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Por qué 17 directivos de telecos europeas quieren cambiar la Ley de Redes Digitales
Diecisiete consejeros delegados sostienen que la Ley de Redes Digitales de la UE debe mejorar las condiciones de inversión, en vez de imponer obligaciones que desvíen capital de la fibra, el 5G y el 6G. El principal choque es la posible retirada en tres años de equipos de proveedores designados de «alto riesgo», cuy...
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Respuesta de investigación
Conclusiones clave
- Diecisiete consejeros delegados sostienen que la Ley de Redes Digitales de la UE debe mejorar las condiciones de inversión, en vez de imponer obligaciones que desvíen capital de la fibra, el 5G y el 6G.
- El principal choque es la posible retirada en tres años de equipos de proveedores designados de «alto riesgo», cuyo coste el sector cifra en hasta 40.000 millones de euros.
- También reclaman licencias de espectro duraderas, menos cargas regulatorias, más margen para la consolidación y flexibilidad ante el cierre de las redes de cobre.
- La Comisión busca una respuesta común de ciberseguridad tras una aplicación nacional desigual; los operadores piden que las medidas tengan plazos y costes proporcionales.
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openai.comCreate a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What are the main demands and arguments in the open letter from 17 European telecommunications CEOs, including leaders of Orange, Deutsche T. Article summary: The CEOs’ central case is that the Digital Networks Act should be a pro-investment telecom reform, not a set of costly, centrally mandated network changes. They support resilient networks but argue that the proposed thre. Topic tags: general, government, general web, user generated. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, ch
La carta abierta de 17 consejeros delegados de telecomunicaciones europeas no cuestiona la necesidad de proteger las redes. Su mensaje central es otro: la Ley de Redes Digitales de la Unión Europea —conocida por sus siglas en inglés, DNA— debería incentivar la inversión en conectividad, no añadir obligaciones que, según los operadores, reducirían el capital disponible para desplegar fibra, 5G y futuras redes 6G. Entre los firmantes hay compañías como Orange, Deutsche Telekom y Telefónica. 4
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El principal conflicto: retirar equipos de proveedores de «alto riesgo»
La objeción más urgente se refiere a las normas previstas para proveedores calificados de «alto riesgo» por razones de ciberseguridad. Según la información sobre la carta, los operadores tendrían tres años para retirar progresivamente esos equipos. El sector calcula que la medida podría costar hasta 40.000 millones de euros y sostiene que ese gasto reduciría los recursos disponibles para modernizar las redes. 5
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Esa cifra de 40.000 millones es una estimación de la industria, no una evaluación pública definitiva del coste. Por tanto, la discusión no se limita a decidir si deben sustituirse los equipos: también abarca la velocidad de la retirada, quién asumirá la factura y con qué base se aplicará una obligación común en toda la UE.
La preocupación de la Comisión Europea tiene antecedentes claros. En 2023 concluyó que Huawei y ZTE presentaban riesgos materialmente mayores que otros proveedores de 5G, entre otros motivos por su posible exposición a leyes intrusivas de terceros países sobre inteligencia nacional y seguridad de datos. La Comisión consideró justificadas las decisiones nacionales de restringir o excluir a ambas empresas conforme a la caja de herramientas europea de ciberseguridad para 5G. 17
Por qué Bruselas quiere reglas comunes
Hasta ahora, esa caja de herramientas para 5G dependía en gran medida de su aplicación por cada Estado miembro. La Comisión informó de que 24 países de la UE habían aprobado o preparaban normas que permitían evaluar proveedores e imponer restricciones, pero solo 10 habían llegado a aplicar tales restricciones.
Esa aplicación desigual explica el impulso de Bruselas hacia normas más vinculantes. Para la Comisión, las redes de comunicaciones son infraestructuras críticas e interconectadas: un mosaico de políticas nacionales puede dejar vulnerabilidades compartidas. Presentada el 21 de enero de 2026, la DNA pretende modernizar el marco de conectividad y reforzar la inversión en infraestructura digital avanzada y resiliente. 3
Los operadores no rechazan un marco común, pero piden proporcionalidad. Alertan contra un calendario uniforme de retirada cuando las redes ya instaladas, las alternativas de suministro y los planes de inversión varían entre países.
Las demás exigencias de las telecos
La disputa por los equipos forma parte de una reivindicación más amplia de Connect Europe y los 17 directivos para que las reglas del sector se orienten más a la inversión. Sus peticiones incluyen:
- Reducir barreras regulatorias y administrativas que, a su juicio, frenan la inversión y la innovación en redes de alta velocidad.
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- Ofrecer licencias de espectro duraderas o indefinidas, para dar certidumbre a inversiones en activos con una vida útil larga.
- Dar más margen a la consolidación del mercado, pues el sector considera que una mayor escala puede reforzar su capacidad inversora.
- Alejarse de un enfoque de regulación por defecto y avanzar hacia un mercado único de telecomunicaciones más armonizado.
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El argumento de fondo es conocido: las redes exigen inversiones elevadas y de largo plazo, por lo que las empresas reclaman normas previsibles, seguridad sobre el uso del espectro y una escala suficiente para financiar sus actualizaciones.
El desacuerdo sobre el apagado del cobre
La carta también cuestiona que Bruselas imponga un calendario centralizado para retirar las redes heredadas de cobre. La DNA plantea una transición gradual hacia la fibra y exige que los Estados miembros aseguren el apagado del cobre antes de que termine 2035 en las zonas designadas que cumplan determinadas condiciones de cobertura de fibra y asequibilidad del servicio. 1
Los operadores no discuten el paso de cobre a fibra. Su preocupación es que el cierre tenga en cuenta las condiciones locales de despliegue, la protección de los usuarios, la preparación técnica y la resiliencia de la red. Piden flexibilidad, en lugar de una fecha general fijada desde Bruselas. 4
Lo que está realmente en negociación
El debate suele resumirse como una elección entre equipos chinos más baratos y seguridad. En realidad, es más complejo.
La Comisión sostiene que las restricciones a proveedores de alto riesgo son necesarias para proteger redes críticas y corregir las carencias de una aplicación nacional voluntaria y desigual. 17 Los operadores responden que una sustitución rápida y homogénea puede debilitar precisamente la inversión necesaria para mejorar la conectividad europea.
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Las preguntas clave para el Parlamento Europeo y los gobiernos de los Estados miembros son prácticas y estratégicas:
- ¿Con qué rapidez deben retirarse los equipos de proveedores designados?
- ¿Quién debe asumir el coste de la sustitución?
- ¿Cuánto margen nacional debe mantenerse dentro de un marco europeo común de seguridad?
- ¿Puede la UE reforzar la seguridad sin ralentizar la inversión en fibra, 5G y 6G?
El desenlace determinará si la DNA se percibe sobre todo como una intervención de seguridad, como una reforma para impulsar la inversión o como un intento de equilibrar ambos objetivos. Los directivos quieren una versión que favorezca más la inversión y la flexibilidad operativa; la Comisión busca un nivel mínimo de seguridad más coherente en toda la Unión. 3
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Diecisiete consejeros delegados sostienen que la Ley de Redes Digitales de la UE debe mejorar las condiciones de inversión, en vez de imponer obligaciones que desvíen capital de la fibra, el 5G y el 6G. El principal choque es la posible retirada en tres años de equipos de proveedores designados de «alto riesgo», cuyo coste el sector cifra en hasta 40.000 millones de euros.
¿Qué debo hacer a continuación en la práctica?
También reclaman licencias de espectro duraderas, menos cargas regulatorias, más margen para la consolidación y flexibilidad ante el cierre de las redes de cobre.