En la práctica, el país de la UE por el que una persona solicitante de asilo entró por primera vez puede seguir siendo responsable de estudiar su caso. El nuevo marco también busca que los traslados sean más ejecutables y operativos. Suecia ha afirmado que aplicará las normas del pacto y espera que todos los Estados cumplan sus obligaciones. Finlandia, por su parte, ha señalado que los traslados al país de primera entrada pueden reanudarse conforme al nuevo Reglamento de Gestión del Asilo y la Migración. N
Pero un traslado basado en el sistema de Dublín —o en su sucesor— no equivale automáticamente a deportar a una persona cuya solicitud de asilo ya ha sido rechazada. Por lo general, se trata de solicitantes que pidieron protección en un país después de haber entrado previamente en otro. Por eso, describir a todas las personas trasladadas como «solicitantes de asilo rechazados» va más allá de lo que permiten afirmar las informaciones disponibles. T
Austria ha informado de cuatro traslados a Italia desde el 12 de junio. Las personas viajaron en transporte público y las autoridades les facilitaron billetes de tren o autobús. UE
Alemania también ha intentado reanudar los traslados hacia Italia y Grecia. Berlín sostiene que un sistema eficaz para determinar qué país es responsable resulta imprescindible para el funcionamiento del Sistema Europeo Común de Asilo. DE
Suiza, que participa en el sistema de Dublín aunque no pertenece a la UE, se ha sumado a los países que pretenden aplicar estas reglas. Suecia y Finlandia han confirmado o indicado que seguirán el nuevo marco, mientras que Países Bajos ha anunciado su intención de enviar a Italia los casos que correspondan. II
No obstante, las fuentes disponibles no confirman un total de 10.000 traslados. Esa cifra debe entenderse como una estimación política o mediática del posible volumen de casos, no como un objetivo o pronóstico oficial. Tampoco hay pruebas independientes suficientemente sólidas para afirmar que Francia y España hayan rechazado de forma permanente todos estos traslados.
El argumento central de Italia es de carácter transitorio. Roma sostiene que las nuevas disposiciones deben aplicarse a las personas cuyos movimientos o procedimientos de asilo se sitúen después del 12 de junio, y no reabrir expedientes antiguos.
La disputa gira en torno a si los casos anteriores a esa fecha todavía pueden trasladarse bajo las nuevas reglas. Italia y otros gobiernos mantienen posiciones enfrentadas: Roma considera que el nuevo régimen no debe utilizarse para recuperar casos previos, mientras Berlín y Viena defienden que también pueden quedar incluidos. I
La diferencia es importante porque el efecto real del pacto dependerá de qué expedientes sigan siendo admisibles, cuánto duren los plazos de traslado y si el Estado receptor acepta cada solicitud individual. La Comisión Europea presenta el sistema como un equilibrio entre responsabilidad y solidaridad, pero su puesta en marcha ya ha provocado resistencia y conflictos administrativos.
El Gobierno italiano también afirma que rechazó aproximadamente 80.000 solicitudes de traslado desde 2023. Esa cifra procede de una afirmación oficial italiana recogida en las informaciones disponibles, pero no aparece verificada de forma independiente por las fuentes más sólidas.
Los dirigentes opositores Matteo Renzi y Elly Schlein sostienen que Meloni contribuyó a impulsar un marco europeo más duro en materia migratoria, presentado en Italia como una forma de proteger al país, pero que ahora ofrece a otros Estados una vía más clara para devolverle solicitantes de asilo.
La crítica es que Italia podría asumir las obligaciones propias de uno de los principales países de llegada sin recibir un alivio práctico suficiente de sus socios europeos. IT
El reproche resulta especialmente eficaz porque el pacto se presentó como una respuesta colectiva a las deficiencias del antiguo sistema de Dublín. Si los traslados de responsabilidad se aceleran mientras las reubicaciones, la financiación y otras formas de solidaridad siguen siendo modestas, el acuerdo puede parecer menos un mecanismo de reparto y más la formalización del papel de Italia como país receptor de Europa.
La dimensión de la solidaridad es una de las grandes incógnitas. Euronews informó de que este año se esperaba reubicar a menos de 9.000 solicitantes de asilo, pese a que el umbral mínimo anual de solidaridad se fijó en 30.000 reubicaciones, además de aportaciones financieras. E
Esa brecha ayuda a explicar por qué el conflicto sobre los traslados tiene tanta relevancia política, aunque el número de retornos confirmados hasta ahora sea reducido.
Meloni rechaza la interpretación del «boomerang». Su Gobierno afirma que el pacto ofrece a los países de primera llegada reglas más claras sobre la responsabilidad, procedimientos más rápidos de identificación y repatriación, y un mecanismo de solidaridad destinado a evitar que un Estado quede solo ante la presión migratoria. La Comisión Europea describe el paquete en términos similares. HI
La primera ministra también sostiene que la disputa con España por los controles dentro del espacio Schengen es independiente del funcionamiento del pacto de asilo. La distinción es relevante tanto jurídica como políticamente: una cuestión se refiere al Estado responsable de estudiar una solicitud de protección; la otra, a los controles temporales de viajeros entre países de la UE tras la crisis de Ceuta.
La confrontación con España comenzó después de una entrada masiva en Ceuta, enclave español en el norte de África, desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. Las autoridades españolas calcularon posteriormente que unas 72.000 personas habían entrado y que alrededor de 70.000 habían regresado a Marruecos.
Italia respondió reintroduciendo temporalmente controles selectivos para nacionales de países no pertenecientes a la UE que llegaran desde España, mientras aseguraba que la medida no afectaría a los ciudadanos comunitarios. España contestó con controles recíprocos sobre los viajes aéreos y marítimos procedentes de Italia durante aproximadamente un mes. R
Los informes según los cuales España habría detenido a más de 5.000 personas llegadas desde Italia deben tomarse con cautela. La información más sólida confirma la existencia de controles fronterizos recíprocos, pero no esa cifra agregada concreta. Como Italia y España no comparten frontera terrestre, las medidas afectan sobre todo a las rutas aéreas y marítimas. R
Los primeros datos respaldan una conclusión más limitada que los eslóganes políticos de ambos bandos. El pacto ha hecho más visibles los traslados de responsabilidad y parece estar ayudando a varios países a reactivar o ampliar sus solicitudes relacionadas con Italia. Hay al menos cuatro traslados austríacos documentados y Alemania habría completado tres, pero todavía no se conoce el volumen final de casos. UE
Al mismo tiempo, el pacto no es una orden para devolver automáticamente a toda persona al primer país por el que entró. Es un paquete que combina responsabilidad, procedimientos, retornos y solidaridad, con importantes controversias transitorias y problemas de aplicación aún sin resolver. H
Para Italia, el resultado dependerá de si las demás partes del acuerdo funcionan a una escala significativa: las reubicaciones, la ayuda financiera, la gestión de las fronteras exteriores y los retornos efectivos.
Hasta que eso quede claro, los críticos de Meloni pueden sostener que los traslados son un «error político monumental», mientras el Gobierno puede argumentar que, por fin, las reglas obligan a otros Estados de la UE a compartir la responsabilidad de manera más sistemática. Los traslados confirmados muestran que una parte del sistema ya está funcionando. La pregunta pendiente es si la solidaridad funcionará con la misma eficacia.