El proceso se estancó después de las elecciones de 2013, cuando llegó al poder un gobierno de centroderecha euroescéptico. La crisis de deuda de la eurozona también había reducido el atractivo de la adhesión, mientras que dentro de Islandia crecían las objeciones relacionadas con la soberanía y la protección de sectores considerados estratégicos.
Los asuntos políticamente más delicados quedaron pendientes. El capítulo agrícola nunca llegó a abrirse y el de pesca se detuvo antes de concluir el proceso de evaluación y comenzar las negociaciones sustantivas. En 2015, Islandia pidió a la UE que dejara de considerarla un país candidato.
En Islandia, la pesca no es un capítulo técnico más de una negociación internacional. Está relacionada con las exportaciones, el empleo en muchas comunidades y la idea de que el país debe conservar el control sobre sus recursos naturales. Estudios anteriores sobre la opinión pública islandesa situaron la protección de la pesca y la agricultura entre las principales preocupaciones, por delante incluso del temor a que Islandia tuviera poca capacidad de influencia en Bruselas.
El punto central es la Política Pesquera Común (PPC) de la UE. Sus críticos temen que la adhesión traslade las decisiones sobre cuotas, acceso a los caladeros y gestión de las poblaciones de peces a un marco europeo compartido, reduciendo el margen de Islandia para establecer sus propias reglas. La disputa por la caballa hizo especialmente visible el problema: los cambios en la distribución de esta especie provocaron desacuerdos entre países sobre el reparto de las capturas.
Los defensores de reabrir las conversaciones responden que Islandia no puede saber qué condiciones obtendría sin sentarse a negociar. Confían en que el país pueda conseguir un régimen adaptado a su sector pesquero, pero esas garantías no existen por el mero hecho de retomar las conversaciones.
El Gobierno islandés ya ha marcado su línea roja. La ministra de Exteriores, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ha afirmado que Islandia exigiría «control soberano sobre todas las pesquerías» en cualquier acuerdo de adhesión. La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, ha contestado que durante las negociaciones podrían encontrarse «soluciones creativas», aunque sin comprometerse de antemano a aceptar la demanda islandesa.
La discusión ya no se plantea solo en términos económicos. La guerra de Rusia contra Ucrania, la competencia creciente en el Ártico y el Atlántico Norte y las dudas sobre la futura fiabilidad de Estados Unidos han cambiado el contexto político.
La presión y la retórica estadounidenses sobre Groenlandia han hecho visible ese giro. El territorio, que forma parte del espacio estratégico del Atlántico Norte junto con Islandia y el Reino Unido, ha llevado a muchos islandeses a debatir con mayor intensidad la vulnerabilidad de su entorno de seguridad.
Islandia ya es miembro de la OTAN. Para sus detractores, la Alianza Atlántica —y no la UE— es la garantía militar relevante. Los partidarios de una mayor integración europea replican que la pertenencia a la UE podría sumar peso político y económico a la OTAN, no sustituirla.
Aun así, la geopolítica no ha desplazado las preocupaciones cotidianas. Los reportajes sobre la campaña apuntan a que los precios, la estabilidad de la moneda, la pesca y la soberanía siguen siendo asuntos más inmediatos para muchos votantes que la rivalidad estratégica en el Ártico.
La elección islandesa no enfrenta a Europa con el aislamiento. Desde 1994, Islandia participa en el Espacio Económico Europeo (EEE), el acuerdo que la integra en gran parte del mercado único junto con Noruega y Liechtenstein. También forma parte del espacio Schengen, que permite viajar sin controles fronterizos internos entre los países participantes.
Sin embargo, el EEE no equivale a ser miembro de la UE. Islandia permanece fuera de la Política Agrícola Común y de la Política Pesquera Común, así como de la unión aduanera y de la política comercial común. Tampoco elige eurodiputados ni nombra a un comisario europeo, por lo que no tiene un voto formal en la elaboración de las leyes de la UE que en muchos casos aplica a través del EEE.
La adhesión plena supondría, por tanto, una combinación de mayor influencia y mayores obligaciones. Islandia obtendría representación en las instituciones europeas, pero tendría que abordar cuestiones como su contribución al presupuesto comunitario, la política comercial exterior común y la aplicación de las normas agrícolas y pesqueras de la UE.
Los defensores del «sí» suelen plantear tres ideas principales:
Desde esta perspectiva, el referéndum es un paso para recabar información y negociar, no un compromiso irreversible con la adhesión.
Los detractores sostienen que Islandia ya obtiene mediante el EEE el principal beneficio comercial que busca en Europa: el acceso al mercado único. A cambio de entrar en la UE, temen asumir costes políticos y económicos adicionales, entre ellos:
Para sus críticos, la promesa de un segundo referéndum no elimina el riesgo. Consideran que reabrir las negociaciones generaría una dinámica política favorable a la adhesión y pondría los intereses nacionales más sensibles sobre la mesa antes de que los votantes conozcan el resultado.
Los datos disponibles dibujan un panorama más complejo que una simple división entre partidarios y detractores de la UE. Un informe de 2026 del Parlamento Europeo señala que existe una mayoría favorable a celebrar un referéndum sobre el inicio de las negociaciones, mientras que las informaciones de campaña describen una opinión muy dividida sobre la reapertura del proceso.
Además, apoyar la exploración de las condiciones de adhesión no equivale necesariamente a querer entrar en la Unión. Un sondeo citado por el informe del Parlamento Europeo registró en abril de 2025 un 43 % a favor de la adhesión y un 39 % en contra, una diferencia que muestra lo competitivo del asunto y la importancia de la formulación de la pregunta y del momento en que se realiza la encuesta.
Por eso, el segundo referéndum sería políticamente determinante. Quienes voten «sí» el 29 de agosto aún podrían rechazar la adhesión si el acuerdo no protege suficientemente la pesca, la agricultura, los intereses económicos o la autonomía nacional. Quienes se oponen a reabrir las conversaciones creen, en cambio, que el primer voto es el momento de detener el proceso antes de que la negociación genere una presión creciente a favor de la entrada.
El Gobierno islandés presenta la consulta como un proceso democrático en dos fases: primero, decidir si se autoriza la negociación; después, someter cualquier acuerdo de adhesión al electorado.
Los partidarios de la reapertura insisten en que un voto afirmativo no obliga a Islandia a incorporarse a la UE. Los euroescépticos replican que volver a la mesa de negociación crearía impulso político y expondría los intereses más delicados del país a un proceso cuyo desenlace todavía se desconoce.
En Bruselas, Marta Kos ha hablado de posibles «soluciones creativas» para la pesca durante las negociaciones, pero sin prometer por adelantado que la UE aceptará el control soberano total que exige Islandia. La Unión observa el proceso con cautela y procura no dar la impresión de interferir, aunque un resultado favorable sería visto como una oportunidad de ampliación especialmente valiosa para el bloque.
La conclusión más clara es que Islandia no votará sobre un futuro europeo ya decidido. Votará sobre si vuelve a abrir la negociación, con la pesca —y, en particular, el control de sus caladeros y cuotas— como la prueba más difícil de cualquier eventual acuerdo.