La patronal DIGITALEUROPE ya había dado una voz de alarma similar, abogando por reducir los plazos de aprobación de proyectos estratégicos a menos de siete meses y simplificar el marco normativo general para minimizar los costes de cumplimiento para las empresas de chips .
La contrapropuesta de Fouquet fue clara: un proceso ascendente, liderado por la industria, en el que las empresas propongan proyectos basándose en la demanda del mercado y no en directrices políticas. Elogió las iniciativas de la propia Comisión centradas en la demanda —en concreto, los nuevos "Aceleradores de Demanda", que conectan a los productores de chips con los compradores mediante acuerdos de compra— y el nombramiento de Jim Hagemann Snabe como Enviado Especial para la soberanía tecnológica .
Esta postura coincide con las demandas del sector, recogidas por SEMI Europa y una amplia coalición de empresas europeas de semiconductores, que han pedido un cambio "de un enfoque centrado en la oferta a una estrategia a largo plazo que responda a la demanda real del mercado" . Un informe conjunto de la industria de marzo de 2026 fue más allá, instando a la UE a proporcionar un marco para que "las industrias de uso final y los diseñadores y fabricantes de semiconductores impulsen los diseños de sistemas de forma bilateral o multilateral", en lugar de ser dirigidos desde Bruselas
.
El aviso de Fouquet el 5 de junio no es un hecho aislado. Es la continuación de un patrón consistente de críticas que ha lanzado contra los reguladores de la UE desde 2025:
En todas estas intervenciones, el argumento central de Fouquet es el mismo: el instinto europeo de regular primero —ya sea en IA, semiconductores o soberanía tecnológica— está erosionando su competitividad. Quiere que Bruselas sea un facilitador de la innovación liderada por la industria, no su director.
El paquete, propuesto por la Comisión el 3 de junio de 2026, busca reforzar la posición de la UE en semiconductores, IA, nube y código abierto mediante cuatro pilares principales :
La Ley de Chips 2.0 introduce varias disposiciones prácticas: plazos de aprobación para proyectos estratégicos limitados a 12 meses, "Grandes Desafíos" para tipos de chips críticos para la UE (como los procesadores de IA) y la primera fundición abierta de la UE para fabricación por debajo de 3 nm, con una producción piloto prevista para 2030–2033 .
| Sector | Inversión necesaria |
|---|---|
| Semiconductores (más allá de los compromisos actuales) | 120.000 millones de euros |
| Ampliación de la capacidad de centros de datos para 2036 | ~200.000 millones de euros (mayoritariamente privados) |
| Liderazgo en nube e IA (factorías, gigafactorías) | 100.000 millones de euros (mezcla público-privada) |
Estas cifras no son asignaciones del presupuesto de la UE. La mayor parte debe provenir de capital privado, con fondos públicos de Horizonte Europa, el futuro Fondo Europeo de Competitividad y programas nacionales actuando como catalizadores .
Próximos pasos: El paquete pasa ahora al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE para su negociación. Dado que la Ley de Chips 2.0 se estructura como un reglamento para derogar la ley de 2023, requiere la aprobación de los colegisladores . Los grupos industriales ya están presionando con fuerza: una coalición que representa a los 27 Estados miembros ya había presionado para ir más allá del objetivo original de una cuota de mercado del 20%, y DIGITALEUROPE ha pedido que se combinen fondos europeos, nacionales y privados para movilizar 200.000 millones de euros en inversiones en semiconductores de aquí a 2035
.
La advertencia pública de Fouquet garantiza que el debate sobre quién controla la selección de proyectos —la industria o Bruselas— será intenso a medida que avancen las negociaciones.
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