La presión sobre Ursula von der Leyen no gira solo en torno a una posible multa a Google. Para varias organizaciones europeas, el caso se ha convertido en una prueba de si la Comisión Europea —el órgano ejecutivo de la UE— puede aplicar su marco digital sin que el calendario parezca condicionado por presiones políticas externas ^[1].

En el centro está una investigación de larga duración sobre presuntas prácticas de autopreferencia de Google en Search. Pero el debate más amplio es otro: si la Ley de Mercados Digitales, conocida por sus siglas en inglés DMA, se hará cumplir con la misma firmeza cuando el afectado sea uno de los grandes guardianes de acceso de internet ^[1][7].

Qué se investiga en el caso Google

Según el resumen de MLex de la carta enviada por organizaciones civiles, Google lleva más de dos años bajo investigación en el marco de la DMA por presuntas prácticas de autopreferencia ^[1]. La cobertura vinculada a Reuters describe el núcleo del caso como el presunto trato de favor de Google a sus propios servicios dentro de los resultados de búsqueda online ^[7].

La palabra clave es presunto. Las fuentes disponibles no establecen que la Comisión haya concluido definitivamente que Google infringió las reglas en este expediente. Lo que muestran es una campaña de presión para que Bruselas complete el procedimiento y, si se acredita el incumplimiento, imponga una multa o sanciones ^[7][14].

Por qué la presión apunta a von der Leyen

Más de 30 organizaciones escribieron a la Comisión Europea para expresar «grave preocupación» por informes según los cuales una multa a Google se habría retrasado tras presiones de la Administración estadounidense ^[1]. Para esos grupos, el problema no es únicamente el ritmo de una sanción concreta. El temor es que una demora atribuida a presiones externas dañe la confianza en la capacidad de la UE para hacer cumplir sus propias reglas digitales frente a plataformas con enorme poder de mercado ^[1].

Por eso von der Leyen aparece como destinataria política del reclamo. Otras comunicaciones de la industria fueron dirigidas a la presidenta de la Comisión, a la responsable de Competencia Teresa Ribera y a la responsable de política tecnológica Henna Virkkunen, con el objetivo de acelerar una decisión en la investigación sobre las prácticas de búsqueda de Google ^[3].

Además, 18 organizaciones europeas de la industria y de consumidores pidieron a la Comisión que emitiera una decisión formal de incumplimiento contra Alphabet antes del 25 de marzo de 2026, fecha que describieron como el segundo aniversario de los procedimientos abiertos por la Comisión ^[13].

Quiénes están presionando

La presión llega desde coaliciones que se solapan, pero no son idénticas:

• Más de 30 organizaciones de la sociedad civil, que alertaron contra retrasar la multa reportada a Google tras presiones de Estados Unidos ^[1].
• Editores europeos, empresas tecnológicas y asociaciones de startups, entre ellas el European Publishers Council, la European Magazine Media Association, la European Tech Alliance y EU Travel Tech, que pidieron cerrar la investigación de casi dos años e imponer una multa ^[7].
• Dieciocho organizaciones europeas de la industria y de consumidores, que reclamaron una decisión formal de incumplimiento contra Alphabet antes del hito de los dos años del procedimiento ^[13].

Los tres argumentos principales

1. La aplicación de la ley no debe parecer negociable

La carta de las organizaciones civiles se apoya en una preocupación concreta: que el retraso reportado haya llegado después de presiones de la Administración estadounidense ^[1]. Para los firmantes, el riesgo es que la DMA parezca vulnerable a cálculos geopolíticos o comerciales, en lugar de aplicarse según los méritos jurídicos del caso ^[1].

2. La demora puede agravar el daño en el mercado

Editores, empresas tecnológicas y grupos de startups sostienen que los retrasos perjudican a negocios europeos que compiten en la economía digital ^[14]. Un informe recogió que la coalición advertía de que empresas europeas estaban llegando a la quiebra mientras los reguladores seguían deliberando ^[11].

3. El expediente ya lleva demasiado tiempo abierto

La cobertura vinculada a Reuters describió la investigación sobre Google Search como un expediente de casi dos años cuando editores, tecnológicas y startups pidieron a los reguladores europeos cerrarlo en marzo de 2026 ^[7]. Más tarde, MLex informó de que Google llevaba más de dos años investigada bajo la DMA por presuntas prácticas de autopreferencia ^[1].

Qué quieren que haga la Comisión

Los grupos no piden otra pausa, sino un paso final de aplicación. Según la coalición, la demanda se formula de distintas maneras: acelerar el caso y avanzar hacia una sanción ^[3], imponer una multa ^[7], emitir una decisión formal de incumplimiento ^[13] o aplicar sanciones si se determina que Google vulneró las normas de competencia ^[14].

La cautela sigue siendo importante: las fuentes no prueban que Google haya cometido una infracción en este expediente. Sí muestran, en cambio, que varios grupos quieren que la Comisión termine la investigación y actúe si se cumple el umbral legal necesario ^[7][14].

La clave

Las organizaciones presionan a la Comisión de von der Leyen porque la multa aplazada a Google se ha convertido en símbolo de tres debates a la vez: cómo resolver las acusaciones de autopreferencia en Search tras más de dos años de escrutinio, si los competidores europeos pueden confiar en una aplicación rápida de la DMA y si Bruselas puede imponer sus normas digitales sin que parezca que cede ante presiones externas ^[1][7][11].