42 Estados investigan a OpenAI días después de su solicitud de salida a bolsa – y Florida presenta una demanda

El camino de OpenAI hacia una de las mayores salidas a bolsa en la historia de la tecnología ya es uno de los más conflictivos a nivel legal. En junio de 2026, una investigación de 42 estados y una histórica demanda de Florida aterrizaron con apenas dos semanas de diferencia —ambas apuntando a las afirmaciones de seguridad de la empresa, sus prácticas de datos y su gestión de los usuarios más jóvenes—, creando una tormenta regulatoria justo cuando la compañía inicia su periodo de silencio de cara a una posible Oferta Pública de Venta (OPV) de un billón de dólares .

La investigación de los 42 estados: qué busca la citación judicial

El 12 de junio de 2026, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, notificó a OpenAI una extensa citación judicial en nombre de una coalición bipartidista de 42 fiscales generales estatales, abriendo formalmente la acción legal coordinada a nivel estatal más amplia jamás emprendida contra una empresa de inteligencia artificial . La solicitud de documentos abarca cinco áreas principales :

• Afirmaciones en publicidad y marketing — cómo OpenAI promociona ChatGPT, incluyendo cualquier declaración sobre su seguridad e idoneidad para todos los usuarios.
• Técnicas de interacción y retención de usuarios — estrategias internas para mantener a los usuarios en la plataforma, incluyendo la posible “adulación del modelo”, por la cual la IA se ajusta para decir a los usuarios lo que quieren oír .
• Gestión de datos de consumo y salud — cómo la empresa recopila, almacena y utiliza información personal y sensible sobre la salud.
• Actividades con menores y personas mayores — medidas de seguridad, o la falta de ellas, para niños y usuarios de edad avanzada.
• Modelos de aprendizaje profundo y políticas internas de seguridad — las especificaciones de diseño de los modelos de la empresa, sus evaluaciones de riesgos y protocolos de seguridad .

La investigación se produce mientras la Casa Blanca y el Congreso negocian un posible acuerdo federal de prelación en materia de IA, lo que convierte esta acción a nivel estatal en una prueba significativa de la autoridad de los estados para regular la inteligencia artificial antes de que exista un marco federal .

La histórica demanda civil de Florida

Menos de dos semanas antes, el 1 de junio de 2026, el Fiscal General de Florida, James Uthmeier, presentó una demanda civil de 83 páginas contra OpenAI y su CEO, Sam Altman, en un tribunal estatal de Florida: la primera demanda que un estado de EE. UU. presenta contra la empresa .

La demanda alega tres daños principales :

• Puesta en peligro de niños — la demanda afirma que ChatGPT ha proporcionado orientación sobre autolesiones, suicidio e información que ayudó a tiradores escolares y otros delincuentes, citando un tiroteo masivo en la Universidad Estatal de Florida .
• Marketing engañoso — se acusa a OpenAI de comercializar agresivamente ChatGPT como seguro para todos los usuarios mientras supuestamente sabía que presentaba graves riesgos, en particular para los menores .
• Prácticas comerciales desleales y engañosas — el estado afirma que la empresa recopiló datos de menores sin el debido consentimiento paterno y priorizó el crecimiento rápido sobre la seguridad infantil, violando la Ley de Prácticas Comerciales Desleales y Engañosas de Florida (conocida como FDUTPA, por sus siglas en inglés) .

La demanda reclama miles de millones de dólares en daños y perjuicios y cambios ordenados por el tribunal en la forma en que se comercializa y despliega ChatGPT . El Fiscal General Uthmeier declaró que su oficina también había abierto una investigación penal en abril por el papel que jugó el chatbot en el tiroteo de la Universidad Estatal de Florida .

La respuesta pública de OpenAI y el calendario de la OPV

Ambas acciones se desarrollaron en el contexto del discreto pero histórico movimiento de OpenAI hacia los mercados públicos. La empresa presentó confidencialmente una declaración de registro para una oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) ante la SEC (la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.) el 8 de junio de 2026, exactamente una semana después de la demanda de Florida y cuatro días antes de que se hiciera pública la citación de los 42 estados . Los analistas proyectan que la cotización podría valorar a OpenAI en más de un billón de dólares, convirtiéndola en una de las mayores OPV tecnológicas en la historia de Estados Unidos .

Las respuestas públicas de OpenAI a las dos acciones estatales han sido consistentes, aunque notablemente limitadas en detalle:

• A la investigación de los 42 estados, un portavoz declaró a CNBC que la empresa planea “colaborar de forma constructiva” con los fiscales generales y que se toma sus preocupaciones “en serio” . En una declaración más amplia recogida por varios medios, la empresa señaló: “La IA es una tecnología nueva y poderosa, y trabajamos cada día para llevar sus beneficios a las personas de forma segura y responsable. Nos tomamos en serio las preocupaciones planteadas por los fiscales generales estatales y tenemos la intención de colaborar de manera constructiva” .
• A la demanda de Florida, OpenAI no ha emitido una defensa sustancial detallada en sus declaraciones públicas, limitándose a reiterar su compromiso general con la seguridad y el compromiso regulatorio constructivo .

El momento es especialmente delicado. Para una empresa en su periodo de silencio previo a una OPV, la ofensiva legal obliga a OpenAI a sortear un riesgo regulatorio y de litigio significativo en el instante más sensible posible de su transición de startup privada a empresa que cotiza en bolsa. Esto incluye la obligación de revelar en su futuro prospecto de salida a bolsa (el documento S-1) las investigaciones activas y las demandas materiales en curso .

Lo que viene a continuación

La investigación de los 42 estados no tiene una fecha de finalización fija, y la citación judicial supone solo el inicio formal de lo que podría ser un prolongado proceso de revisión de documentos y negociación. La demanda de Florida seguirá su curso en los tribunales estatales, donde el estado reclama tanto daños monetarios como medidas cautelares que podrían forzar cambios en el propio producto. En conjunto, ambas acciones envían una señal clara: la regulación de la IA a nivel estatal —a través de las leyes de protección al consumidor, responsabilidad por productos y seguridad pública— está llegando más rápido que cualquier marco federal, con OpenAI como su primer gran banco de pruebas.