El periodo de negociación de 60 días podía ampliarse, pero solo con el consentimiento de ambas partes. La diferencia es importante: que las conversaciones pudieran continuar no equivalía a una extensión pública y confirmada del memorando, de sus obligaciones de alto el fuego o de sus disposiciones sobre navegación.
El acuerdo se volvió cada vez más difícil de sostener mientras Washington y Teherán se acusaban mutuamente de incumplir sus compromisos y discrepaban sobre las condiciones para reabrir Ormuz. En julio, distintos informes describieron la reanudación de las hostilidades y el anuncio del presidente Donald Trump de que el acuerdo inicial de alto el fuego estaba “terminado”.
Al llegar la fecha límite, la disputa había pasado de aplicar el marco provisional a negociar exigencias de fondo muy diferentes. Irán vinculó la reapertura total de Ormuz a cambios en la política estadounidense, mientras Washington continuó presionando para controlar la vía marítima y obtener concesiones más amplias.
El resultado fue tanto un problema de cumplimiento como una crisis política. Cuando las partes dejaron de aceptar la misma interpretación del acuerdo, el memorando ya no pudo contener de forma fiable una escalada militar o marítima.
La expiración deja, según la información disponible, un vacío sin un marco sustituto claramente confirmado. La continuidad de los ataques, las acusaciones cruzadas y la suspensión o el rechazo de compromisos han debilitado las limitaciones prácticas que el acuerdo de junio pretendía establecer.
Esto aumenta el riesgo de una escalada provocada por incidentes, más que por una decisión deliberada de reanudar una guerra regional abierta. Un ataque contra un buque, un enfrentamiento entre fuerzas navales o una ofensiva vinculada a cualquiera de los dos bandos podría reducir rápidamente el margen de maniobra de los mediadores para reactivar las conversaciones.
Ormuz se convirtió en la prueba central del acuerdo. El memorando vinculaba el fin de las hostilidades con el paso seguro de buques comerciales, pero las negociaciones posteriores quedaron bloqueadas por la forma en que debía reabrirse la vía y por quién tendría autoridad sobre ella.
Irán ha insistido en que controla el estrecho y ha advertido de una postura más ofensiva si fracasa la diplomacia. Esa retórica aumenta la incertidumbre para los operadores marítimos incluso sin un cierre total y formal. El menor tránsito de petroleros y la ausencia de un acuerdo ya forman parte de las preocupaciones económicas y de seguridad asociadas al vencimiento.
Para las empresas navieras, el riesgo no se limita a saber si la vía está legalmente abierta. También incluye la seguridad de los buques, posibles retrasos, cambios de ruta, el costo de los seguros de guerra y la posibilidad de que un enfrentamiento local interrumpa el tránsito. La información disponible respalda una mayor incertidumbre, pero no permite establecer una evolución concreta del precio del petróleo.
Los países del Golfo, los importadores de energía y las potencias navales afrontan ahora un difícil equilibrio. Pueden querer proteger el transporte comercial, pero los movimientos militares alrededor de Ormuz también pueden ser presentados por Teherán como una prueba de que Washington intenta imponer su control sobre la vía marítima. El deterioro del acuerdo aumenta así la presión sobre los gobiernos regionales y reduce la previsibilidad que habría ofrecido un alto el fuego verificado.
El riesgo no se limita a los petroleros. Puertos, fuerzas navales, buques comerciales y otros actores vinculados al conflicto podrían convertirse en objetivos o contribuir a una escalada si las partes siguen actuando sin un conjunto de reglas aceptado por ambas. Se trata de escenarios de riesgo, no de pruebas de que cada uno vaya a producirse.
Un acuerdo futuro sigue siendo posible, aunque el fracaso del proceso provisional lo hace más difícil. El memorando de junio abrió una ventana de negociación, pero no resolvió las disputas de fondo sobre el programa nuclear iraní, las sanciones, el acceso marítimo ni los mecanismos de cumplimiento.
Un proceso más duradero probablemente necesitaría, como mínimo:
Estos elementos reflejan las carencias que dejó al descubierto el colapso del memorando; no son los términos de un nuevo acuerdo. La posibilidad de que Estados Unidos e Irán los acepten dependerá de que la diplomacia consiga crear un marco común, en lugar de mantener dos listas paralelas de exigencias públicas.
El memorando de 60 días venció sin concretar el acuerdo permanente que debía facilitar. Su colapso no hace imposible una nueva vía diplomática, pero complica cada paso siguiente: el alto el fuego es menos creíble, Ormuz está más disputado, el transporte marítimo comercial afronta una mayor incertidumbre y cualquier acuerdo amplio dependerá primero de reconstruir la confianza y establecer mecanismos de verificación.
Por eso, los últimos informes sobre una posible extensión deben analizarse con cautela, a menos que Washington y Teherán publiquen conjuntamente su duración, sus términos y sus obligaciones. Con la información disponible, no había entrado en vigor ningún acuerdo sustituto claro al llegar la fecha límite.