Ron Wyden exige transparencia sobre el hackeo de dispositivos por parte de agencias federales

Una petición motivada por décadas de opacidad

El senador demócrata Ron Wyden, de Oregón, pidió el 21 de agosto de 2026 a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO) una revisión exhaustiva y no clasificada del uso de herramientas de hackeo y spyware por parte del FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA), la división de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE (HSI) y el Servicio Secreto. 712

El motivo central fue, según Wyden, una brecha de rendición de cuentas que se ha prolongado durante años: las fuerzas de seguridad federales han utilizado capacidades de intrusión informática durante más de dos décadas, pero el Congreso y la ciudadanía siguen sin contar con información básica sobre cuántas veces se emplean, con qué objetivos y bajo qué salvaguardas. 712

Menos información que sobre otras formas de vigilancia

Wyden señaló que, a diferencia de las escuchas telefónicas y de los registros de llamadas —incluidos los conocidos como pen registers y dispositivos de rastreo de llamadas—, las agencias federales no publican informes anuales sobre sus operaciones de hackeo. Esa ausencia impide conocer la frecuencia, el alcance, la finalidad y los posibles efectos colaterales de estas intrusiones. 167

El senador también afirmó que el Departamento de Justicia y el FBI habían rechazado repetidamente solicitudes del Congreso para ampliar la transparencia. Por eso recurrió a la GAO, un organismo independiente que audita al Gobierno federal, para que produzca un informe público con conclusiones y recomendaciones. 712

Qué quiere que investigue la GAO

La solicitud plantea varias líneas de investigación:

• Si agentes han utilizado herramientas de hackeo o spyware sin autorización o para fines personales.
• Qué controles técnicos y mecanismos de supervisión existen para impedir abusos.
• Cómo adquieren, almacenan y protegen las agencias estas capacidades para evitar robos o filtraciones.
• Si las vulnerabilidades asociadas a las herramientas se someten al proceso gubernamental que decide si deben comunicarse a las empresas tecnológicas para que puedan corregirse.
• Cómo explican las agencias a los jueces las capacidades de estos sistemas y los riesgos de que una operación alcance dispositivos de personas desconocidas o inocentes cuando solicitan una orden judicial. 712

La preocupación no es únicamente la privacidad. Una herramienta capaz de infiltrarse en un dispositivo puede revelar comunicaciones, archivos y otros datos personales; además, si se filtra, puede ser reutilizada por delincuentes o gobiernos hostiles.

El caso L3Harris como advertencia

Wyden citó el presunto robo y venta de herramientas avanzadas de L3Harris por parte de su antiguo ejecutivo Peter Williams como ejemplo de los riesgos de control y custodia. Según el contexto de la petición, esas capacidades terminaron siendo utilizadas por actores vinculados con Rusia contra Ucrania y por ciberdelincuentes chinos que atacaban a propietarios de criptomonedas. 10

Para el senador, el episodio muestra que las herramientas desarrolladas para operaciones gubernamentales no dejan de ser peligrosas cuando salen de su entorno original: pueden convertirse en armas digitales para espionaje, delincuencia y ataques contra terceros.

Una práctica que no empezó con el spyware moderno

Wyden también situó el debate en una perspectiva histórica. En 1999, durante una investigación del FBI sobre juego ilegal y préstamos usurarios, los agentes utilizaron malware capaz de registrar pulsaciones del teclado para acceder a pruebas cifradas con PGP en el ordenador del mafioso de Filadelfia Nicodemo S. Scarfo. 712

El antecedente demuestra que la intrusión informática federal no es nueva. Lo que, a juicio de Wyden, no ha evolucionado al mismo ritmo son los mecanismos de transparencia, supervisión y protección judicial.

En resumen, la petición a la GAO nació de una combinación de preocupaciones: la falta de estadísticas públicas, la escasa respuesta del Departamento de Justicia y el FBI a las demandas de información, los riesgos para las libertades civiles, la posibilidad de que las herramientas se filtren y la duda sobre si los tribunales reciben todos los datos técnicos necesarios para valorar sus órdenes. Wyden busca que un organismo externo determine si el uso, almacenamiento, seguridad, gestión de vulnerabilidades y presentación judicial de estas capacidades están realmente limitados.