Corea del Sur amplía el delito de espionaje para perseguir el robo de secretos tecnológicos

La protección de los chips puede empezar mucho antes de que se fabrique uno: en los planos, los procesos y los conocimientos que circulan entre empresas y especialistas. Corea del Sur quiere disponer de una respuesta penal más contundente cuando la sustracción de información especialmente protegida tenga un vínculo con el extranjero. Su ampliación del delito de espionaje entró en vigor el 13 de septiembre de 2026, aunque no convierte cualquier fuga tecnológica en una cuestión de seguridad nacional.111

¿Qué cambió en la ley?

La disposición anterior se centraba en el espionaje en beneficio de un «Estado enemigo», categoría aplicada en la práctica a Corea del Norte. El Código Penal incorpora ahora el artículo 98-2 para los casos relacionados con un país extranjero o con una organización considerada equivalente. Las crónicas describen esta reforma como la primera gran ampliación de estas normas desde su origen, en 1953. La disposición sobre espionaje en beneficio de un Estado enemigo sigue vigente.13147

El nuevo artículo abarca buscar, recopilar, revelar, transferir o intermediar en la entrega de secretos de Estado cuando exista dirección, incitación u otro tipo de comunicación con ese país u organización. Las penas señaladas para este delito van de tres a 30 años de prisión.71114

El límite decisivo: no todo secreto empresarial es un secreto de Estado

La reforma podría alcanzar información sensible sobre semiconductores o inteligencia artificial. Pero su valor comercial, por sí solo, no basta: para aplicar el artículo 98-2 deben cumplirse tanto el requisito relativo al secreto de Estado como el del vínculo con el país extranjero o la organización equiparable. Los informes disponibles no aclaran que toda tecnología designada como tecnología nacional esencial cumpla automáticamente el primer requisito, ni establecen con precisión cuándo una empresa privada extranjera encaja en el segundo.41114

Esa distinción importa para interpretar el alcance de la reforma: abre una vía para procesar determinados casos como delitos contra la seguridad nacional, pero no reclasifica por igual todas las filtraciones de secretos comerciales.41114

¿Qué dicen las cifras de filtraciones?

Un informe señala que los casos de fuga tecnológica al extranjero remitidos a la fiscalía pasaron de nueve en 2021 a 33 en 2025. Otro sitúa en el 54,5 % la proporción de casos en el extranjero relacionados con China. Son datos que muestran la relevancia de las investigaciones con dimensión internacional, pero los extractos disponibles no permiten confirmar que ambos informes empleen la misma definición de caso o el mismo universo estadístico.163

Tampoco ofrecen una base suficiente para fijar el total de filtraciones tecnológicas de 2025, desglosarlas por sectores o calcular qué proporción implicó a empleados o a pequeñas y medianas empresas. No permiten, además, establecer la respuesta del Ministerio de Exteriores chino ni atribuir al profesor Lee Jong-hwan, de la Universidad Sangmyung, opiniones concretas sobre las penas, la captación de personal o el crecimiento de la industria china de chips.

Castigar después no recupera un secreto divulgado

La nueva figura penal amplía lo que la fiscalía puede perseguir después de una divulgación que reúna los requisitos legales; no puede deshacerla. Detectar acercamientos de contratación sospechosos, vigilar los accesos autorizados y reforzar la protección de los proveedores más pequeños son, por tanto, medidas preventivas que pueden complementar la persecución penal, no resultados que la reforma garantice por sí sola.

Por otra parte, una iniciativa atribuida al legislador Koh Dong-jin propone mencionar expresamente a las empresas extranjeras y elevar de tres a diez años la pena mínima indicada para el nuevo delito. Se trata de una propuesta de reforma adicional, no de la pena mínima que entró en vigor el 13 de septiembre.514