Entre los abusos denunciados en testimonios e informes citados por la ONU se incluyen:
Edwards afirmó que el “número y la crueldad de las denuncias” sugieren un posible incumplimiento grave de la obligación de tratar humanamente a las personas privadas de libertad conforme al derecho internacional.
La experta también ha señalado denuncias de violencia sexual en instalaciones de detención. En agosto de 2024 condenó un supuesto caso de agresión sexual cometido por soldados israelíes contra un hombre palestino detenido y pidió que los responsables rindieran cuentas si los hechos se confirmaban.
Edwards subrayó que la tortura sexual o los tratos degradantes de carácter sexual nunca pueden justificarse, ni siquiera en contextos de guerra o de emergencia nacional.
La relatora citó denuncias según las cuales al menos 94 palestinos habrían muerto bajo custodia israelí desde octubre de 2023, advirtiendo que algunas de esas muertes podrían ser ilegales y deben investigarse de forma independiente.
También instó a las autoridades a realizar investigaciones rápidas, imparciales y transparentes sobre cada caso, algo considerado una obligación básica del derecho internacional de los derechos humanos en situaciones de detención.
Otro punto central de las advertencias de la relatora es lo que describió como una posible “cultura de impunidad” en ciertos centros de detención. Edwards afirmó que muchas denuncias de abusos no habrían sido investigadas adecuadamente y que los responsables rara vez enfrentan procesos judiciales.
Por ello, pidió a las autoridades israelíes garantizar investigaciones creíbles y responsabilidades penales cuando las pruebas respalden las acusaciones.
La magnitud de las detenciones tras el inicio de la guerra también ha generado preocupación internacional.
Informes de la ONU y organizaciones de monitoreo señalan que:
Algunas estimaciones basadas en datos vinculados al Servicio Penitenciario de Israel indicaban que 10.863 palestinos estaban detenidos en cárceles y centros de detención israelíes, procedentes de Cisjordania, Gaza y también ciudadanos palestinos de Israel.
Uno de los mecanismos más criticados por expertos de la ONU es la detención administrativa, que permite mantener a una persona encarcelada sin cargos formales ni juicio durante períodos renovables basados en pruebas secretas.
Según un informe de un grupo de trabajo de la ONU, alrededor de 3.424 palestinos se encontraban bajo este tipo de detención desde octubre de 2023.
Organizaciones de derechos humanos sostienen que el uso extensivo de esta práctica plantea dudas sobre el debido proceso y el riesgo de detención arbitraria.
Edwards ha insistido en que las investigaciones deben abarcar a todos los actores involucrados en el conflicto, no únicamente a Israel.
También ha condenado la tortura y los malos tratos cometidos por grupos armados palestinos, incluido el trato a los rehenes israelíes capturados durante los ataques del 7 de octubre, recordando que el derecho internacional prohíbe la tortura tanto a Estados como a actores no estatales.
Su mensaje central es que la prohibición de la tortura es absoluta: independientemente del contexto del conflicto, todas las personas detenidas —israelíes o palestinas— deben ser tratadas con humanidad y protegidas por el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
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