Las fuerzas armadas rusas atacaron sistemática y repetidamente las instalaciones energéticas de Ucrania durante todo el invierno de 2025-2026, utilizando cientos de armas en ataques coordinados. Estos bombardeos dañaron la generación, transmisión y distribución de electricidad, infraestructura ya degradada por ataques anteriores [Informe PDF, párrafo 2]. Los ataques obligaron a las autoridades ucranianas a imponer apagones rotativos programados en todo el país, dejando a los civiles con electricidad solo un par de horas al día en algunos momentos [Informe PDF, párrafos 3-4]. También se alcanzaron sistemas de calefacción centralizada, dejando a cientos de miles de personas sin calefacción ni agua caliente durante semanas, mientras las temperaturas caían por debajo de los -20 °C en el invierno más frío desde 2010 [Informe PDF, párrafos 3-4]. Los cortes interrumpieron el suministro de agua, la atención sanitaria y la educación, y llevaron a algunas personas a abandonar sus hogares.
El informe concluye que la escala, el alcance geográfico y la naturaleza de los ataques a la infraestructura energética por parte de Rusia sugieren que no estaban dirigidos a objetivos militares específicos, sino que buscaban desestabilizar toda la red eléctrica del país, lo que el informe considera una probable violación del derecho internacional humanitario (DIH) en la conducción de las hostilidades [Informe PDF, párrafos 57-63]. Las fuerzas armadas ucranianas también atacaron infraestructuras eléctricas y de calefacción en la región rusa de Bélgorod, causando apagones regionales [Informe PDF, párrafo 6].
Las fuerzas armadas rusas ejecutaron al menos a 16 prisioneros de guerra (POW) ucranianos capturados entre mediados de noviembre de 2025 y enero de 2026 [Informe PDF, párrafo 10]. Además, casi todos los prisioneros de guerra ucranianos liberados entrevistados por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR) denunciaron haber sufrido tortura u otros malos tratos durante su cautiverio, aunque varios señalaron que las condiciones habían mejorado gradualmente desde finales de 2024. Alrededor de la mitad de los prisioneros de guerra rusos entrevistados describieron torturas o malos tratos en las etapas iniciales de su cautiverio en Ucrania [Informe PDF, párrafo 10].
Hasta febrero de 2026, desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, la OHCHR había verificado más de 15.000 muertes de civiles y más de 41.000 heridos en toda Ucrania . El año 2025 fue el más mortífero para los civiles desde 2022, con la HRMMU registrando al menos 2.514 civiles muertos y 12.142 heridos, un 30% más que en 2024, impulsado por la intensificación de los combates en el frente y el uso ampliado de armas de largo alcance
. Una hoja informativa de febrero de 2026 señaló que el número de civiles muertos y heridos al día en Ucrania aumentó significativamente, con un total de víctimas en 2025 un 31% superior al de 2024 y un 70% superior al de 2023
.
En las zonas bajo ocupación rusa, las autoridades continuaron restringiendo gravemente la libertad de expresión, reclutando forzosamente a personas protegidas en las fuerzas armadas rusas y negando a los niños el acceso a la educación ucraniana [Informe PDF, párrafo 11]. Estas prácticas se describieron como violaciones continuas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
El informe describe una tendencia constante de aumento de víctimas civiles año tras año desde 2023, siendo el período del informe (diciembre de 2025 a mayo de 2026) el más letal para ese lapso desde 2022, a excepción del primer año de la invasión [Informe PDF, párrafo 64]. El uso a gran escala de armas de largo alcance por parte de Rusia y el aumento de los ataques con drones de corto alcance a lo largo del frente se identificaron como los dos principales impulsores del aumento del daño. Los ataques con drones también impidieron las evacuaciones y la entrega de bienes básicos en las comunidades de primera línea, incluso en el territorio ocupado [Informe PDF, párrafos 8-9].
El informe concluyó que la escala, el alcance geográfico y la naturaleza de los ataques a la infraestructura energética por parte de Rusia sugerían que no estaban dirigidos a objetivos militares específicos, sino que apuntaban a desestabilizar toda la red eléctrica del país, lo que sería incompatible con el DIH [Informe PDF, párrafo 63].