BRICS califica de «proteccionista» el CBAM de la UE: qué implica el impuesto al carbono en 2026

La disputa entre BRICS y la Unión Europea por el precio del carbono ya no es solo diplomática. Desde el 1 de enero de 2026, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono —conocido como CBAM, por sus siglas en inglés— ha entrado en su régimen definitivo y convierte las emisiones incorporadas en determinados productos importados en un coste comercial real.

En una reunión celebrada en Nueva Delhi, los ministros de Medio Ambiente de BRICS describieron las medidas de este tipo como «unilaterales, punitivas, discriminatorias y proteccionistas». El bloque sostiene que una política climática diseñada por la UE puede trasladar a los productores de países en desarrollo el coste de descarbonizar la industria, mientras los ingresos permanecen vinculados al presupuesto europeo.

Qué declaró BRICS sobre el CBAM

La posición de los ministros no equivale a rechazar la acción climática en general. El cuestionamiento se centra en quién fija las reglas, quién paga la transición industrial y dónde deben invertirse los fondos recaudados.

Los países de BRICS argumentan que no deberían imponerse medidas fronterizas de carbono de forma unilateral bajo el pretexto de la protección ambiental si estas crean nuevas barreras comerciales. Su crítica se vincula al principio de «responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas»: la idea de que los países tienen distintas responsabilidades históricas y capacidades económicas para afrontar el cambio climático. Brasil y Sudáfrica ya habían planteado esta preocupación de equidad en debates sobre el CBAM.

Desde esa perspectiva, los exportadores de economías en desarrollo necesitan financiación y tecnología para reducir sus emisiones, no un gravamen fronterizo que pueda debilitar su competitividad.

Cómo funciona el CBAM desde 2026

Durante el periodo transitorio, entre el 1 de octubre de 2023 y el 31 de diciembre de 2025, los importadores solo debían comunicar las emisiones incorporadas en sus productos, sin comprar ni entregar certificados. El régimen definitivo comenzó el 1 de enero de 2026.

El alcance inicial incluye:

• cemento;
• hierro y acero;
• aluminio;
• fertilizantes;
• electricidad; y
• hidrógeno,

además de determinados precursores y productos derivados.

Los importadores que introduzcan en la UE más de 50 toneladas de mercancías cubiertas por el CBAM deben solicitar la condición de declarante autorizado. Después, adquieren certificados vinculados a las emisiones incorporadas en los bienes importados. El objetivo es reflejar el coste del carbono que afrontaría una producción comparable dentro de la UE, permitiendo descontar un precio del carbono elegible que ya se haya pagado en el país de origen.

La Comisión Europea publicó un precio de 75,36 euros por tonelada de CO₂ para el primer trimestre de 2026 y de 75,28 euros para el segundo trimestre. Estas cifras no determinan por sí solas la obligación final del importador: el importe depende también de las emisiones verificadas, los valores de referencia del producto, el factor de aplicación correspondiente y cualquier precio del carbono abonado en el extranjero.

Por qué acero y aluminio están especialmente expuestos

El acero y el aluminio figuran directamente entre los productos cubiertos y requieren procesos con una elevada intensidad de emisiones. Sus exportadores afrontan dos problemas simultáneos: el posible coste de los certificados y la carga administrativa de medir, verificar y documentar las emisiones incorporadas.

Cuando no existe información fiable, los importadores pueden tener que utilizar valores predeterminados de la UE. Eso aumenta la incertidumbre para fabricantes, exportadores y operadores comerciales.

El impacto es especialmente relevante para grandes exportadores como India, China y Sudáfrica. Una evaluación citada en el material disponible estima que el CBAM podría afectar cada año a unos 16.000 millones de dólares en exportaciones de países en desarrollo, aunque esa cifra no constituye una estimación específica para esas tres economías.

La exposición financiera también aumentará con el tiempo, a medida que desaparezcan las asignaciones gratuitas de derechos del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (ETS). El Banco Mundial sitúa el factor de asignación gratuita restante en el 97,5 % en 2026, el 95 % en 2027, el 90 % en 2028, el 77,5 % en 2029 y el 51,5 % en 2030. En la práctica, la proporción del coste del carbono reflejada por el CBAM crece a medida que los productores europeos reciben menos protección gratuita frente al precio del ETS.

Cuánto podría recaudar la UE en 2030

No existe una cifra única y fiable para la recaudación de 2030. Las estimaciones cambian según las hipótesis sobre el precio del carbono, el volumen de importaciones, la intensidad de emisiones, la retirada de las asignaciones gratuitas y una posible ampliación del mecanismo más allá de los productos cubiertos inicialmente.

Entre las previsiones disponibles figuran unos 1.500 millones de euros anuales a partir de 2028, aproximadamente 2.100 millones anuales en otra evaluación y un intervalo de entre 5.000 y 9.000 millones de euros para 2030 bajo el alcance actual. Una estimación anterior vinculada a la Comisión Europea, citada por el Center for Global Development, calculaba hasta 9.100 millones de euros en 2030 bajo una formulación más amplia.

La amplitud del rango es importante: muestra por qué una cifra exacta en un titular puede resultar engañosa mientras el CBAM sigue desplegándose y su cobertura futura continúa siendo relevante para las previsiones.

Por qué BRICS cuestiona el destino de los ingresos

La objeción de BRICS no se limita al coste adicional que podrían afrontar los exportadores. También se refiere al destino de la recaudación. Documentos del Parlamento Europeo señalan que los ingresos del CBAM están destinados al presupuesto de la UE, mientras que otros análisis los relacionan con prioridades climáticas y presupuestarias comunitarias.

Los países de BRICS sostienen que el dinero cobrado a los exportadores de economías en desarrollo debería financiar la reducción de emisiones, la modernización industrial y la adaptación climática en los países afectados. La demanda coincide con el llamamiento más amplio de los ministros para aumentar la financiación climática destinada a los países en desarrollo.

Aquí aparece la tensión política central. La UE presenta el CBAM como una herramienta para evitar la «fuga de carbono» y equiparar el tratamiento de las importaciones con los costes internos del carbono. BRICS, en cambio, lo considera una medida comercial unilateral cuyo peso recae de forma desproporcionada sobre productores situados fuera de Europa.

¿Puede llegar el conflicto a la OMC?

Una condena diplomática no equivale a una disputa ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Un procedimiento formal normalmente comenzaría con una solicitud de consultas por parte de un miembro. Si las consultas fracasaran, el país reclamante podría solicitar la creación de un grupo especial.

Las cuestiones jurídicas incluirían si el mecanismo discrimina a los bienes importados o a los métodos de producción extranjeros, si concede un trato equivalente a los productos europeos y a los importados, y si la UE puede justificar la medida mediante las excepciones ambientales del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

La defensa de la UE probablemente se centraría en que el CBAM funciona como complemento del precio interno del carbono europeo. Además, el mecanismo permite reconocer un precio del carbono elegible que ya se haya pagado en el país de producción. Bruselas puede utilizar estos elementos para sostener que combate la fuga de carbono y no impone un arancel arbitrario. La controversia principal será determinar si esas características bastan para superar las objeciones sobre discriminación, obligaciones de información y trato a los productores extranjeros.

Las pruebas disponibles indican que Sudáfrica ha señalado su interés en presentar una reclamación y que India, China y Brasil han expresado preocupaciones jurídicas o de equidad. No demuestran, sin embargo, que China haya presentado una disputa específica contra el CBAM ante la OMC ni que exista una demanda coordinada de BRICS.

Qué puede ocurrir ahora

El conflicto podría intensificarse a medida que aumente la proporción de emisiones incorporadas sujeta a pago y los exportadores acumulen experiencia con el sistema de cumplimiento. Los acuerdos comerciales, las negociaciones y los contactos bilaterales entre la UE y los miembros de BRICS pueden ofrecer canales para consultas o ajustes técnicos, pero no impedirían automáticamente una impugnación ante la OMC.

La conclusión más sólida es, por tanto, más concreta que la idea de una inminente «guerra comercial del CBAM»: BRICS ha formado una coalición política firme contra el enfoque europeo, la presión económica aumentará a medida que el mecanismo se aplique plenamente y un litigio formal es posible. Pero una demanda conjunta de BRICS y una acción ya completada por China siguen sin estar verificadas en las pruebas disponibles.