El ataque contra Kenscoff mostró que las pandillas haitianas pueden perpetrar asesinatos masivos y secuestros fuera de sus bastiones tradicionales de Puerto Príncipe. También expuso la fragilidad de la respuesta de seguridad internacional y convirtió el calendario electoral —ya retrasado— en una posibilidad cada vez más incierta.
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Cómo fue el ataque
La incursión ocurrió entre la noche del domingo 23 y la madrugada del lunes 24 de agosto en Kenscoff, una localidad montañosa situada sobre Puerto Príncipe y cerca de Pétion-Ville. La ONU estimó que participaron unos 150 miembros de pandillas armados. Los atacantes dispararon contra residentes, persiguieron a personas que buscaban refugio, incendiaron viviendas y vehículos y sembraron el caos en la comunidad.
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El balance confirmado posteriormente por Naciones Unidas fue de al menos 47 muertos, incluidos niños, 22 heridos y más de 50 personas secuestradas. Cerca de 1.000 residentes tuvieron que abandonar sus hogares.
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Las autoridades locales atribuyeron la operación a integrantes de la coalición criminal Viv Ansanm. Entre los lugares atacados estuvo una iglesia protestante que funcionaba como refugio para familias desplazadas por la violencia en otras zonas de Haití.
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Las ejecuciones en la iglesia y sus alrededores
Los primeros hallazgos judiciales locales informaron de 25 cuerpos: 15 personas que, según esas pesquisas, fueron ejecutadas dentro de la iglesia y otras 10 asesinadas detrás del templo.
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La cifra posterior de 47 muertos confirmada por la ONU corresponde al conjunto del ataque y a la recuperación de más cuerpos, por lo que no contradice necesariamente el recuento inicial. Naciones Unidas indicó además que 22 de las víctimas fueron presuntamente ejecutadas en el recinto de la iglesia donde habían buscado seguridad.
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Liberación de mujeres y niños
UNICEF informó que 13 personas secuestradas fueron liberadas: siete mujeres y seis niños. Entre los menores había tres niños de menos de dos años, un niño de siete años y dos adolescentes, según la información difundida por la agencia.
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La liberación se produjo después de que el líder de la pandilla conocido como Izo 2, también identificado como Didi o Johnson André, difundiera una amenaza contra los rehenes. Advirtió que los ejecutaría si las fuerzas haitianas mataban a integrantes de su grupo durante las operaciones para recuperar Kenscoff, y pidió específicamente a la policía que no utilizara drones.
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Qué pidió la comunidad internacional
Durante la reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, funcionarios haitianos, Estados Unidos, la Comunidad del Caribe —CARICOM— y representantes de Naciones Unidas reclamaron una respuesta internacional más rápida y amplia.
Las peticiones principales fueron:
- Desplegar plenamente y con rapidez la Fuerza de Supresión de Pandillas, conocida por sus siglas en inglés como GSF.
- Renovar su mandato, que estaba previsto que expirara a finales de septiembre de 2026.
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- Aportar los efectivos, policías, financiación, equipamiento y apoyo logístico que todavía faltan.
- Reforzar a las autoridades haitianas en la recuperación de zonas controladas por grupos armados.
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El plan contempla una fuerza de alrededor de 5.500 efectivos; la autorización del Consejo de Seguridad cifra su capacidad en 5.550 personas. La GSF sustituyó a la misión multinacional de apoyo a la seguridad liderada inicialmente por Kenia y cuenta con autoridad para detener a presuntos miembros de pandillas.
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Una crisis humanitaria que se agrava
La masacre se produjo en un país sometido a una presión humanitaria extrema. Funcionarios de la ONU informaron de que casi 200.000 personas habían sido devueltas por la fuerza a Haití durante los primeros ocho meses de 2026, mientras que alrededor de 1,5 millones de personas permanecían desplazadas dentro del país.
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Las pandillas controlan aproximadamente el 70 % de Puerto Príncipe, según estimaciones citadas por organismos de la ONU. Además, la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití —BINUH— registró más de 3.050 asesinatos entre enero y junio.
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Estos datos describen un círculo difícil de romper: la violencia expulsa a la población de sus hogares, los retornos forzados aumentan la presión sobre comunidades ya desbordadas y el control territorial de las pandillas limita el acceso de las autoridades y de la ayuda humanitaria.
Por qué el ataque amenaza las elecciones
El Consejo Electoral Provisional de Haití fijó la primera vuelta presidencial y legislativa para el 13 de diciembre de 2026, con una segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de febrero de 2027. El calendario ya había sido modificado después de que un plan anterior se abandonara por motivos de seguridad.
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La violencia en Kenscoff pone en duda cada etapa del proceso: registrar y proteger a los votantes, trasladar el material electoral, abrir centros de votación, permitir campañas sin amenazas y garantizar una participación creíble en todo el territorio.
Si las pandillas siguen ampliando sus operaciones y las fuerzas de seguridad no logran recuperar corredores y comunidades clave, Haití podría afrontar otro aplazamiento o unas elecciones con alcance territorial muy limitado y cuestionamientos sobre su legitimidad. Por eso, el ataque de Kenscoff no es solo una tragedia local: es también una prueba decisiva para la capacidad del Estado haitiano y de sus aliados de sostener una transición política en medio de una crisis de seguridad cada vez más profunda.
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