Antes de leer esta historia como si el Kremlin hubiera decidido, de un día para otro, rodear a Vladímir Putin de más guardaespaldas, conviene separar tres planos: lo que está documentado, cómo lo presenta Moscú y qué puntos siguen en disputa.

Lo más claro en las fuentes abiertas citadas no es una orden limitada a la seguridad personal del presidente ruso. El 24 de febrero de 2026, Putin pidió al Servicio Federal de Seguridad de Rusia, conocido por sus siglas FSB, reforzar la protección de funcionarios del Ministerio de Defensa, responsables de empresas del complejo militar-industrial y autoridades locales.^[3] El Kremlin encuadra esa decisión dentro de una amenaza más amplia: drones, misiles, sabotajes de infraestructuras y posibles asesinatos de cargos públicos.^[3]

Pero ese marco no convierte automáticamente cada acusación rusa en un hecho probado. La versión sobre un supuesto ataque con drones contra una residencia presidencial en la región de Nóvgorod, por ejemplo, fue negada por Ucrania y cuestionada desde Europa por falta de pruebas, según el reporte citado.^[9]

Qué se reforzó realmente

Según la información publicada, Putin pidió al FSB usar sus recursos humanos y técnicos, así como sus capacidades operativas y analíticas, para eliminar a tiempo posibles amenazas, proteger los intereses nacionales y asegurar la estabilidad de Rusia.^[3]

En términos prácticos, la instrucción mencionó a varios grupos concretos: funcionarios del Ministerio de Defensa, directivos o representantes del sector militar-industrial, autoridades regionales y locales, además de otros perfiles vinculados a áreas sociales y educativas.^[3]

Putin también planteó medidas adicionales bajo la coordinación del Comité Nacional Antiterrorista para reforzar la protección de infraestructuras energéticas y de transporte, espacios públicos y personal relacionado con Defensa, industria militar y gobiernos locales.^[3] Por eso, con la información disponible, esta ronda de seguridad parece menos un simple cambio en la escolta presidencial y más un paraguas de protección para el aparato estatal, militar e industrial ruso.^[3]

Las razones que da Moscú

1. Sabotajes y ataques contra funcionarios

En la reunión con el FSB, Putin afirmó que, al no poder causar a Rusia un golpe estratégico en el campo de batalla, el enemigo habría pasado a métodos de terrorismo individual y colectivo, incluidos bombardeos contra ciudades, sabotajes de infraestructuras y asesinatos de funcionarios civiles y militares.^[3]

También sostuvo que el año anterior aumentó el número de delitos terroristas dentro de Rusia y atribuyó la gran mayoría a los servicios especiales ucranianos y a sus supuestos patrocinadores extranjeros.^[3] Esa atribución debe leerse como una declaración oficial rusa: en los materiales citados no aparece una cadena completa de pruebas públicas que permita verificar de forma independiente cada caso señalado.^[3]

2. Drones, misiles e infraestructuras vulnerables

Putin dijo además que habían aumentado de forma significativa los ataques con misiles y drones contra infraestructuras rusas, instituciones sociales y administrativas, y viviendas.^[3] Esa es la explicación que ofrece Moscú para agrupar en una misma agenda de seguridad la protección de instalaciones energéticas, transporte, espacios públicos, zonas fronterizas y estructuras del Estado.^[3]

En otras palabras, el refuerzo no se presenta solo como una reacción a una amenaza contra Putin, sino como parte de una lectura rusa más amplia sobre los riesgos derivados del conflicto y de la llamada por Moscú «operación militar especial».^[3]

3. La acusación sobre una residencia presidencial

El punto más sensible es la versión rusa sobre un supuesto ataque contra una residencia de Putin. Según la información publicada por Xinhua, el Ministerio de Defensa ruso afirmó el 31 de diciembre de 2025 que 91 drones ucranianos habrían sido lanzados la noche del 28 de diciembre desde las regiones de Sumy y Chernígov contra una residencia presidencial en Nóvgorod, en el noroeste de Rusia.^[9]

Esa versión, sin embargo, no fue aceptada por todas las partes. El mismo reporte señala que Ucrania y actores europeos respondieron que la acusación rusa era falsa o carecía de pruebas; el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la calificó de pura fabricación.^[9]

Por eso, el supuesto ataque puede ayudar a entender por qué Moscú insiste en un relato de amenaza directa y terrorismo, pero no debe tratarse como un hecho confirmado de manera independiente con la información pública disponible.^[9]

No parece un giro de una noche a otra

El Kremlin ya había hablado antes de la seguridad de Putin. En julio de 2024, tras preguntas relacionadas con intentos de asesinato contra el primer ministro eslovaco Fico y el expresidente estadounidense Trump, el portavoz del Kremlin, Peskov, dijo que Rusia había tomado «todas las medidas necesarias» para garantizar la seguridad del presidente ruso.^[10]

Peskov añadió entonces que, ante el aumento general de las tensiones internacionales, debía asegurarse un nivel adecuado de protección para el jefe del Estado.^[10] Visto así, la reunión de febrero de 2026 no prueba por sí sola un cambio repentino de ánimo en el Kremlin; encaja mejor como una ampliación y formalización de un estado de alta seguridad que ya venía siendo presentado públicamente.^[3][10]

Lo que no se puede afirmar

Con los datos disponibles, no se puede concluir que el Kremlin haya presentado pruebas públicas e independientes de un plan inminente de asesinato contra Putin. Lo que sí está documentado es que Putin pidió ampliar la protección de funcionarios, representantes del sector militar-industrial, autoridades locales e infraestructuras, y que Moscú lo vinculó con drones, sabotajes, asesinatos de cargos y amenazas terroristas.^[3]

También está documentado que algunas acusaciones concretas, especialmente la del presunto ataque contra una residencia presidencial, han sido rechazadas o cuestionadas por Ucrania y por voces europeas.^[9]

La lectura más prudente

La interpretación más sólida es esta: Rusia está ampliando sus anillos de seguridad alrededor del poder político, militar, industrial y de infraestructuras críticas, mientras enmarca esos riesgos bajo el lenguaje del terrorismo y de la amenaza externa.^[3]

La medida política tiene respaldo en reportes públicos. Lo que no tiene el mismo grado de confirmación son todas las amenazas específicas que Moscú menciona, sobre todo aquellas que apuntan directamente a Putin o a una residencia presidencial.^[3][9]