Las suspensiones del 2 de septiembre privaron al movimiento albanés contra el resort de una herramienta central para organizar protestas e informar en tiempo real, justo cuando la movilización se había convertido en un desafío más amplio para el primer ministro, Edi Rama. Los reportes disponibles apuntan a una oleada de moderación concentrada y aparentemente coordinada, pero no prueban que el Gobierno albanés o la empresa promotora estuvieran detrás. 21314

• Qué ocurrió: Decenas de cuentas de Instagram de activistas, periodistas y personas vinculadas a la oposición fueron suspendidas o desactivadas de un día para otro. Los organizadores aseguraron que la cifra real podía superar las 200. Las cuentas difundían las protestas, incidentes con la policía y el proyecto de resort de 1.400 millones de euros de Affinity Partners en la isla de Sazan y la costa de Vjosa-Narta. 21314

• Por qué se sospecha de censura: Usuarios afectados relataron que antes habían recibido avisos por copyright y retiradas de contenido relacionado con las protestas. Después llegaron pérdidas de cuentas casi simultáneas entre críticos alineados con el movimiento. Defensores de derechos digitales consideran que ese patrón, junto con la aparente fragilidad de algunas reclamaciones, es compatible con un uso abusivo o coordinado de denuncias de propiedad intelectual para silenciar expresiones públicas. Las normas de Meta permiten retirar material que infrinja derechos de autor, pero esa regla no demuestra por sí sola que las reclamaciones concretas fueran válidas. 213

• La respuesta de Meta y los efectos posteriores: Meta revisó los casos, restituyó algunas cuentas y remitió a los usuarios al proceso de apelación. Sin embargo, recuperar una cuenta no siempre implicó volver a la normalidad: algunos usuarios denunciaron limitaciones persistentes, como dificultades para publicar, llegar a sus seguidores o utilizar determinadas funciones. Por ello, el impacto sobre las comunicaciones de la protesta pudo continuar incluso tras la restitución. Las rectificaciones parciales refuerzan la preocupación de que al menos algunas medidas iniciales fueran erróneas, aunque no constituyen una prueba de censura política deliberada. 213

• Reacción política europea: Sandro Gozi, eurodiputado de Renew Europe y secretario general del Partido Democrático Europeo, pidió explicaciones a Meta y a la Comisión Europea. Entre las cuestiones planteadas figura si la actuación de la plataforma fue compatible con sus obligaciones y si las autoridades albanesas solicitaron, alentaron o influyeron de algún modo en las retiradas. 21213

• El contexto de la Ley de Servicios Digitales y la adhesión a la UE: Albania no es miembro de la Unión Europea. Por ello, sus usuarios e instituciones no disponen de las mismas vías directas de aplicación de la Ley de Servicios Digitales —conocida como DSA por sus siglas en inglés— ni de coordinadores nacionales de servicios digitales como los existentes dentro de la UE. Meta, no obstante, opera en el mercado europeo y está sometida a las normas comunitarias allí. El episodio también puede tener peso político en el proceso de adhesión de Albania, donde se evalúan la libertad de prensa, la libertad de expresión y el Estado de derecho. La Comisión Europea ya había señalado inquietudes por una anterior restricción nacional de acceso a una gran plataforma social. 3

• El trasfondo de las protestas: Las movilizaciones comenzaron por objeciones ambientales y de transparencia al resort de lujo vinculado a Jared Kushner, y evolucionaron hacia exigencias de dimisión de Rama. El primer ministro negó que el Estado estuviera detrás de las acciones de Instagram. La oposición, por su parte, presentó las suspensiones como una prueba seria para la libertad de expresión, dado que las redes sociales se habían vuelto esenciales para documentar las protestas y convocar a participantes. 121113

La cuestión decisiva sigue sin resolverse: hay indicios de un episodio de moderación concentrado y disruptivo, así como de reclamaciones de copyright cuestionables, pero todavía no hay pruebas públicas suficientes para atribuirlo al Estado albanés, al promotor del proyecto o a una política deliberada de Meta para silenciar el movimiento.

Las suspensiones del 2 de septiembre privaron al movimiento albanés contra el resort de una herramienta central para organizar protestas e informar en tiempo real, justo cuando la movilización se había convertido en un desafío más amplio para el primer ministro, Edi Rama. Los reportes disponibles apuntan a una oleada de moderación concentrada y aparentemente coordinada, pero no prueban que el Gobierno albanés o la empresa promotora estuvieran detrás. 21314

• Qué ocurrió: Decenas de cuentas de Instagram de activistas, periodistas y personas vinculadas a la oposición fueron suspendidas o desactivadas de un día para otro. Los organizadores aseguraron que la cifra real podía superar las 200. Las cuentas difundían las protestas, incidentes con la policía y el proyecto de resort de 1.400 millones de euros de Affinity Partners en la isla de Sazan y la costa de Vjosa-Narta. 21314

• Por qué se sospecha de censura: Usuarios afectados relataron que antes habían recibido avisos por copyright y retiradas de contenido relacionado con las protestas. Después llegaron pérdidas de cuentas casi simultáneas entre críticos alineados con el movimiento. Defensores de derechos digitales consideran que ese patrón, junto con la aparente fragilidad de algunas reclamaciones, es compatible con un uso abusivo o coordinado de denuncias de propiedad intelectual para silenciar expresiones públicas. Las normas de Meta permiten retirar material que infrinja derechos de autor, pero esa regla no demuestra por sí sola que las reclamaciones concretas fueran válidas. 213

• La respuesta de Meta y los efectos posteriores: Meta revisó los casos, restituyó algunas cuentas y remitió a los usuarios al proceso de apelación. Sin embargo, recuperar una cuenta no siempre implicó volver a la normalidad: algunos usuarios denunciaron limitaciones persistentes, como dificultades para publicar, llegar a sus seguidores o utilizar determinadas funciones. Por ello, el impacto sobre las comunicaciones de la protesta pudo continuar incluso tras la restitución. Las rectificaciones parciales refuerzan la preocupación de que al menos algunas medidas iniciales fueran erróneas, aunque no constituyen una prueba de censura política deliberada. 213

• Reacción política europea: Sandro Gozi, eurodiputado de Renew Europe y secretario general del Partido Democrático Europeo, pidió explicaciones a Meta y a la Comisión Europea. Entre las cuestiones planteadas figura si la actuación de la plataforma fue compatible con sus obligaciones y si las autoridades albanesas solicitaron, alentaron o influyeron de algún modo en las retiradas. 21213

• El contexto de la Ley de Servicios Digitales y la adhesión a la UE: Albania no es miembro de la Unión Europea. Por ello, sus usuarios e instituciones no disponen de las mismas vías directas de aplicación de la Ley de Servicios Digitales —conocida como DSA por sus siglas en inglés— ni de coordinadores nacionales de servicios digitales como los existentes dentro de la UE. Meta, no obstante, opera en el mercado europeo y está sometida a las normas comunitarias allí. El episodio también puede tener peso político en el proceso de adhesión de Albania, donde se evalúan la libertad de prensa, la libertad de expresión y el Estado de derecho. La Comisión Europea ya había señalado inquietudes por una anterior restricción nacional de acceso a una gran plataforma social. 3

• El trasfondo de las protestas: Las movilizaciones comenzaron por objeciones ambientales y de transparencia al resort de lujo vinculado a Jared Kushner, y evolucionaron hacia exigencias de dimisión de Rama. El primer ministro negó que el Estado estuviera detrás de las acciones de Instagram. La oposición, por su parte, presentó las suspensiones como una prueba seria para la libertad de expresión, dado que las redes sociales se habían vuelto esenciales para documentar las protestas y convocar a participantes. 121113

La cuestión decisiva sigue sin resolverse: hay indicios de un episodio de moderación concentrado y disruptivo, así como de reclamaciones de copyright cuestionables, pero todavía no hay pruebas públicas suficientes para atribuirlo al Estado albanés, al promotor del proyecto o a una política deliberada de Meta para silenciar el movimiento.