El plan fiscal de Bruselas: impuestos a las criptos, al juego y a las tecnológicas para cuadrar el presupuesto más caro de la historia de la UE

El próximo presupuesto de siete años de la Unión Europea promete ser el más costoso de su historia, y Bruselas está buscando nuevas fórmulas de financiación que no dependan tanto de las aportaciones directas de los Estados miembros, una fuente habitual de fricciones políticas . La Comisión Europea evalúa con discreción una serie de nuevos impuestos paneuropeos sobre servicios digitales, juego online y transacciones y ganancias de criptoactivos que, en conjunto, podrían generar casi 11.000 millones de euros de ingresos adicionales al año .

Las propuestas, recogidas en un documento interno compartido con los gobiernos nacionales al que ha tenido acceso Euronews, forman parte de la negociación del Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2028–2034. Un presupuesto de casi 2 billones de euros que la Comisión propuso formalmente el 16 de julio de 2025 . El objetivo es dotar a la UE de sus propios "recursos propios" estables.

Conviene aclarar que esto aún no es legislación. Se trata de una prospección en fase inicial sobre lo que es viable política y jurídicamente. Pero las cifras que la acompañan revelan dónde cree la UE que está el dinero, y el armazón técnico que haría viable un impuesto europeo a las criptomonedas ya está operativo.

El cóctel fiscal: lo que incluye la propuesta

La Comisión apuesta por un "enfoque de lote" (o enfoque cesta), presentando varias opciones de nuevos ingresos a la vez para intentar construir una coalición de apoyos más amplia dentro del Consejo Europeo . Las cuatro medidas más vigiladas apuntan a las plataformas digitales, los operadores de juego online y la actividad con criptoactivos.

Gravamen al juego online. Una tasa del 3% sobre los ingresos netos de los operadores de juego en línea es la partida de ingresos más abultada en las estimaciones filtradas. La Comisión proyecta que podría recaudar unos 1.900 millones de euros al año, lo que sumaría alrededor de 13.300 millones de euros en todo el ciclo presupuestario de siete años . El grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo ha propuesto por separado un gravamen similar, aunque con un tipo en torno al 1% sobre el volumen de negocio o los ingresos de los grandes operadores .

Impuesto a las transacciones de criptoactivos. El documento contempla un gravamen del 0,1% sobre el valor de las transacciones de criptoactivos ejecutadas por residentes en la UE. Los cálculos preliminares de la Comisión sugieren que podría generar entre 3.000 y 4.000 millones de euros anuales . Como estas estimaciones parten de volúmenes de negociación conservadores, la recaudación final podría ser mayor si el mercado de criptoactivos se expande durante el período del presupuesto .

Impuesto a las ganancias de capital de criptoactivos. De forma separada, la UE explora un impuesto sobre las ganancias de capital obtenidas por la venta de criptoactivos. Este complemento al impuesto a las transacciones podría generar entre 1.000 y 2.400 millones de euros extra al año .

Tasa a los servicios digitales. Los detalles sobre el tipo concreto y la base imponible de este gravamen están menos desarrollados en los documentos filtrados. Sin embargo, la idea de un impuesto a las grandes plataformas digitales con importantes bases de usuarios en la UE pero escasa presencia fiscal corporativa es una ambición recurrente en Bruselas . El Parlamento Europeo ha presionado de forma constante a favor de esta medida, y propuestas anteriores de la Asociación de Contribuyentes de Europa han modelado un recurso corporativo basado en las ventas que aportaría 6.800 millones de euros anuales al presupuesto comunitario .

Todo este paquete de nuevos recursos propios, del que estos cuatro elementos son solo una parte, se está dimensionando para alcanzar al menos 60.000 millones de euros por año .

Es importante entender que estas cifras de ingresos son preliminares. La propia Comisión las ha descrito como probablemente infravaloradas por basarse en cálculos conservadores, y el diseño final —e incluso la inclusión o no de cada impuesto— dependerá de meses de negociación política .

El laberinto político: ambición frente a unanimidad

Para que cualquiera de estos impuestos se convierta en norma comunitaria, la propuesta debe sortear un proceso de aprobación singularmente exigente.

El Parlamento Europeo ya se ha posicionado a favor de nuevas fuentes de ingresos. En su postura sobre el MFP adoptada en abril, la Eurocámara votó por un presupuesto equivalente al 1,38% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la UE —por encima del 1,26% propuesto por la Comisión— y respaldó explícitamente nuevos recursos propios que generasen unos 60.000 millones de euros anuales . Los eurodiputados añadieron que, si los Estados miembros descartan algunas de las fuentes de financiación propuestas, habrá que buscar otras alternativas .

Ese voto del Parlamento, sin embargo, es consultivo. El poder real reside en el Consejo Europeo, donde cualquier decisión sobre nuevos impuestos a escala comunitaria requiere la unanimidad de los 27 Estados miembros . Basta con el veto de un solo Gobierno nacional para bloquear todo el paquete. Dada la oposición manifiesta de varios países a cualquier medida que pueda presentarse como un nuevo poder fiscal de la UE, el camino hacia la aprobación unánime se presenta muy empinado.

El Consejo aún no ha adoptado una posición formal sobre los gravámenes a las criptomonedas y al juego. Lo que hace el documento filtrado de la Comisión es marcar la línea de salida de un debate que se prolongará hasta bien entrado 2026, y posiblemente más allá.

La infraestructura fiscal para las criptos ya está montada

Aunque las propuestas de impuestos en sí son nuevas, la maquinaria que la UE necesitaría para recaudarlos no lo es. Dos piezas legislativas comunitarias clave —MiCA y DAC8— han creado ya la infraestructura regulatoria y de transparencia que sostendría cualquier futuro gravamen europeo sobre criptoactivos.

MiCA (Reglamento sobre los Mercados de Criptoactivos) proporciona las definiciones legales en las que se apoya el sistema fiscal. La directiva DAC8, octava modificación de la Directiva de Cooperación Administrativa, está explícitamente alineada con la terminología de MiCA para criptoactivos y proveedores de servicios de criptoactivos. Esto evita cargas administrativas duplicadas para las empresas que ya están reguladas bajo MiCA .

DAC8 es la columna vertebral operativa. Entró en vigor el 1 de enero de 2026 y exige a los proveedores de servicios de criptoactivos que operan en la UE que informen automáticamente a las autoridades fiscales nacionales de las transacciones realizadas por clientes residentes en la UE . Esa información se comparte después entre los Estados miembros en virtud del marco de intercambio automático de información que establece la directiva .

En la práctica, DAC8 implica que, desde 2026, las haciendas de toda la UE ya están recibiendo datos detallados sobre quién opera con qué, desde dónde y en qué volumen. Un futuro impuesto del 0,1% sobre las transacciones o sobre las ganancias de capital simplemente añadiría una capa fiscal sobre una tubería de transparencia que ya está abierta .

DAC8, además, se alinea con el Marco de Declaración de Criptoactivos (CARF) de la OCDE, lo que otorga interoperabilidad global al sistema de la UE y dificulta que los usuarios eludan la obligación de informar trasladando su actividad a plataformas de fuera de la Unión .

¿Qué sucederá ahora?

Las propuestas están en una fase exploratoria. La Comisión ha compartido estimaciones preliminares de ingresos con los Gobiernos nacionales, pero aún no existe un texto legislativo formal para los impuestos a las criptomonedas, al juego o a los servicios digitales. El foco inmediato está puesto en construir suficiente apoyo en el Consejo para mantener políticamente viable el enfoque de lote, mientras el Parlamento Europeo sigue presionando para lograr un paquete de ingresos ambicioso en el marco de la negociación del MFP.

Para los usuarios de criptomonedas, los inversores y los proveedores de servicios, la clave es que cualquier futuro impuesto comunitario se construirá muy probablemente sobre el sistema de declaración de datos que DAC8 acaba de encender. La infraestructura para rastrear y gravar las transacciones de criptoactivos a nivel de la UE ya no es una teoría: es una realidad operativa. Que exista o no la voluntad política para añadir ese gravamen sobre las operaciones ya monitorizadas sigue siendo la gran cuestión por 11.000 millones de euros.