La Unión Europea quiere usar su contratación pública, las ayudas estatales y las reglas de inversión para reforzar la fabricación dentro del bloque. El borrador de informe del Parlamento Europeo sobre la Ley de Aceleración Industrial elevaría esa ambición: favorecería con más claridad los productos europeos y bajos en carbono, y exigiría más contrapartidas a grandes inversiones extranjeras en actividades consideradas estratégicas.
No se trata todavía de una obligación en vigor. La Comisión Europea presentó la propuesta legislativa de base el 4 de marzo de 2026 y el informe parlamentario forma parte de una negociación que aún debe continuar con los Estados miembros.
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Un objetivo del 50% de contenido europeo para 2036
La propuesta del Parlamento plantea que los productos estratégicos y de bajas emisiones alcancen un umbral del 50% de «Made in Europe» y contenido bajo en carbono para 2036. La finalidad es que las compras y los fondos públicos europeos respalden en mayor medida la producción y las cadenas de suministro situadas en Europa.
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La Ley de Aceleración Industrial ya contempla criterios de «Made in EU» —fabricado en la Unión— y de bajas emisiones para la contratación pública y los programas de apoyo público. El Parlamento aspira a endurecer esas preferencias y a dar más peso al origen europeo de los componentes.
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Más exigencias para las tecnologías limpias
El informe también pide aumentar el contenido de la UE en tecnologías de cero emisiones netas, entre ellas paneles solares, aerogeneradores, bombas de calor y centrales nucleares.
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Estas áreas son centrales para la iniciativa, que combina descarbonización y resiliencia industrial. La Comisión identifica entre los sectores prioritarios a las industrias intensivas en energía, las tecnologías limpias y la fabricación de automóviles.
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Inversiones extranjeras: el umbral podría bajar a 50 millones
La propuesta original de la Comisión fija condiciones para inversiones extranjeras de al menos 100 millones de euros cuando proceden de un país no perteneciente a la UE que concentra más del 40% de la capacidad mundial de fabricación en ámbitos estratégicos concretos, como vehículos eléctricos, baterías, energía solar y materias primas críticas.
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Según las informaciones sobre el borrador de los ponentes del Parlamento, ese umbral de revisión se reduciría a 50 millones de euros en sectores donde un solo país tenga ese grado de dominio industrial mundial. Aunque la norma se formularía en términos de concentración de la producción y no mencionaría a ningún país, el debate se desarrolla claramente en un contexto de preocupación por la fortaleza de China en varias de esas cadenas de suministro.
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Qué podría exigirse a las inversiones que quieran acceder al mercado
El marco inicial de la Comisión ya prevé vincular las inversiones cubiertas a condiciones que generen valor industrial dentro de la Unión. Entre ellas figuran un límite del 49% a la propiedad extranjera, una empresa conjunta con un socio de la UE, compromisos de transferencia de propiedad intelectual o tecnología, destinar el 1% de los ingresos anuales a investigación y desarrollo en la UE, adquirir el 30% de los insumos en el bloque y emplear una proporción determinada de trabajadores de la Unión.
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La información publicada sobre el borrador parlamentario apunta a requisitos más estrictos, entre ellos la posibilidad de exigir que al menos el 60% de la plantilla esté formada por trabajadores de la UE, además del umbral de control de 50 millones de euros. La redacción final y la combinación concreta de condiciones dependerán de la posición que apruebe el Parlamento y de la posterior negociación con los Estados miembros.
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La lógica política es que una inversión no se limite a una planta de ensamblaje: debería dejar empleo, investigación, proveedores locales, capacidades tecnológicas y una base industrial europea más sólida.
China, clave en el trasfondo político
El borrador llega en un momento de mayor fricción comercial entre la UE y China. El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, ha dicho que Pekín debe ofrecer «resultados concretos» antes de octubre para reequilibrar la relación comercial y ha advertido de que, de no hacerlo, la UE podría adoptar medidas más duras.
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La Ley de Aceleración Industrial no es una medida dirigida únicamente a China. Su objetivo declarado es impulsar la demanda de tecnologías y productos europeos con bajas emisiones, además de reforzar la capacidad manufacturera de la UE.
17 Sin embargo, el foco sobre países que dominan cadenas de suministro estratégicas le da una dimensión evidente de seguridad económica.
Qué falta para que sea una regla definitiva
Las cifras que más atención concentran —el 50% de contenido europeo, el umbral de 50 millones de euros y las condiciones reforzadas a la inversión— son por ahora posiciones de negociación, no normas cerradas. El Parlamento Europeo debe adoptar primero su postura; después, las conversaciones con los Estados miembros determinarán el reglamento final.
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Para fabricantes, proveedores de tecnologías limpias e inversores extranjeros, la señal es relevante: el acceso a ayudas públicas y a sectores estratégicos europeos podría depender cada vez más no solo del precio y las emisiones, sino también de dónde se fabrica, se investiga, se contrata y se compran los componentes.