Reino Unido planea obligar a Apple y Google a bloquear imágenes de desnudos en dispositivos de menores

El Gobierno del Reino Unido prepara legislación primaria para exigir protecciones integradas en móviles y tabletas usados por menores de 18 años. El objetivo es que no puedan tomar, compartir ni visualizar imágenes de desnudos. La obligación se dirigiría a plataformas de dispositivos como Apple y Google, así como a proveedores de aplicaciones que usan menores; no se trataría simplemente de ofrecer controles opcionales.1

La iniciativa sigue siendo una intención política, no una ley ya aprobada. Aún no se han publicado el proyecto completo ni sus requisitos técnicos.

Qué pretende exigir la norma

Según el planteamiento del Gobierno, las empresas tecnológicas tendrían que activar funciones ya incorporadas o desarrollar soluciones capaces de detectar y bloquear imágenes de desnudos en los teléfonos y tabletas de menores.1

La propuesta no se limitaría a una aplicación de mensajería concreta. También busca que las apps utilizadas por niños y adolescentes impidan el acceso o el intercambio de este contenido. Su alcance definitivo —qué aplicaciones, funciones del sistema operativo y tipos de imágenes quedarían incluidos— dependerá del texto legislativo que llegue al Parlamento.

El plan inicial contemplaba que estas protecciones estuvieran activadas de forma predeterminada para menores. Los adultos podrían desactivarlas solo después de acreditar que tienen más de 18 años.1

Por qué el Gobierno pasa de medidas voluntarias a una ley

En junio, Apple y Google recibieron tres meses para presentar planes y reforzar voluntariamente las protecciones. El Ejecutivo ya había advertido de que legislaría si la respuesta de la industria no resultaba suficiente.1

Los ministros reconocen cambios relevantes a nivel de sistema operativo y avances para bloquear —en lugar de solo difuminar— imágenes de desnudos en dispositivos de menores. También citan el despliegue de controles de edad y medidas de seguridad de Apple. Sin embargo, concluyeron que esas acciones no cubren de forma completa el ecosistema de dispositivos y aplicaciones.1

La diferencia es importante: una protección en una función de comunicación puede reducir riesgos, pero no necesariamente evita que una imagen se cree, guarde, intercambie o consulte en otras partes del dispositivo. La futura ley pretende cerrar ese vacío.

Posibles sanciones: todavía sin modelo definitivo

El ultimátum inicial contemplaba multas corporativas en caso de incumplimiento y, como último recurso, la posibilidad de responsabilidad penal para altos directivos tecnológicos.1

No obstante, el modelo de cumplimiento todavía no se ha publicado. Hasta que exista un proyecto de ley, no se puede saber qué sanciones, facultades regulatorias o pruebas de cumplimiento llegarán a aplicarse.

El problema que busca frenar: coerción y sextorsión

La política se centra especialmente en imágenes que los propios menores producen o comparten, a menudo tras procesos de captación, coacción o chantaje. La Internet Watch Foundation (IWF), una organización británica que combate el abuso sexual infantil en internet, evaluó 424.047 reportes en 2024 y confirmó que 291.273 contenían, enlazaban o anunciaban material delictivo de abuso sexual infantil. El 91% de los reportes considerados delictivos incluía imágenes «autogeneradas».5

La sextorsión es una de las vías por las que el daño puede escalar: un menor puede ser presionado para enviar una imagen y después recibir amenazas de difusión si no envía más contenido, no paga dinero o no cumple otras exigencias.

Entre abril de 2025 y marzo de 2026, Childline realizó 2.444 sesiones de apoyo vinculadas al abuso y la explotación sexual infantil en línea; en 242 de ellas se mencionó la sextorsión con motivación económica.2 Por su parte, la IWF informó de un aumento interanual del 72% en los reportes de extorsión sexual infantil durante la primera mitad de 2025; los niños representaban el 97% de los casos confirmados en ese conjunto de datos.4

Estas cifras no demuestran que los controles a nivel de dispositivo vayan a impedir por sí solos la explotación. Sí explican, en cambio, por qué el Gobierno quiere intervenir antes de que una imagen pueda crearse, compartirse o usarse para chantajear.

Herramientas existentes, pero cobertura limitada

Apple y Google ya cuentan con algunas herramientas de supervisión y seguridad para usuarios jóvenes. La función Communication Safety de Apple está diseñada para advertir o proteger a usuarios menores ante imágenes de desnudos en determinados contextos de comunicación compatibles, mientras que Google ofrece controles de seguridad asociados a experiencias supervisadas.

La postura del Gobierno es que estas medidas no bastan si no cubren de manera fiable el conjunto del dispositivo y las aplicaciones que utilizan los menores. Por ello, la futura legislación plantea un umbral más alto: protecciones integradas en la experiencia del dispositivo infantil, no funciones limitadas u opcionales.1

Privacidad, vigilancia y verificación de edad

La gran cuestión sin resolver es cómo distinguir entre un adulto y un menor, y cómo detectar desnudos, sin generar una supervisión excesiva de actividades privadas y legales.

La organización de derechos digitales Open Rights Group advierte de que los sistemas de verificación de edad pueden implicar estimación biométrica, comprobaciones de identidad, elaboración de perfiles de comportamiento o intercambio de datos. Según el grupo, los controles de edad en línea pueden convertirse en procesos invasivos de identidad digital, y no en una simple comprobación de edad como las que existen fuera de internet.

La preocupación también afecta al análisis de imágenes. Un sistema concebido para proteger a menores podría requerir examinar fotos privadas almacenadas en el dispositivo o enviadas mediante servicios de comunicación. Su impacto dependerá de decisiones aún no detalladas públicamente: si la detección se realiza en el propio aparato o en servidores, si los datos de imagen salen del dispositivo, cómo se corrigen los falsos positivos, qué información se conserva y qué supervisión o vías de recurso existirán.

Qué falta por conocer

El Gobierno ha dicho que presentará legislación primaria, pero no ha fijado un calendario preciso ni ha publicado el marco técnico y jurídico completo. Quedan cuestiones relevantes para el Parlamento, las tecnológicas, las organizaciones de protección infantil y los defensores de la privacidad.

El desafío será doble: reducir de forma efectiva la exposición de los menores a la coerción y al abuso basado en imágenes, sin convertir la seguridad infantil en verificaciones rutinarias de identidad o análisis indiscriminados de contenido privado.