La UE prepara un «Comprar Europeo»: qué cambiaría la regla del 50 % en la contratación pública

La contratación pública —las compras de bienes y servicios realizadas por administraciones y entidades públicas— puede dejar de decidirse principalmente por el precio más bajo en la Unión Europea. La Comisión Europea tiene previsto presentar el 9 de septiembre una propuesta de Ley de Contratación Pública, tras retrasarse el calendario inicial. El texto todavía es un borrador, puede cambiar y necesitaría el acuerdo de los colegisladores europeos antes de entrar en vigor. 1719

Una sola norma europea en lugar de tres directivas

El borrador conocido plantea derogar y reemplazar las tres directivas principales de contratación pública de 2014, que cubren al sector público, los servicios públicos y las concesiones, por un único reglamento europeo. La diferencia jurídica es relevante: una directiva debe incorporarse a la legislación de cada Estado miembro, mientras que un reglamento se aplica directamente en toda la UE. 18

La Comisión busca un marco más coherente, procedimientos más sencillos y herramientas que refuercen la seguridad económica y la soberanía europea. Para empresas licitadoras y compradores públicos, eso podría significar menos diferencias nacionales en la aplicación de las reglas, pero también que las condiciones fijadas desde Bruselas tengan un efecto más uniforme en todo el bloque.

Qué implicaría realmente «Comprar Europeo»

No se trataría de una orden general para adquirir únicamente productos fabricados en la UE. Según la información sobre el borrador, las administraciones dispondrían de más herramientas para favorecer el suministro europeo en grandes contratos o ámbitos considerados estratégicos.

Entre las medidas comunicadas figuran:

• la posibilidad de excluir ofertas en grandes contratos si menos del 50 % del contenido relevante procede de la UE; 19
• una posible ampliación de la elegibilidad a países socios que den acceso recíproco a sus propios mercados de contratación pública;
• una ventaja para empresas de la UE en sectores estratégicos; 19
• y un menor peso del criterio de precio más bajo cuando una compra genere dependencias estratégicas u otros riesgos de seguridad.

Faltan, sin embargo, definiciones decisivas: a qué contratos se aplicaría el umbral, cómo se calcularía y verificaría el origen del contenido, qué excepciones existirían y cómo se tratarían los componentes de países socios. Todo ello dependerá del texto final de la Comisión y de la negociación legislativa posterior. 19

China, el objetivo implícito

China no aparece nombrada en el borrador difundido en julio, pero la iniciativa se interpreta ampliamente como una respuesta a la preocupación europea por su dependencia de proveedores externos, incluida la posición china en materias primas críticas y cadenas de suministro industriales. Reuters informó de que las medidas buscaban reducir esa dependencia exterior en un contexto de ampliación de la brecha comercial entre la UE y China. 19

Ya existe un precedente sectorial. En junio de 2025, la Comisión utilizó por primera vez el Instrumento de Contratación Pública Internacional para restringir la participación de empresas chinas en licitaciones europeas de productos sanitarios de más de 5 millones de euros. Además, en las ofertas adjudicatarias afectadas limita al 50 % la proporción de insumos de productos sanitarios originarios de China, con excepciones cuando no haya proveedores alternativos. La Comisión justificó la medida por la discriminación contra productores europeos de productos sanitarios en el mercado chino de contratación pública.

Aquella decisión se limita a un sector y a contratos por encima de un importe determinado. La Ley de Contratación Pública propuesta supondría una reforma más amplia de las normas de base.

Presión industrial: resiliencia, costes y empleo

Los grupos manufactureros europeos reclaman a Bruselas una respuesta más contundente. Eurometal, organización que representa intereses de distribución y transformación de metales, pronosticó la pérdida de 300.000 empleos manufactureros en la UE durante el resto de 2026 por el aumento de la competencia de proveedores chinos de componentes. Es una previsión de una asociación industrial, no un recuento de despidos anunciados ni una estimación oficial. 616

La organización celebró el 7 de septiembre una protesta en Bruselas con diez ataúdes simbólicos para visibilizar sus preocupaciones sobre competitividad, empleo industrial y fábricas. 21

Quienes defienden condiciones más estrictas en las licitaciones sostienen que los fabricantes europeos soportan costes energéticos, obligaciones relacionadas con el carbono y otros requisitos regulatorios mientras compiten con importaciones más baratas. Pero esos argumentos no prueban por sí solos que una preferencia en la contratación pública vaya a conservar empleos o a mejorar la competitividad. El dilema central es equilibrar la capacidad industrial y la resiliencia de las cadenas de suministro con la competencia abierta y los precios para el sector público.

Reciprocidad frente al riesgo de represalias

La Comisión presenta las restricciones como un instrumento para obtener un acceso justo y recíproco a los mercados, no como un simple cierre de la contratación europea. En la medida sobre productos sanitarios de 2025, afirmó expresamente que el objetivo era incentivar a China a poner fin al trato discriminatorio contra empresas y productos de la UE.

La posible preferencia para países con acuerdos recíprocos sigue la misma lógica: el acceso a contratos europeos podría ser más favorable para socios que ofrezcan condiciones comparables a los proveedores de la UE.

Comentarios vinculados a China han calificado la futura reforma de proteccionista y han advertido de que excluir a proveedores chinos de menor coste podría elevar el gasto público y reducir la competencia en Europa. Esa reacción ilustra el riesgo diplomático y comercial: un sistema europeo de preferencias más amplio podría desencadenar litigios, contramedidas o nuevas barreras para exportadores europeos.

Qué falta para que entre en vigor

La presentación de la Comisión abriría el proceso legislativo, pero no lo cerraría. El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE —donde están representados los gobiernos de los Estados miembros— deberán negociar y aprobar el texto definitivo. El calendario legislativo del Parlamento fija el cuarto trimestre de 2027 como objetivo para concluir las negociaciones, aunque no es una fecha garantizada. 17

Las cuestiones más difíciles previsiblemente serán:

• qué contratos y sectores podrán aplicar condiciones vinculadas al origen;
• cómo se calculará y comprobará el contenido europeo o de países socios;
• qué excepciones protegerán la competencia, la asequibilidad y la continuidad del suministro;
• cómo encajarán las reglas con los compromisos internacionales de contratación pública;
• y si los Estados miembros aceptarán un régimen más centralizado y directamente aplicable.

Una pieza de la estrategia europea de reducción de riesgos

La Ley de Contratación Pública encaja con el giro más amplio de la UE hacia criterios de contenido local, bajas emisiones y resiliencia en industrias estratégicas. Por separado, la Ley de Aceleración Industrial propone requisitos de fabricación europea y de bajas emisiones de carbono para determinadas compras públicas vinculadas a manufactura y tecnología. 20

La dirección política es clara incluso antes de que se publique la propuesta definitiva: Bruselas quiere que las compras públicas hagan más que seleccionar la oferta de menor precio. Aspira a que también refuercen la capacidad industrial, la resiliencia de las cadenas de suministro y el acceso recíproco a mercados exteriores. Si la ley final puede lograrlo sin elevar costes, reducir la competencia ni provocar represalias será una de las cuestiones centrales de la negociación. 171819