La ONU avala el dictamen climático del Tribunal Internacional tras una campaña liderada por Vanuatu

El tribunal respondió principalmente a dos preguntas:

• Qué responsabilidades tienen los países cuando sus actividades contribuyen a dañar el sistema climático.
• Qué consecuencias legales pueden surgir si esas obligaciones se incumplen.

Al respaldar esta opinión, la Asamblea General reafirma la idea de que no actuar frente al cambio climático puede constituir una violación del derecho internacional.

Cómo la campaña de Vanuatu llevó el tema ante la Corte

La iniciativa surgió de Vanuatu, un pequeño Estado insular del Pacífico extremadamente vulnerable al aumento del nivel del mar y a fenómenos meteorológicos extremos.

Durante años, el país lideró un esfuerzo diplomático internacional para que la comunidad global pidiera a la Corte Internacional de Justicia que aclarara las responsabilidades legales de los Estados frente al cambio climático.

Ese esfuerzo dio resultado en 2023, cuando la Asamblea General aprobó una resolución solicitando formalmente la opinión consultiva de la CIJ sobre el tema.

Tras la publicación del dictamen en julio de 2025, Vanuatu y sus aliados promovieron una nueva resolución para que la Asamblea General respaldara oficialmente la interpretación del tribunal, lo que culminó en la votación de mayo de 2026.

Qué obligaciones establece la opinión de la Corte

La Corte Internacional de Justicia concluyó que los Estados tienen obligaciones bajo el derecho internacional para proteger el sistema climático y regular las actividades que generan emisiones de gases de efecto invernadero.

Entre las implicaciones más relevantes del dictamen:

• Prevenir daños climáticos: los países deben evitar que actividades bajo su jurisdicción causen daños significativos al clima o al medio ambiente de otros Estados.
• Regular las emisiones: los gobiernos tienen la responsabilidad de controlar actividades que producen grandes cantidades de gases de efecto invernadero.
• Consecuencias legales: si los Estados incumplen estas obligaciones, podrían enfrentar reparaciones u otras consecuencias legales bajo el derecho internacional.

Muchos expertos interpretan la opinión como un respaldo jurídico a metas climáticas ya existentes, como el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a alrededor de 1,5 °C, lo que implica reducciones profundas de emisiones y una transición progresiva lejos de los combustibles fósiles.

Qué pide la resolución —aunque no sea vinculante

La resolución de la Asamblea General no obliga legalmente a los países, pero insta a los gobiernos a actuar de acuerdo con la interpretación de la Corte y con sus compromisos climáticos internacionales.

En términos prácticos, anima a los Estados a:

• Alinear sus políticas climáticas con sus obligaciones legales internacionales.
• Adoptar medidas más firmes para limitar el calentamiento global a 1,5 °C.
• Implementar políticas que reduzcan significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

Aunque carece de fuerza legal directa, el respaldo de la Asamblea General fortalece el marco político y jurídico para exigir mayor rendición de cuentas climática a nivel global.

Por qué algunos países votaron en contra

A pesar del apoyo mayoritario, ocho países votaron contra la resolución, entre ellos Estados Unidos, Rusia, Irán y Arabia Saudita.

Según informes diplomáticos, Washington y otros gobiernos intentaron retrasar o debilitar el texto antes de la votación.

Entre las preocupaciones de algunos grandes emisores estaba la posibilidad de que la opinión de la CIJ aumente la presión legal o abra la puerta a demandas internacionales por daños climáticos.

También existe inquietud de que el fortalecimiento del lenguaje jurídico sobre responsabilidades climáticas influya en futuros litigios internacionales o disputas diplomáticas sobre quién debe asumir los costos del cambio climático.

Por qué esta votación es importante

Aunque no crea obligaciones nuevas por sí misma, la votación envía una señal política clara: una gran mayoría de países respalda la interpretación de que proteger el clima es también una obligación jurídica internacional.

Para muchos países vulnerables al cambio climático —especialmente pequeños Estados insulares como Vanuatu— la resolución representa un paso importante hacia un sistema internacional donde la responsabilidad por el daño climático sea reconocida y, potencialmente, exigible.