El caso TSMC–Tokyo Electron: espionaje industrial en torno a la tecnología de chips de 2 nanómetros

La investigación comenzó cuando los sistemas internos de seguridad de TSMC detectaron accesos sospechosos a datos confidenciales, lo que desencadenó una revisión interna y posteriormente cargos penales.

Condenas de prisión para cinco implicados

El tribunal concluyó que varias personas participaron en la obtención y uso indebido de la información confidencial.

• Chen Li‑ming: condenado a 10 años de prisión por violar la Ley de Seguridad Nacional de Taiwán y otras normas relacionadas con la apropiación de tecnologías consideradas “clave para la nación”.
• Tres ingenieros adicionales: recibieron penas de entre dos y seis años de cárcel.
• Otra acusada: recibió una condena de 10 meses de prisión, suspendida durante tres años.

Las penas se consideran de las más severas impuestas en Taiwán en un caso de espionaje tecnológico relacionado con semiconductores.

Por qué se aplicó la Ley de Seguridad Nacional

A diferencia de muchos casos de propiedad intelectual, este proceso se llevó a cabo bajo la Ley de Seguridad Nacional de Taiwán, que sanciona la adquisición o uso no autorizado de tecnologías consideradas esenciales para la seguridad económica y estratégica del país.

Fue la primera vez que Taiwán utilizó legislación de seguridad nacional para procesar el robo de tecnología avanzada de chips, reflejando la importancia estratégica del sector de semiconductores para la isla.

TSMC es el mayor fabricante por contrato de chips del mundo y produce procesadores avanzados utilizados en inteligencia artificial, electrónica de consumo y computación de alto rendimiento.

Multas contra la filial taiwanesa de Tokyo Electron

Además de las penas de prisión, el tribunal impuso sanciones financieras a Tokyo Electron Taiwan Ltd., la filial local del fabricante japonés de equipos para semiconductores.

• Multa de NT$150 millones (aproximadamente US$5 millones) contra la empresa.
• Algunos informes también indican que el tribunal ordenó pagar NT$100 millones a TSMC en relación con el caso, aunque el carácter exacto del pago —si se trata de daños, restitución u otra categoría legal— no se ha detallado completamente en la información pública disponible.

Las autoridades vincularon a la filial con el caso porque algunos de los implicados trabajaban en sus operaciones locales. Tokyo Electron, por su parte, afirmó previamente que sus revisiones internas no encontraron pruebas de una participación organizativa en la filtración de datos.

Cronología de la investigación

Los reportes públicos sitúan varios momentos clave en el proceso judicial:

• 2025: fiscales taiwaneses presentan cargos contra varios individuos y contra la filial de Tokyo Electron por el presunto robo de tecnología de 2 nm de TSMC.
• Agosto de 2025: los sospechosos son acusados formalmente en el caso de secretos comerciales.
• 27 de abril de 2026: el Tribunal de Propiedad Intelectual y Comercial dicta sentencia, con condenas de prisión y multas corporativas.

Sin embargo, los informes judiciales disponibles no detallan con precisión cuánto tiempo duró la actividad de espionaje.

Posibles apelaciones

El fallo judicial puede ser apelado, como permite el sistema legal taiwanés, que contempla revisiones en tribunales superiores e incluso ante el Tribunal Supremo.

Hasta ahora, la información pública confirma la posibilidad de apelación, pero no detalla los argumentos legales concretos que podrían presentar los acusados.

Por qué este caso tiene impacto global

El proceso judicial refleja cambios profundos en la industria de los semiconductores:

• Las tecnologías avanzadas de fabricación de chips se consideran activos estratégicos de seguridad nacional.
• Los gobiernos están utilizando leyes de seguridad nacional para combatir el espionaje industrial.
• La competencia global por la inteligencia artificial y los chips avanzados ha convertido la protección de secretos comerciales en un asunto geopolítico.

Para Taiwán —donde se concentra gran parte de la capacidad mundial de fabricación de chips avanzados— el mensaje del fallo es claro: el robo de tecnología crítica de semiconductores puede acarrear sanciones penales severas.