Los fondos soberanos de los países del CCG gestionan activos por un valor estimado de unos 4,8 billones de dólares , . No se trata de dinero disponible en una cuenta corriente, sino de inversiones en acciones, inmuebles, infraestructuras y empresas privadas. Aun así, su enorme escala ofrece una base de capital que la mayoría de los gobiernos no puede igualar.
Durante décadas, los Estados del Golfo han utilizado los ingresos de los hidrocarburos para beneficiar a sus ciudadanos mediante empleos públicos, subsidios, servicios gratuitos o de bajo coste y ausencia de impuesto sobre la renta. Algunos analistas describen este modelo como un dividendo de capital de facto, aunque no adopte la forma de un pago mensual universal .
La tesis a favor de un dividendo de la IA consiste en reutilizar esa maquinaria de distribución: en lugar de repartir únicamente ingresos derivados del petróleo y el gas, el Estado podría canalizar hacia los ciudadanos los rendimientos de sus inversiones tecnológicas , .
El Golfo no solo está financiando empresas privadas de inteligencia artificial. En varios casos, los gobiernos y sus fondos de inversión son propietarios directos o accionistas estratégicos de compañías, centros de datos y fondos especializados.
Aquí se encuentra la diferencia clave frente a una propuesta como el fondo público de riqueza tecnológica planteado por Sam Altman en Estados Unidos. En el modelo estadounidense, el Estado tendría que gravar o adquirir una participación en empresas privadas para distribuir sus beneficios. Los países del Golfo, en cambio, ya poseen una parte de los activos que esperan capturar.
Un informe atribuido a Thorsten Meyer AI presenta a los Estados del Golfo como “el ejemplo más claro de una respuesta de propiedad pública del capital ante el riesgo laboral de la IA” , . La idea es que la propiedad del capital —y no solo la fiscalidad— podría convertirse en el mecanismo para compensar a los ciudadanos por la automatización.
La región cuenta además con una experiencia prolongada de distribución de riqueza entre nacionales. El empleo público, las subvenciones, los servicios subsidiados y otros beneficios han formado parte del contrato social de muchos países del Golfo.
Por eso, una renta garantizada no partiría completamente de cero: transformaría un sistema de beneficios discrecionales y vinculados a la ciudadanía en una transferencia de ingresos más automática. Un informe de PwC publicado en enero de 2025 identifica los “suplementos permanentes de ingresos para las personas con menores salarios” como una de las cinco herramientas que los gobiernos del CCG podrían utilizar para rediseñar sus contratos sociales .
La riqueza existe, pero convertirla en un pago periódico y sostenible plantea dificultades considerables.
Los 4,8 billones de dólares no representan una reserva líquida que pueda repartirse sin más. Gran parte está invertida a largo plazo, y una proporción de las inversiones tecnológicas se encuentra en empresas privadas o activos difíciles de vender.
Además, muchos proyectos de IA están valorados con expectativas muy elevadas. Si esas valoraciones se corrigen, si los centros de datos tardan en generar beneficios o si la productividad no crece al ritmo previsto, los rendimientos disponibles para financiar una renta podrían ser mucho menores de lo esperado.
Una renta garantizada exige ingresos recurrentes y relativamente previsibles. No basta con que una participación tecnológica aumente de valor sobre el papel. Asma Derja, de la Ethical AI Alliance, ha señalado que mecanismos como los rendimientos de los fondos soberanos y los impuestos sobre la capacidad de computación de la IA “no se financian por sí solos” y afrontan dificultades estructurales .
En varios Estados del CCG, los trabajadores expatriados representan entre el 80 % y el 90 % de la fuerza laboral del sector privado. Pagar una renta básica a todos los residentes tendría un coste fiscal muy superior al de un programa limitado a los ciudadanos.
Por eso, el modelo más probable sería una renta garantizada para nacionales, no una renta básica universal en el sentido estricto del término. Continuaría así el pacto rentista existente: el Estado distribuye parte de la riqueza entre sus ciudadanos, mientras que una gran parte de la mano de obra extranjera queda fuera del sistema.
Los analistas consideran que la exclusión de expatriados y los límites políticos siguen sin resolverse en cualquier modelo de este tipo . La fórmula podría ser viable desde el punto de vista presupuestario, pero también suscitaría preguntas sobre igualdad, derechos y la definición misma de “universal”.
Otra objeción es de calendario. Aunque la IA pueda desplazar puestos de trabajo en el futuro, los gobiernos del Golfo deben afrontar desde ahora la preparación de sus ciudadanos para un mercado laboral más automatizado.
Expertos de la London School of Economics han señalado que el éxito de cualquier programa parecido a una renta básica depende de una financiación sostenible, la inversión en educación y la atención a los aspectos sociales y psicológicos, no solo a los resultados económicos y laborales .
El informe de PwC también recomienda políticas activas de empleo como parte de una reforma más amplia del contrato social . En la práctica, eso podría significar priorizar la capacitación, la educación tecnológica y la movilidad laboral antes de comprometerse con pagos permanentes.
Los mismos rasgos que hacen posible el experimento —gobiernos centralizados, fondos soberanos de gran tamaño y una relación directa entre el Estado y el bienestar ciudadano— también pueden dificultar su transformación.
La distribución actual de beneficios cumple funciones económicas y políticas. La literatura académica ha descrito los fondos soberanos del Golfo como “herramientas de estabilidad del régimen”, más que como instrumentos de justicia distributiva .
Una renta automática, transparente y basada en derechos podría complementar las redes existentes, pero también podría sustituir parte del sistema de favores y beneficios discrecionales. Esa transición modificaría el equilibrio del pacto entre el Estado y sus ciudadanos.
La discusión sobre un dividendo de la IA en el Golfo forma parte de un debate mucho más amplio sobre el trabajo, el dinero y la distribución de la riqueza.
En una entrevista del 25 de julio de 2026 con Zanny Minton Beddoes, editora jefe de The Economist, Elon Musk predijo que “el dinero no importará en 2036” porque la IA y los robots producirán bienes y servicios en una abundancia sin precedentes , , .
Su argumento es que, si las máquinas generan más alimentos, viviendas, transporte y entretenimiento de los que cualquier persona puede consumir, el dinero perdería gran parte de su utilidad. Musk describió el resultado como una “renta universal alta” y pronosticó deflación, no inflación , .
El inversor tecnológico Vinod Khosla coincidió públicamente con la dirección general de la predicción, aunque Forbes informó de que su respuesta contenía una advertencia más pesimista de lo que sugería su aparente acuerdo .
El economista del MIT Daron Acemoglu es uno de los principales críticos académicos de las predicciones de abundancia al estilo de Musk. Las fuentes disponibles no contienen una declaración directa suya en 2026 que responda específicamente al calendario de 2036, pero su marco de análisis contradice la idea de que la abundancia tecnológica resolverá por sí sola la distribución.
Acemoglu sostiene que el impacto de la IA sobre los salarios y el empleo probablemente no será tan rápido ni tan generalizado como predice Musk. Incluso si la productividad aumenta con fuerza, quién recibe los beneficios dependerá de decisiones políticas: la fiscalidad, el poder de negociación de los trabajadores, la inversión pública y el diseño institucional.
También ha advertido sobre la “automatización mediocre” (so-so automation): sistemas que sustituyen a trabajadores sin crear nuevas tareas o empleos de igual valor. En ese escenario, la IA podría reducir la demanda laboral y ampliar la desigualdad en lugar de generar prosperidad compartida.
El argumento más sólido a favor de un dividendo ciudadano en el Golfo es estructural: los gobiernos de la región ya controlan enormes fondos de capital y tienen una participación directa en la infraestructura que podría generar los beneficios de la IA.
El argumento más sólido en contra es financiero y político: esos activos no producen necesariamente flujos de caja estables, las valoraciones pueden ser especulativas, y la distribución probablemente se limitaría a los ciudadanos mientras millones de trabajadores expatriados quedarían fuera.
Un artículo de opinión publicado en The National en 2024 defendió que los países del Golfo podrían ayudar a cubrir el déficit de conocimiento sobre la renta básica estudiando sus propias décadas de experimentos de distribución de riqueza . Pero todavía no hay pruebas suficientes de que ningún gobierno del CCG esté diseñando o probando un programa de renta garantizada ligado a activos de IA.
Los países del Golfo sí tienen una vía teórica que muchas economías occidentales no poseen: pueden intentar convertirse en propietarios directos de una parte del capital de la IA y distribuir sus rendimientos entre sus ciudadanos.
Eso no significa que una renta garantizada esté cerca. Antes tendrían que resolverse la volatilidad de las inversiones, la liquidez de los fondos, la sostenibilidad de los pagos, la exclusión de los expatriados y la necesidad de formar a los trabajadores para la transición tecnológica.
Por ahora, el “dividendo de la IA” en el Golfo es una posibilidad analítica, no una política anunciada. La pregunta decisiva no será solo cuánto valor genere la inteligencia artificial, sino quién será propietario de ese valor y bajo qué reglas se repartirá.