EE. UU. sopesa nuevas sanciones contra Alexandre de Moraes y reabre el conflicto con Brasil

El papel de Moraes en el caso Bolsonaro

Moraes desempeñó un papel judicial central en los procesos vinculados a las acusaciones de que Bolsonaro y sus seguidores intentaron desconocer la derrota del expresidente en las elecciones presidenciales brasileñas de 2022. El caso terminó con la condena y el encarcelamiento de Bolsonaro, según la información citada en los reportes sobre las posibles nuevas sanciones.

El juez también encabezó una investigación sobre las denuncias de que Bolsonaro y sus aliados conspiraron para llevar a cabo un golpe de Estado después de las elecciones. Bolsonaro ha rechazado las acusaciones y ha criticado públicamente a Moraes.

Ese papel convirtió al magistrado en un objetivo político de los seguidores de Bolsonaro y en el principal foco de presión estadounidense. Para las autoridades brasileñas, en cambio, los procesos corresponden al sistema judicial del país.

Qué sanciones impuso anteriormente la Administración Trump

El 30 de julio de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense —conocida como OFAC, por sus siglas en inglés— incluyó a Moraes en su lista de sancionados bajo la Orden Ejecutiva 13818, que aplica el marco de sanciones de derechos humanos de la Ley Global Magnitsky. El Tesoro lo acusó de utilizar su cargo para autorizar detenciones preventivas arbitrarias y suprimir la libertad de expresión.

En términos prácticos, una designación de este tipo puede bloquear los bienes y los intereses sobre bienes que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense. Además, por regla general, prohíbe a las personas y empresas estadounidenses realizar transacciones con el sancionado. Por tanto, no se trata únicamente de una condena política: también puede generar consecuencias financieras y obligaciones de cumplimiento para bancos y compañías sujetas a la legislación de Estados Unidos.

El 22 de septiembre de 2025, Washington amplió las medidas a Viviane Barci de Moraes, esposa del juez, y al Lex Instituto de Estudos Jurídicos, una sociedad vinculada a la familia. El Departamento de Estado describió a ambos como parte de la red de apoyo de Moraes, mientras que el Tesoro identificó a Viviane como directora del instituto.

Por qué las medidas fueron controvertidas

Funcionarios brasileños condenaron las sanciones y las calificaron de injerencia inaceptable en el sistema judicial del país. El centro de la controversia fue el uso de una herramienta estadounidense de sanciones por derechos humanos para presionar a un juez en relación con decisiones adoptadas dentro del sistema legal y político brasileño.

Washington defendió una justificación distinta: afirmó que las medidas respondían a presuntos abusos del poder judicial, detenciones arbitrarias y restricciones a la libertad de expresión. Las dos interpretaciones hicieron difícil separar las sanciones del caso Bolsonaro y del conflicto político más amplio entre la Administración Trump y los aliados del expresidente.

La disputa coincidió además con presiones comerciales. Analistas señalaron que las medidas contra Bolsonaro, combinadas con las sanciones a Moraes, redujeron casi por completo el margen de negociación sobre los aranceles estadounidenses a productos brasileños.

Cuándo se levantaron las sanciones

El 12 de diciembre de 2025, la OFAC retiró a Moraes, a Viviane Barci de Moraes y al Instituto Lex de su lista de sanciones. El aviso oficial registra las eliminaciones, pero no ofrece una explicación sustantiva sobre las razones de la decisión.

Informaciones publicadas en ese momento relacionaron el levantamiento con una reducción de los aranceles estadounidenses y con una distensión diplomática más amplia. Aun así, la evidencia oficial disponible no establece un único motivo definitivo para la reversión.

La diferencia es importante: las sanciones fueron levantadas formalmente, pero eso no significa que se resolvieran las discrepancias de fondo sobre la justicia brasileña, la libertad de expresión o los procesos contra Bolsonaro.

Qué podría implicar una nueva ronda de sanciones

Si Estados Unidos volviera a sancionar a Moraes, el paso supondría una nueva escalada, no un trámite jurídico rutinario. Dependiendo del alcance de la medida, podrían reactivarse el bloqueo de activos y las restricciones a las operaciones con el juez o con otras personas y entidades designadas.

La posición brasileña expresada durante la disputa anterior fue que las sanciones estadounidenses constituían una interferencia en sus asuntos judiciales. Una nueva designación probablemente profundizaría el conflicto sobre la soberanía, aunque la respuesta concreta de Brasil todavía no ha sido confirmada.

Las consecuencias económicas podrían ir más allá de Moraes. La reimposición de sanciones puede elevar los costos de cumplimiento para bancos y empresas, aumentar la incertidumbre en las operaciones transfronterizas y dificultar aún más la separación entre las negociaciones comerciales y las represalias políticas. Con los desacuerdos arancelarios ya afectando la relación, otro episodio de sanciones reduciría el espacio para el diálogo diplomático y comercial.

Por ahora, el dato central es más limitado de lo que sugieren algunas declaraciones políticas: el Financial Times informó que se discutieron nuevas sanciones, no que hubieran sido aprobadas. La decisión de Washington y la respuesta de Brasilia determinarán si el episodio queda en una nueva medida de presión de corta duración o se convierte en otra etapa del deterioro de la relación entre Estados Unidos y Brasil.