Ese relato describe una versión preliminar de la trayectoria del artefacto, no una reconstrucción confirmada del ataque. La Dirección de Coordinación de Acción contra las Minas de Afganistán examinó el lugar y concluyó que allí había explotado una granada, en línea con la información atribuida a la policía de Kabul.
Las primeras cifras fueron cambiando durante las horas posteriores a la explosión:
La diferencia puede deberse a recuentos iniciales que fueron actualizándose, a distintas formas de contabilizar a los afectados o a datos procedentes de hospitales, testigos y autoridades. La cifra de la ONU es la evaluación posterior más clara sobre la edad y el número de niños, pero no necesariamente resuelve el total general de personas heridas.
El portavoz talibán Zabihullah Mujahid afirmó que el Estado Islámico o grupos afiliados podrían estar detrás de la explosión. También dijo que había una investigación en curso y que las fuerzas de seguridad talibanas trataban de identificar y detener a los responsables. Sus declaraciones presentaron la participación del Estado Islámico como una posibilidad, no como una atribución confirmada.
Mohammad Mohaqeq, dirigente del Partido de la Unidad Islámica del Pueblo de Afganistán, condenó el ataque y reclamó una investigación independiente. En sus declaraciones, también atribuyó la responsabilidad a los talibanes por ser las autoridades de facto que controlan la seguridad, una acusación política que no constituye un hallazgo probado.
Dasht-e-Barchi es un barrio de mayoría hazara y chií en el oeste de Kabul. La zona ha sufrido repetidos ataques contra comunidades religiosas y étnicas minoritarias. Human Rights Watch ha documentado atentados del Estado Islámico del Jorasán —conocido por las siglas ISKP— contra hazaras y otras minorías religiosas en escuelas, mezquitas y lugares de trabajo.
Entre los antecedentes se encuentran el atentado de 2021 cerca de la escuela femenina Sayed ul-Shuhada y la explosión de 2022 en la escuela secundaria Abdul Rahim Shahid. Estos episodios ayudan a explicar por qué la posible participación del ISKP está siendo considerada, pero no demuestran que ese grupo haya cometido la explosión de Sham-e-Hedayat.
Richard Bennett, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, condenó lo que describió como un ataque atroz que afectó a niños. También afirmó que era esencial realizar una investigación completa e independiente para llevar a los responsables ante la justicia.
La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, conocida como UNAMA, pidió igualmente esclarecer las circunstancias de la explosión. Sus llamamientos ponen de relieve la principal laguna de información: se ha identificado la granada, pero no existe una versión verificada públicamente sobre quién la arrojó, si la escuela fue atacada de forma intencionada o si algún grupo dirigió la acción.
La explosión tuvo lugar el 17 de agosto, dos días después del quinto aniversario del regreso de los talibanes al poder en Kabul, ocurrido el 15 de agosto de 2021. En varios países se celebraron protestas para conmemorar la fecha, en medio de críticas a las políticas de derechos humanos de los talibanes.
El momento forma parte del contexto político, pero no demuestra que el aniversario, las protestas ni ningún actor relacionado con ellas causaran o dirigieran la explosión en la escuela.
La información disponible permite afirmar que una granada explotó en la escuela y que al menos 42 niños resultaron heridos. Todavía no permite establecer:
Por ahora, la conclusión más responsable es que se trató de una explosión de granada con graves consecuencias para niños, pero sin un autor ni un móvil confirmados.