La factura de deshacerse de Huawei y ZTE: ¿40.000 millones de euros o una fracción?

En julio de 2026, GSMA Intelligence —la rama de investigación de la GSMA, la asociación mundial de operadores móviles— publicó un informe que puso un precio contundente a las ambiciones europeas de eliminar los equipos de telecomunicaciones chinos. Encargado por siete grandes grupos de operadores europeos, entre ellos Deutsche Telekom, Vodafone y Orange, el estudio estimó que sustituir los equipos de los llamados 'proveedores de alto riesgo' (Huawei y ZTE) en las redes de telecomunicaciones de la UE costaría entre 30.000 y 40.000 millones de euros (34.000-46.000 millones de dólares) . La cifra encendió inmediatamente el debate, sobre todo porque triplicaba o cuadruplicaba las proyecciones de la propia Comisión Europea.

Cómo se comparan las cifras de la GSMA con las de Bruselas

La Comisión Europea había estimado el coste total en aproximadamente 10.000-13.000 millones de euros en un periodo de transición de tres años, o unos 3.400-4.300 millones anuales para los operadores móviles . La horquilla de la GSMA —de hasta 40.000 millones— representa una prima de 3 a 4 veces sobre las cifras máximas de la Comisión. Esa brecha está en el centro de un intenso debate político sobre si los costes de eliminar a Huawei y ZTE son asumibles o prohibitivos.

Desglose del coste por tipo de red

Según la información de Politico sobre las conclusiones de GSMA Intelligence, la estimación total se desglosa de la siguiente manera :

• Redes móviles (RAN/núcleo): 16.000-22.000 millones de euros
• Redes fijas: 5.000 millones de euros
• Redes de transporte: 9.000-12.000 millones de euros

Estas tres partidas suman el rango total de 30.000-40.000 millones de euros.

Costes adicionales por reducción de la competencia (2027-2030)

Más allá de los costes de sustitución directa, la GSMA proyecta 8.500 millones de euros adicionales en costes indirectos entre 2027 y 2030 debido a la reducción de la competencia entre proveedores. El razonamiento es que excluir a Huawei y ZTE reduciría el mercado de suministradores, lo que llevaría a precios más altos por parte de los proveedores restantes (principalmente Nokia y Ericsson) y a una menor presión competitiva sobre los precios de los equipos .

Por qué los críticos consideran que las cifras son demasiado elevadas

Varios analistas e investigadores independientes han cuestionado con dureza las cifras de la GSMA.

Hosuk Lee-Makiyama, director del Centro Europeo de Economía Política Internacional (ECIPE), declaró a Politico que las estimaciones de la GSMA son 'brutas, no incrementales', argumentando que el informe no deduce los costes de sustitución que se habrían producido de todos modos como parte de las actualizaciones normales de la red . El trabajo de ECIPE ha advertido de que las prohibiciones generalizadas de proveedores por motivos de seguridad imponen costes desproporcionados a los operadores europeos y corren el riesgo de ralentizar el despliegue del 5G sin obtener ganancias de seguridad equivalentes .

De forma aún más llamativa, la firma independiente de investigación del sector Strand Consult publicó un contraanálisis en el que estimaba el coste real de sustitución en solo 3.500 millones de dólares (aproximadamente 3.200 millones de euros en ese momento), es decir, aproximadamente 1/16 de la cifra de la GSMA . El análisis de Strand Consult, que se presentó a la ENISA (Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad), sostenía que la GSMA había exagerado enormemente tanto el volumen de equipos de Huawei y ZTE ya desplegados como la complejidad de su sustitución . Strand Consult señaló que, en los tres años anteriores (a 2019), los operadores europeos habían comprado equipos de red de acceso radioeléctrico (RAN) por valor de unos 8.750 millones de dólares, de los cuales el 40% procedía de Huawei y ZTE, lo que sugiere que la base sustituible era mucho menor de lo que implicaba la GSMA .

El núcleo de la disputa es metodológico: los estudios encargados por los operadores arrojan cifras elevadas que apoyan los argumentos a favor de una compensación de la UE o de una demora de las medidas, mientras que los analistas independientes y favorables a la competencia producen cifras mucho más reducidas que sugieren que la prohibición es asumible.

Dudas sobre la credibilidad de la GSMA

Varios factores han suscitado dudas sobre la credibilidad de las proyecciones de costes de la GSMA:

• Huawei es miembro de la GSMA: La GSMA es una asociación comercial mundial cuyo membership incluye a la propia Huawei, junto con los operadores europeos que encargaron el informe. Esto crea un conflicto de intereses inherente: la cifra principal del informe sirve a los intereses políticos tanto de Huawei (que se beneficia de unas cifras elevadas de 'coste de eliminación' que pueden disuadir de las prohibiciones) como de los operadores (que desean una mayor compensación de la UE) .

• El precedente de 2019: En junio de 2019, la GSMA proyectó que la prohibición de los proveedores chinos en el 5G europeo añadiría 55.000 millones de euros (62.000 millones de dólares) en costes y retrasaría su despliegue en 18 meses . Ese mismo año, Strand Consult publicó su contraanálisis en el que estimaba el coste real de sustitución en solo 3.500 millones de dólares, aproximadamente 1/16 de la cifra de la GSMA .

• Un patrón recurrente: Los críticos sostienen que la GSMA tiene un historial constante de producir estimaciones de costes muy elevadas que se alinean con los intereses de presión de sus miembros, mientras que los analistas independientes han producido repetidamente cifras mucho más bajas .

El contexto regulatorio más amplio de la UE

El debate sobre los costes se desarrolla en un contexto regulatorio que se endurece rápidamente.

Ley de Ciberseguridad revisada (propuesta en enero de 2026): La Comisión Europea presentó una revisión de la Ley de Ciberseguridad de la UE en enero de 2026, cuyo objetivo es permitir la exclusión obligatoria de los 'proveedores de terceros países de alto riesgo' de las redes de telecomunicaciones móviles y otras infraestructuras críticas . La ley está diseñada para pasar de recomendaciones no vinculantes a prohibiciones legalmente exigibles.

Cobertura en 18 sectores: Un estudio independiente de KPMG, encargado por la Cámara de Comercio China en la UE (CCCEU), estimó que la eliminación progresiva de los proveedores chinos en 18 sectores críticos de la UE entre 2026 y 2030 costaría 367.800 millones de euros, lo que ilustra la enorme escala del impulso regulatorio más amplio .

Recomendación de la Comisión de mayo de 2026: El 4 de mayo de 2026, la Comisión Europea recomendó formalmente a los Estados miembros que excluyeran los equipos de Huawei y ZTE de sus infraestructuras de conectividad, lo que supone una escalada significativa con respecto a las orientaciones voluntarias anteriores, encaminada a establecer normas vinculantes en el marco de la futura Ley de Ciberseguridad .

Dictamen del Abogado General del TJUE de marzo de 2026: En consonancia con la jurisprudencia anterior del TJUE, el razonamiento confirma en líneas generales que los Estados miembros pueden imponer prohibiciones a proveedores basadas en la seguridad nacional en virtud del Derecho de la UE, siempre que sean proporcionadas y no discriminatorias.

Compromiso de Alemania en 2024: Alemania acordó en 2024 eliminar los componentes de Huawei de sus redes 5G para finales de 2026, como parte de un acuerdo gradual entre el gobierno alemán y operadores como Deutsche Telekom.

Un amplio abanico de estimaciones

Partida	GSMA Intelligence (julio 2026)	Comisión Europea	Strand Consult (2019)
Coste directo total	30.000-40.000 M€	10.000-13.000 M€	~3.500 M$ (~3.200 M€)
Redes móviles	16.000-22.000 M€	N/D	N/D
Redes fijas	5.000 M€	N/D	N/D
Redes de transporte	9.000-12.000 M€	N/D	N/D
Costes indirectos (2027-2030)	8.500 M€	N/D	N/D

La cifra de 30.000-40.000 millones de euros debe entenderse como un punto en un amplio espectro de estimaciones creíbles, no como un coste objetivo. La disputa no es solo sobre las cifras, sino sobre la metodología y los intereses: los estudios encargados por los operadores arrojan cifras elevadas que apoyan los argumentos a favor de la financiación de la UE o de la demora de las medidas; los analistas independientes y favorables a la competencia producen cifras mucho más reducidas que sugieren que la prohibición es asumible. A medida que los responsables políticos de la UE avanzan hacia la exclusión legalmente vinculante de proveedores, el coste real solo se conocerá una vez que se complete la primera oleada de sustituciones.