Las denuncias se basan en un trabajo de recopilación de pruebas realizado por organizaciones de consumidores en 13 países europeos. Durante el estudio se identificaron 893 anuncios sospechosos de promover estafas financieras en distintas plataformas.
Aspectos clave de la investigación:
Para las asociaciones de consumidores, esta baja tasa de retirada sugiere que los sistemas de moderación y control publicitario no están respondiendo adecuadamente cuando se detectan posibles fraudes.
Según informaciones públicas citadas en las denuncias, Google eliminó aproximadamente el 60% de los anuncios que le fueron reportados directamente una vez tuvo conocimiento de ellos.
Sin embargo, las organizaciones de consumidores consideran que la respuesta global de las plataformas sigue siendo insuficiente. Argumentan que empresas de este tamaño deberían detectar y bloquear anuncios fraudulentos de forma más proactiva, en lugar de depender principalmente de denuncias externas.
En el caso de Meta y TikTok, las respuestas públicas detalladas han sido limitadas en la cobertura mediática inicial sobre las quejas.
El conflicto se enmarca en la aplicación de la Digital Services Act (DSA), la normativa europea diseñada para responsabilizar a las grandes plataformas por los riesgos sistémicos y el contenido ilegal que circula en sus servicios.
Entre otras obligaciones, la DSA exige a las plataformas de gran tamaño:
La Comisión Europea ya supervisa de cerca estas prácticas. Por ejemplo, las plataformas reportaron más de 9.000 millones de decisiones de moderación de contenido en la primera mitad de 2025, la mayoría tomadas de forma proactiva según sus propias políticas.
Al haberse presentado las quejas tanto ante la Comisión Europea como ante reguladores nacionales, las autoridades pueden analizar la evidencia para determinar si las empresas incumplieron las obligaciones establecidas por la DSA.
Si concluyen que las plataformas no gestionaron adecuadamente los riesgos asociados a la publicidad fraudulenta, el caso podría derivar en investigaciones formales o acciones de cumplimiento regulatorio contra Google, Meta y TikTok.
En ese contexto, las denuncias de BEUC se perfilan como otra prueba importante de hasta qué punto la Unión Europea está dispuesta a aplicar con firmeza su nueva legislación digital frente a las grandes tecnológicas.
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