El caso también involucra al exlegislador y veterano político opositor Albert Ho. A diferencia de sus coacusados, Ho se declaró culpable, reconociendo que había defendido públicamente el fin del sistema de partido único en China continental.
Los tres acusados fueron dirigentes de la Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China (Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Democráticos Patrióticos de China).
La organización se creó tras las protestas de Tiananmén de 1989 y durante más de 30 años organizó la vigilia anual con velas en Victoria Park, considerada la mayor conmemoración pública del suceso en territorio chino.
Con el endurecimiento político posterior a 2020, las autoridades actuaron contra el grupo. La organización acabó disolviéndose y las vigilias dejaron de celebrarse.
Otro aspecto llamativo del caso es el largo periodo que los acusados han pasado en prisión sin sentencia.
Chow y Lee fueron arrestados en 2021 y han permanecido más de cuatro años detenidos antes del veredicto, acumulando más de 1.500 días en detención preventiva.
La ley de seguridad nacional establece normas de fianza mucho más estrictas que las de los procesos penales ordinarios. Los tribunales solo conceden libertad provisional si creen que el acusado no continuará realizando actos considerados una amenaza para la seguridad nacional.
Diversas organizaciones de derechos humanos han criticado estas condiciones, señalando preocupaciones sobre debido proceso y libertad de expresión.
Más allá del destino personal de los acusados, el juicio refleja el profundo cambio en el panorama político y legal de Hong Kong desde la entrada en vigor de la ley de seguridad nacional en junio de 2020.
Actividades que durante años fueron legales —como organizar vigilias conmemorativas o promover ciertos eslóganes políticos— ahora se analizan bajo el marco de delitos contra la seguridad del Estado. Críticos sostienen que la ley ha reducido drásticamente el espacio para la oposición organizada y la protesta pública.
Debido a que la acusación se basa principalmente en palabras, consignas y actos conmemorativos, el caso se observa como una prueba de hasta dónde los tribunales están dispuestos a interpretar el concepto de “incitación a la subversión”.
Tras meses de audiencias y alegatos finales, el panel de tres jueces especializados en seguridad nacional indicó que espera emitir su veredicto en julio de 2026.
La decisión podría marcar un precedente importante sobre cómo se juzgan en Hong Kong las expresiones políticas y el recuerdo público de acontecimientos históricos desde la introducción de la ley de seguridad nacional.
En otras palabras, el proceso no trata solo de tres activistas ni de un eslogan: también examina hasta dónde han cambiado los límites del debate político en Hong Kong en los últimos años.
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