Un punto crucial es que la licencia es limitada. Prohíbe explícitamente el uso de la criptomoneda venezolana "petro" en cualquier acuerdo de reestructuración . Y no autoriza ni las negociaciones directas con los acreedores, ni la liquidación o transferencia de la deuda existente, ni la emisión de nueva deuda
. Esto significa que la fase actual es puramente preparatoria: diseñar opciones y propuestas sin ningún compromiso vinculante con los tenedores de bonos
.
Venezuela se movió rápido para contratar a asesores de primer nivel y navegar este laberinto legal y financiero:
Asesor Financiero: Centerview Partners. El banco de inversión boutique estadounidense fue designado para liderar la estrategia financiera de la reestructuración . El mandato lo lidera Matthieu Pigasse, jefe de la oficina de París de Centerview y ex responsable global de fusiones y adquisiciones en Lazard. Pigasse es un veterano en reestructuraciones soberanas complejas, ya que asesoró en la histórica operación de deuda de Grecia de 2012, por un valor de 206,000 millones de euros
. El proceso de selección para este codiciado puesto ha sido objeto de escrutinio. Reuters reportó que se adjudicó sin una licitación pública formal, lo que generó dudas entre algunos inversores sobre la transparencia y el compromiso de "buena fe" del gobierno
.
Asesor Legal: Hogan Lovells US LLP. La contratación de Hogan Lovells por parte de Venezuela se dio a conocer el 2 de junio de 2026, en una declaración reglamentaria bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos . Según fuentes cercanas al asunto, el exsenador estadounidense Norm Coleman está entre las figuras de alto nivel que forman parte del equipo legal
. La firma se encargará del intrincado marco legal de una reestructuración que abarca múltiples jurisdicciones y tipos de acreedores.
La reestructuración está diseñada para ser integral, cubriendo toda la deuda pública externa con acreedores privados . El alcance va mucho más allá de los bonos simples, incluyendo una enmarañada red de obligaciones
:
Analistas privados estiman que aproximadamente $60,000 millones de esto está en bonos soberanos y de PDVSA en default, mientras que los pasivos restantes provienen de intereses acumulados, préstamos y reclamaciones judiciales, lo que eleva el total al rango de los $150,000–$170,000 millones .
El gobierno ha fundamentado su enfoque en cuatro principios declarados públicamente, anunciados formalmente a través de un comunicado de Business Wire el 13 de mayo de 2026, los cuales considera esenciales para un resultado creíble :
El próximo hito inmediato es la promesa del gobierno de presentar un marco macroeconómico y un análisis de sostenibilidad de deuda (DSA) en junio de 2026 . Este documento es el eje de todo el proceso. Traducirá las proyecciones del gobierno sobre la producción petrolera, los ingresos fiscales y el crecimiento económico en una evaluación concreta de cuánta deuda puede sostener el país de manera realista
. Este análisis fijará efectivamente el valor de recuperación para los acreedores, determinando la magnitud de la reducción de deuda necesaria, o "quita" (haircut). Sin este marco creíble, el gobierno no puede presentar una propuesta de reestructuración específica.
Los análisis económicos de instituciones como la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard subrayan la enorme escala de alivio requerida, sugiriendo que restaurar la sostenibilidad probablemente necesitará quitas sobre el valor nominal superiores al 70% y quitas sobre el valor de mercado por encima del 85% . Generar proyecciones económicas creíbles será extremadamente difícil, y la falta de una línea de base consensuada sigue siendo un gran escollo
. El camino por delante es largo y el trabajo de asesoría es solo el comienzo.
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