Durante una visita de campo a la provincia de Bamyan en junio de 2026, la funcionaria de la ONU Cherevko informó de un mensaje recurrente de las mujeres afganas: "cuando las oportunidades para las mujeres son limitadas, todo el hogar sufre" . Las mujeres le dijeron que están profundamente preocupadas por sus hijas, que ya no pueden asistir a la escuela y que pueden no tener futuro. La ONU afirma que el país no puede recuperarse económica o socialmente sin revertir estas prohibiciones.
El 7 de septiembre de 2025, las fuerzas de seguridad talibanes impidieron físicamente que las empleadas afganas de la ONU ingresaran a las instalaciones de la ONU en Kabul, una prohibición que luego se extendió a las oficinas de campo en todo el país . La prohibición se había anunciado por primera vez en abril de 2023, pero no se aplicó de manera consistente hasta 2025 .
La ONU pidió de inmediato que se revirtieran las restricciones, advirtiendo que la ayuda humanitaria que salva vidas, incluida la asistencia para los sobrevivientes del terremoto, estaba en peligro . El representante de ACNUR, Arafat Jamal, declaró: "Simplemente no podemos operar sin mujeres" . En marzo de 2026, expertos de la ONU continuaron condenando la prohibición como "un ataque directo a los derechos de las mujeres" sin "justificación cultural, religiosa o administrativa" . La prohibición sigue vigente a mediados de 2026.
Una crisis paralela se desarrolla mientras millones de afganos regresan de países vecinos, lo que sobrecarga gravemente la vivienda y los servicios públicos. Entre mediados de septiembre de 2023 y el 30 de mayo de 2026, aproximadamente 6,04 millones de afganos regresaron de Irán y Pakistán . Solo en 2025, llegaron 2,9 millones de retornados, impulsados por el Plan de Repatriación de Extranjeros (IFRP) de Pakistán y acciones similares en Irán . En el primer trimestre de 2026, otros 600.000 habían regresado, con proyecciones de otros 1,7 millones esperados durante el resto de 2026 .
La magnitud está desbordando un país ya frágil. Una evaluación en la frontera de Islam Qala, en la provincia de Herat, en julio de 2025, encontró que el 85% de los retornados carecían de refugio en los puntos de entrada fronterizos, y muchos se veían obligados a dormir a la intemperie . La ONU y las ONG lanzaron un plan de respuesta de US$529 millones dirigido a 2,7 millones de retornados para el resto de 2026 .
Un análisis de UNICEF de abril de 2026 encontró que las restricciones a la educación de las niñas y al empleo de las mujeres le cuestan a Afganistán un estimado de US$84 millones cada año en pérdida de productividad económica, y se espera que las pérdidas aumenten con el tiempo a medida que las mujeres sigan excluidas de las aulas y los empleos . El mismo análisis advierte que Afganistán podría perder 20.000 maestras y 5.400 trabajadoras de la salud para 2030 .
Sin embargo, la cifra de US$84 millones representa solo las pérdidas anuales actuales de una medida de producción económica. Estimaciones más amplias apuntan a daños mucho mayores:
En resumen, la cifra de US$84 millones es una instantánea conservadora de la situación actual; el costo económico a largo plazo se sitúa en miles de millones.
Afganistán sigue siendo una de las mayores crisis humanitarias del mundo. Se estima que 21,9 millones de personas, aproximadamente el 45% de la población, necesitarán ayuda humanitaria en 2026 . La ONU ha solicitado US$1.700 millones para ayudar a casi 18 millones de personas con necesidades urgentes . Sin la plena participación de las mujeres, advierte la ONU, el país no puede recuperarse de su crisis cada vez más profunda.
La evidencia es clara: las restricciones a las mujeres no son solo una catástrofe de derechos humanos, sino también económica y humanitaria, con consecuencias que se agravarán durante generaciones.