el próximo gran pulso político sobre la lista se aplazaría hasta 2029.
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Los diplomáticos habían alcanzado un entendimiento provisional, pero aún necesitaban la aprobación de todos los gobiernos de la UE. Letonia no dio su visto bueno, por lo que el paquete no pudo quedar formalizado.
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Por qué Francia, Eslovaquia y Luxemburgo apoyaban las retiradas
Los países que pedían cambios no parecían actuar necesariamente por el mismo motivo.
Eslovaquia había sido un actor central en el bloqueo previo y presionaba para retirar a Usmanov; los informes también señalaron que buscaba incluir a Fridman en el compromiso final.
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Francia solicitó retirar a Usmanov en un contexto de informaciones según las cuales esa medida podría facilitar la liberación de ciudadanos franceses detenidos en Azerbaiyán. Varios medios reportaron esa posible conexión diplomática, pero no está acreditada de forma independiente como una condición oficialmente impuesta por Azerbaiyán.
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Luxemburgo sostuvo que, si Usmanov salía de la lista, Fridman también debía ser retirado. Algunas informaciones vincularon esa posición con una reclamación arbitral de Fridman contra Luxemburgo, de unos 16.000 millones de dólares, relacionada con activos congelados. Sin embargo, esos reportes no prueban que esa demanda fuera el motivo definitivo de Luxemburgo.
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Por qué la objeción de Letonia fue decisiva
Letonia se convirtió en el último obstáculo porque las sanciones individuales de la UE requieren consenso. Su postura era que un acuerdo que intercambiase dos retiradas de la lista por una renovación más larga diluiría la política de sanciones europea.
La ministra de Exteriores letona, Baiba Braže, afirmó, según lo publicado sobre las conversaciones, que las sanciones deben «reforzarse, no debilitarse».
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El episodio ilustra una vulnerabilidad del sistema: incluso cuando existe apoyo amplio para mantener una lista de sanciones, un solo Gobierno puede bloquearla si rechaza un elemento del pacto.
Qué estaba en juego al vencer el plazo
El riesgo inmediato afectaba a la lista de sanciones individuales: congelaciones de activos y prohibiciones de entrada que alcanzaban a cerca de 3.000 personas y entidades vinculadas a Rusia. Un desacuerdo anterior ya había obligado a aprobar una prórroga técnica de siete días, del 15 al 22 de septiembre.
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Si la UE no completaba los procedimientos jurídicos necesarios con aprobación unánime, esas designaciones corrían el riesgo de caducar. Por tanto, la disputa no trataba solo de dos nombres: el desacuerdo sobre Usmanov y Fridman amenazaba la continuidad legal de todo el régimen de sanciones individuales.
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Esto no implicaba que desaparecieran todas las medidas de la UE contra Rusia. Las sanciones económicas sectoriales, que son un régimen separado, no estaban incluidas en esta renovación y no se verían afectadas.
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Reacciones antes de reanudar las negociaciones
La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, pidió a los Estados miembros preservar las sanciones y señaló que los responsables trabajaban para cerrar pronto la renovación. Insistió en la necesidad de dar estabilidad al régimen mientras continuaban las conversaciones.
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El primer ministro de Ucrania, Sergii Koretskyi, pidió a la UE que no aliviara las sanciones. Argumentó que Europa no debía tratar como amigos a quienes facilitan la guerra de Rusia mientras Ucrania seguía siendo atacada.
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Por su parte, el ministro de Exteriores de Lituania, Kęstutis Budrys, defendió públicamente aumentar la presión sobre Rusia y sobre quienes permiten la agresión del Kremlin. Sus declaraciones recogidas se produjeron en el contexto de medidas adicionales relacionadas con Rusia, no como una posición documentada específicamente sobre el compromiso de Usmanov y Fridman.
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Las conversaciones previstas para la mañana del martes buscaban así resolver no solo el desacuerdo sobre dos retiradas de la lista, sino también un problema estructural: cómo mantener vigente una lista de sanciones de gran alcance cuando cada renovación depende del consentimiento político unánime.
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