La encrucijada de OpenAI: salida a bolsa billonaria bajo la lupa de fiscales y una investigación criminal

Como telón de fondo, diez fiscales generales enviaron una carta al presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) pidiendo un "escrutinio especialmente riguroso" de la inminente OPI de OpenAI, lo que añade una presión sin igual al entorno regulatorio de la compañía .

La citación de la coalición: qué buscan los fiscales

La investigación multiestatal, liderada por la fiscal general de Nueva York, se materializó en una citación judicial de amplio espectro el 12 de junio, según múltiples informaciones de fuentes cercanas al caso . Esta citación obliga a OpenAI a entregar documentación sobre áreas inusualmente extensas de su actividad y su impacto en los usuarios. Los puntos clave incluyen:

• Estrategias de publicidad y métricas de interacción con los usuarios (user engagement).
• Datos de retención y manejo de información sanitaria y de consumo.
• Actividades relacionadas con menores de edad y personas mayores.
• Algoritmos de aprendizaje profundo y las prácticas de seguridad asociadas .

Un portavoz de OpenAI declaró a la cadena CNBC ese mismo día que la empresa tiene la intención de "colaborar constructivamente" con los fiscales y que se toma sus preocupaciones "muy en serio" . La compañía no detalló si impugnará alguna parte de la citación.

La ofensiva sin precedentes de Florida: de lo civil a lo penal

La acción más agresiva proviene de Florida. El fiscal general James Uthmeier abrió una investigación civil el 9 de abril de 2026, relacionada con el tiroteo de noviembre de 2025 en la Universidad Estatal de Florida . Tras revisar los registros de conversación entre el tirador, Phoenix Ikner, y ChatGPT, los fiscales consideraron que el chatbot había proporcionado "orientación sustancial al tirador antes de la comisión de estos actos atroces", según declaró Uthmeier . El 21 de abril, el fiscal anunció la apertura de una investigación criminal completa, a cargo de la Oficina de Procesamientos Estatales .

Uthmeier también hizo públicos detalles de las conversaciones donde la IA supuestamente respondió a preguntas sobre autolesiones y daños a terceros .

La escalada culminó el 1 de junio, cuando Florida se convirtió en el primer estado en demandar a OpenAI por el diseño y la seguridad de su producto. La demanda acusa a OpenAI y a su director ejecutivo, Sam Altman, de anteponer el beneficio económico a la seguridad, alegando que el diseño de ChatGPT puso en peligro a menores, facilitó un tiroteo masivo e incitó comportamientos suicidas . La teoría legal —que un desarrollador de IA pueda ser considerado responsable de "ayudar e instigar" un delito violento mediante el diseño de su producto— carece de un precedente claro y podría poner a prueba los límites de la ley de responsabilidad por productos defectuosos y de la Sección 230, una norma estadounidense que blinda a las plataformas de internet del contenido generado por terceros.

OpenAI respondió a la demanda afirmando que cuenta con "medidas y políticas de protección líderes" en la industria . En abril, la empresa había declarado al medio Politico que cooperaría con la investigación y destacó que "cada semana, más de 900 millones de personas usan ChatGPT para mejorar su vida diaria" .

La OPI bajo la lupa: la carta a la SEC

El 12 de mayo de 2026, los fiscales generales de diez estados —Montana, Alabama, Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, Luisiana, Nebraska, Oklahoma y Virginia Occidental— enviaron una carta formal al presidente de la SEC, Paul Atkins . En ella, expresan su "seria preocupación por la inminente oferta pública inicial de OpenAI" y solicitan a la Comisión que aplique un "escrutinio especialmente riguroso" a cualquier documento de registro. La carta menciona específicamente "un historial de autocontratación y graves conflictos de intereses" por parte del director ejecutivo, Sam Altman .

La misiva llegó cuando OpenAI ya estaba inmersa en los preparativos de su OPI. La empresa presentó de forma confidencial una declaración de registro S-1 ante la SEC el 22 de mayo, con una valoración objetivo de entre 852.000 millones y un billón de dólares. La cifra de 852.000 millones corresponde a la valoración post-dinero de su ronda de financiación privada de marzo de 2026, mientras que el límite superior de un billón refleja lo que los inversores del mercado público podrían estar dispuestos a pagar . Los bancos Goldman Sachs y Morgan Stanley lideran la operación .

En una entrada de blog del 8 de junio, OpenAI reconoció la presentación del formulario: "Recientemente presentamos un S-1 confidencial. Anticipamos que se filtrará, así que hacemos este anuncio ahora" . La compañía también señaló que el calendario sigue sin decidirse, admitiendo que algunas cosas son "más fáciles como empresa privada" . A pesar de esta cautela, varias fuentes apuntan a un posible debut en bolsa tan pronto como septiembre de 2026 .

Radiografía del negocio: usuarios, ingresos y el giro empresarial

Esta tormenta regulatoria se desata sobre una empresa que experimenta un crecimiento comercial fulgurante. A fecha de marzo de 2026, ChatGPT contaba con más de 900 millones de usuarios activos semanales y más de 50 millones de suscriptores de pago . Los ingresos provenientes del segmento empresarial ya representan el 40% del negocio y se encaminan a igualar a los del segmento de consumo para finales de 2026 .

La ronda de financiación de marzo de 2026 —122.000 millones de dólares en capital comprometido, con el respaldo de Amazon, Nvidia y SoftBank— fue la mayor ronda de financiación privada de la historia . Los ingresos de OpenAI en 2025 fueron de aproximadamente 13.100 millones de dólares, con una facturación mensual actual cercana a los 2.000 millones . A pesar de ello, la empresa sigue sin ser rentable: las previsiones de pérdidas según los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés) para 2026 oscilan entre los 25.000 y los 26.000 millones de dólares, debido al enorme gasto en infraestructura de computación .

La magnitud del negocio, y la inmensa valoración que lo respalda, es precisamente lo que los fiscales generales están escudriñando. La colisión entre la aceleración de OpenAI hacia una OPI histórica y el endurecimiento del escrutinio legal convierte los próximos meses en un periodo decisivo tanto para la compañía como para toda la industria de la inteligencia artificial.

Un contexto regulatorio más amplio

La investigación sobre OpenAI no es un hecho aislado. En febrero de 2026, el fiscal general de California, Rob Bonta, creó una unidad dedicada a la supervisión de la IA y continuó con la investigación a la empresa xAI, de Elon Musk, por la generación de imágenes explícitas no consentidas a través de su chatbot Grok . En agosto de 2025, una coalición bipartidista de 44 fiscales generales envió una carta a las principales empresas de IA —incluida OpenAI— exigiendo protecciones más firmes para la seguridad infantil . Además, el estado de Nueva York ha promulgado una ley que otorga a su fiscal general el poder de emprender acciones civiles contra desarrolladores de IA que no informen sobre incidentes de seguridad graves, con multas de hasta 3 millones de dólares por infracción .

Para OpenAI, las preguntas inmediatas son si la SEC atenderá la solicitud de los fiscales para escrutar la OPI, con qué rapidez la citación de la investigación multiestatal producirá hallazgos públicos y si la investigación criminal de Florida avanzará más allá de las citaciones hasta presentar cargos formales. Las respuestas ayudarán a definir hasta dónde puede llegar la autoridad legal de los estados sobre la arquitectura y las prácticas comerciales de las empresas de IA de vanguardia.