Después de la interceptación, más de 100 participantes fueron trasladados a la isla griega de Creta. Ávila y Abu Keshek, en cambio, fueron llevados a Israel para ser interrogados y permanecieron detenidos mediante prórrogas dictadas por tribunales israelíes.
Israel deportó a los dos hombres el 10 de mayo. Su Ministerio de Exteriores dijo que habían sido liberados y deportados una vez completada la investigación. Ávila llegó a São Paulo el 11 de mayo y afirmó que había sido torturado durante aproximadamente 10 días bajo custodia.
La denuncia principal de Ávila, tras su liberación, fue que había sido torturado bajo custodia israelí y que había presenciado abusos contra presos palestinos. Antes de la deportación, Dawn informó que Ávila y Abu Keshek estaban en huelga de hambre para protestar por presuntos abusos físicos graves y por lo que consideraban una detención ilegal.
Según Middle East Eye, la abogada de Adalah Lubna Tuma dijo que los dos activistas relataron haber sido golpeados, vendados y obligados a permanecer boca abajo después de ser separados del resto de los participantes de la flotilla.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de FIDH y OMCT, describió después el caso como uno de secuestro, detención arbitraria y malos tratos, citando información de Adalah, el centro legal para los derechos de la minoría árabe en Israel.
La precisión es importante: esos relatos son graves, pero el material citado registra denuncias y pedidos de investigación, no una conclusión independiente definitiva sobre cada presunto abuso.
La posición pública de Israel en los reportes disponibles se centró en el interrogatorio, la detención y la deportación. Las autoridades israelíes dijeron inicialmente que trasladaban a Ávila y Abu Keshek a Israel para interrogarlos después de la interceptación de la flotilla.
Luego, tribunales israelíes extendieron la detención, primero hasta el 5 de mayo y después hasta el 10 de mayo. Tras la deportación, el Ministerio de Exteriores israelí afirmó que ambos habían sido liberados y expulsados una vez completada la investigación.
Reportes basados en Reuters también señalaron que el Ministerio de Exteriores israelí planteó sospechas de seguridad, incluida la acusación de que Abu Keshek era sospechoso de estar afiliado a una organización terrorista.
En el material público disponible, la explicación oficial citada se concentra en el interrogatorio, las sospechas de seguridad y la deportación; no aparece una refutación detallada, punto por punto, de las denuncias posteriores de Ávila sobre tortura o abusos contra presos palestinos.
Brasil y España protestaron desde el comienzo. AP informó que ambos gobiernos acusaron a Israel de “secuestrar” a sus ciudadanos después de que los activistas fueran capturados en aguas internacionales. Más tarde, una cobertura basada en Reuters indicó que los dos gobiernos consideraban ilegal la detención.
Naciones Unidas pidió a Israel liberar de inmediato a Ávila y Abu Keshek y exigió una investigación sobre “relatos inquietantes” de que ambos habían sufrido malos tratos severos. ICJP también reclamó su liberación inmediata y describió como ilegal su detención en aguas internacionales cerca de Grecia.
Las organizaciones de derechos humanos centraron buena parte de sus críticas en dos puntos: la jurisdicción y el trato recibido. Dawn informó que Adalah impugnó la jurisdicción israelí durante el proceso de prórroga de la detención. OMCT y FIDH, a través de su Observatorio, dijeron haber sido informadas por Adalah de secuestro, detención arbitraria y actos de malos tratos contra ambos activistas.
La cuestión inmediata de la custodia ya terminó: Ávila y Abu Keshek fueron deportados de Israel. Pero las preguntas de fondo siguen abiertas en el registro citado: si la interceptación y el traslado a Israel fueron legales, si las denuncias de tortura y abusos contra presos palestinos pueden verificarse de forma independiente, y si habrá una investigación pública que responda a los reclamos planteados por Ávila, sus abogados, la ONU y las organizaciones de derechos humanos.
Por ahora, el desenlace confirmado es la deportación. La pregunta sobre responsabilidades sigue pendiente.
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