Sin embargo, estableció una condición absolutamente imprescindible que debe cumplirse antes que todas las demás: la liberación completa de todos los presos políticos. González la enmarcó como el primer paso indispensable para cualquier normalización, declarando: “Hay algo que va antes de todo eso, que es la liberación de los presos políticos” .
Esta exigencia está directamente moldeada por la realidad posterior a Maduro. El gobierno interino de Delcy Rodríguez —quien asumió como presidenta encargada el 5 de enero de 2026, tras la captura de Maduro— ha hecho una demostración significativa de liberación de reclusos. A raíz de una ley de amnistía aprobada en febrero, al menos 621 presos políticos habían sido excarcelados para principios de marzo, incluyendo figuras opositoras de alto perfil, activistas y periodistas .
A pesar de estas liberaciones, la situación está lejos de resolverse. Amnistía Internacional reportó en abril de 2026 que al menos 485 personas permanecen detenidas arbitrariamente por motivos políticos, y muchas de sus solicitudes de amnistía han sido rechazadas . La crisis de la prisión política, según la definición de González, no ha terminado.
El llamado de González se produce en un país que todavía se tambalea por los extraordinarios acontecimientos de principios de 2026. El 3 de enero, fuerzas estadounidenses en la Operación Resolución Absoluta capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas, y los trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico .
El andamiaje legal que reemplazó a Maduro se construyó con rapidez. El Tribunal Supremo, afín al oficialismo, tramitó una sentencia urgente para designar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada por un período inicial de 90 días, y la Fuerza Armada, a través del ministro de Defensa Vladimir Padrino López, respaldó públicamente su liderazgo .
Rodríguez ha sobrepasado ya con creces ese mandato de 90 días sin que la Asamblea Nacional haya votado públicamente una prórroga, lo que deja su estatus legal en la incertidumbre y genera dudas sobre cuándo —o si acaso— se convocarán elecciones anticipadas . La administración Trump rompió con el tradicional respaldo a la oposición al levantarle las sanciones y reconocerla como única jefa de Estado de Venezuela, colaborando con ella en lo que describe como un plan de tres fases: “estabilización, recuperación y transición”
.
Los investigadores de derechos humanos de la ONU y Human Rights Watch han lanzado una advertencia contundente: el aparato represivo del Estado venezolano permanece prácticamente intacto. “Las estructuras que han sostenido la persecución durante años no han sido desmanteladas, ni se han anunciado políticas de Estado para iniciar ese proceso”, declaró en marzo de 2026 la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela .
La declaración de González no se produce en el vacío. Se alinea con una estrategia opositora más amplia que cristalizó en una cumbre de alto perfil celebrada en Panamá apenas unos días antes. La principal coalición opositora salió de aquel encuentro con el “Manifiesto de Panamá”, un renovado llamado a negociar con el gobierno interino de Rodríguez, la exigencia de elecciones presidenciales con garantías internacionales y una nueva muestra de unidad en torno a María Corina Machado, quien anunció su intención de buscar la presidencia y regresar del exilio antes de fin de año .
El camino de la oposición está ahora claramente trazado: una transición negociada hacia elecciones libres, respaldada por Washington, en lugar de una reivindicación unilateral de la victoria. Al ofrecer renunciar a su propio estatus como presidente en espera para desbloquear ese proceso, Edmundo González ha puesto la pelota firmemente en el tejado de Delcy Rodríguez, convirtiendo la liberación de los presos políticos que aún quedan en el país en la única puerta de entrada a una votación que podría decidir, finalmente, el futuro de Venezuela .
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