La escasez resulta especialmente delicada para el Kremlin porque se percibe de inmediato: afecta a los conductores, al transporte, a los agricultores durante la temporada de cosecha y a los precios de otros bienes. En distintas zonas se recurrió a medidas locales para mantener el orden en los surtidores, incluida la presencia de cosacos y voluntarios. También se han difundido informaciones sobre detenciones tras quejas y enfrentamientos en gasolineras.

Sin embargo, el material disponible no demuestra un despliegue nacional de la Rosgvardia —la fuerza de seguridad interna rusa— destinado específicamente a reprimir protestas por la falta de combustible. Presentar esa afirmación como un hecho probado iría más allá de la evidencia publicada.

Moscú ha intentado aliviar la presión aumentando las importaciones de combustible refinado, utilizando reservas, reduciendo exportaciones y acelerando reparaciones. El propio Putin reconoció que los ataques habían dañado varias refinerías y provocado una disminución temporal de la producción de gasolina y diésel. Aun así, describió la escasez como “no crítica” y sostuvo que la economía y sus sectores principales seguían siendo estables.

Más gasto, menos margen para las regiones

El problema energético se suma a unas cuentas públicas cada vez más tensas. Según una estimación difundida en agosto, el déficit federal ruso podría llegar a 6,5 billones de rublos, unos 77.400 millones de dólares al tipo de cambio utilizado en ese informe. Otras previsiones situaban el déficit de enero a abril en torno a 79.300 millones de dólares.

Las regiones tampoco están en una posición cómoda. El déficit combinado de sus presupuestos se proyecta en 1,9 billones de rublos para 2026, debido en parte a la caída de los ingresos procedentes del impuesto sobre los beneficios empresariales y al aumento del gasto social.

Aquí conviene corregir una cifra que circula de forma imprecisa: los 3,3 billones corresponden a rublos, no a dólares. El ministro de Finanzas, Antón Siluánov, situó en aproximadamente 3,3 billones de rublos la deuda conjunta de las regiones, equivalente a cerca del 17 % de sus ingresos. El Gobierno federal ha respondido con quitas y aplazamientos de préstamos; desde comienzos de 2026 se habrían condonado 518.000 millones de rublos en créditos presupuestarios a 76 regiones.

Las ayudas pueden ganar tiempo, pero también muestran hasta qué punto la presión de la guerra y del gasto estatal se está trasladando a los presupuestos locales.

Una economía que pierde impulso

El crecimiento también ofrece menos protección política que durante el repunte inicial de la economía de guerra. Rosstat registró una contracción interanual del 0,2 % en el primer trimestre de 2026 y un crecimiento del 1,3 % en el segundo. Este último dato no basta para hablar de una recuperación sólida: parte del avance estuvo vinculado a factores temporales y al elevado gasto público y militar.

Las previsiones para todo el año difieren. El Ministerio de Desarrollo Económico llegó a rebajar su pronóstico de crecimiento al 0,4 %, mientras que el Banco Central manejaba un rango de entre el 0 % y el 1 %. Por tanto, la descripción más prudente es la de una economía próxima al estancamiento, no la de una cifra anual única y definitiva.

El dilema es evidente: sostener el gasto bélico ayuda a mantener la actividad y las industrias vinculadas al Estado, pero aumenta la presión sobre los precios, las finanzas públicas, la inversión civil y el mercado laboral.

El caso Klepach y los límites del discurso oficial

En este contexto, VEB.RF, la corporación estatal rusa de desarrollo, apartó de su cargo a su economista jefe, Andrei Klepach, después de que sus declaraciones de mayo adquirieran notoriedad pública. Reuters, citando a dos personas familiarizadas con el asunto, informó de que Klepach había advertido que Rusia estaba quedándose atrás frente a Occidente y China y sufría un daño económico creciente por la guerra.

Otros medios le atribuyeron una advertencia aún más directa: Rusia no podría ganar una guerra de desgaste prolongada contra Ucrania y corría el riesgo de entrar en una grave crisis social. VEB.RF confirmó que Klepach ya no ocupaba el puesto, pero no ofreció públicamente una explicación detallada.

El momento del relevo sugiere que el objetivo era imponer disciplina sobre el mensaje económico. El análisis de Klepach chocaba con la narrativa pública del Kremlin, que presenta la economía rusa como resistente y capaz de soportar la presión de la guerra, las sanciones y los ataques contra sus infraestructuras.

Eso no demuestra que la escasez de combustible, la deuda regional o el temor electoral fueran por separado la causa del despido. La conclusión más sólida es más limitada: en el sistema ruso actual, las críticas públicas que cuestionan el relato oficial sobre la fortaleza económica y la perspectiva de la guerra se han vuelto políticamente inaceptables.

El equilibrio que Putin debe preservar

Antes de las elecciones, el Kremlin necesita evitar que los problemas cotidianos —hacer cola para repostar, pagar más por el transporte o depender de ayudas federales— se conviertan en un símbolo de la incapacidad del Estado para garantizar estabilidad.

Al mismo tiempo, Moscú quiere mantener el gasto militar y resolver sus necesidades de personal. Una nueva movilización después de las elecciones podría aliviar las restricciones de mano de obra para el frente, pero también agravaría la escasez de trabajadores, la ansiedad de los hogares y las tensiones sociales que ya están dejando al descubierto la crisis de combustible y el ajuste fiscal.

Por ahora, no hay evidencia suficiente para verificar que Putin tema en privado el resultado de las elecciones de la Duma o que haya decidido una nueva movilización para después de la votación. Lo que sí está documentado es una presión interna más visible: el combustible escasea en varias regiones, las finanzas locales dependen de Moscú y el margen para admitir públicamente malas noticias económicas se estrecha.

La escasez resulta especialmente delicada para el Kremlin porque se percibe de inmediato: afecta a los conductores, al transporte, a los agricultores durante la temporada de cosecha y a los precios de otros bienes. En distintas zonas se recurrió a medidas locales para mantener el orden en los surtidores, incluida la presencia de cosacos y voluntarios. También se han difundido informaciones sobre detenciones tras quejas y enfrentamientos en gasolineras.

Sin embargo, el material disponible no demuestra un despliegue nacional de la Rosgvardia —la fuerza de seguridad interna rusa— destinado específicamente a reprimir protestas por la falta de combustible. Presentar esa afirmación como un hecho probado iría más allá de la evidencia publicada.

Moscú ha intentado aliviar la presión aumentando las importaciones de combustible refinado, utilizando reservas, reduciendo exportaciones y acelerando reparaciones. El propio Putin reconoció que los ataques habían dañado varias refinerías y provocado una disminución temporal de la producción de gasolina y diésel. Aun así, describió la escasez como “no crítica” y sostuvo que la economía y sus sectores principales seguían siendo estables.

Más gasto, menos margen para las regiones

El problema energético se suma a unas cuentas públicas cada vez más tensas. Según una estimación difundida en agosto, el déficit federal ruso podría llegar a 6,5 billones de rublos, unos 77.400 millones de dólares al tipo de cambio utilizado en ese informe. Otras previsiones situaban el déficit de enero a abril en torno a 79.300 millones de dólares.

Las regiones tampoco están en una posición cómoda. El déficit combinado de sus presupuestos se proyecta en 1,9 billones de rublos para 2026, debido en parte a la caída de los ingresos procedentes del impuesto sobre los beneficios empresariales y al aumento del gasto social.

Aquí conviene corregir una cifra que circula de forma imprecisa: los 3,3 billones corresponden a rublos, no a dólares. El ministro de Finanzas, Antón Siluánov, situó en aproximadamente 3,3 billones de rublos la deuda conjunta de las regiones, equivalente a cerca del 17 % de sus ingresos. El Gobierno federal ha respondido con quitas y aplazamientos de préstamos; desde comienzos de 2026 se habrían condonado 518.000 millones de rublos en créditos presupuestarios a 76 regiones.

Las ayudas pueden ganar tiempo, pero también muestran hasta qué punto la presión de la guerra y del gasto estatal se está trasladando a los presupuestos locales.

Una economía que pierde impulso

El crecimiento también ofrece menos protección política que durante el repunte inicial de la economía de guerra. Rosstat registró una contracción interanual del 0,2 % en el primer trimestre de 2026 y un crecimiento del 1,3 % en el segundo. Este último dato no basta para hablar de una recuperación sólida: parte del avance estuvo vinculado a factores temporales y al elevado gasto público y militar.

Las previsiones para todo el año difieren. El Ministerio de Desarrollo Económico llegó a rebajar su pronóstico de crecimiento al 0,4 %, mientras que el Banco Central manejaba un rango de entre el 0 % y el 1 %. Por tanto, la descripción más prudente es la de una economía próxima al estancamiento, no la de una cifra anual única y definitiva.

El dilema es evidente: sostener el gasto bélico ayuda a mantener la actividad y las industrias vinculadas al Estado, pero aumenta la presión sobre los precios, las finanzas públicas, la inversión civil y el mercado laboral.

El caso Klepach y los límites del discurso oficial

En este contexto, VEB.RF, la corporación estatal rusa de desarrollo, apartó de su cargo a su economista jefe, Andrei Klepach, después de que sus declaraciones de mayo adquirieran notoriedad pública. Reuters, citando a dos personas familiarizadas con el asunto, informó de que Klepach había advertido que Rusia estaba quedándose atrás frente a Occidente y China y sufría un daño económico creciente por la guerra.

Otros medios le atribuyeron una advertencia aún más directa: Rusia no podría ganar una guerra de desgaste prolongada contra Ucrania y corría el riesgo de entrar en una grave crisis social. VEB.RF confirmó que Klepach ya no ocupaba el puesto, pero no ofreció públicamente una explicación detallada.

El momento del relevo sugiere que el objetivo era imponer disciplina sobre el mensaje económico. El análisis de Klepach chocaba con la narrativa pública del Kremlin, que presenta la economía rusa como resistente y capaz de soportar la presión de la guerra, las sanciones y los ataques contra sus infraestructuras.

Eso no demuestra que la escasez de combustible, la deuda regional o el temor electoral fueran por separado la causa del despido. La conclusión más sólida es más limitada: en el sistema ruso actual, las críticas públicas que cuestionan el relato oficial sobre la fortaleza económica y la perspectiva de la guerra se han vuelto políticamente inaceptables.

El equilibrio que Putin debe preservar

Antes de las elecciones, el Kremlin necesita evitar que los problemas cotidianos —hacer cola para repostar, pagar más por el transporte o depender de ayudas federales— se conviertan en un símbolo de la incapacidad del Estado para garantizar estabilidad.

Al mismo tiempo, Moscú quiere mantener el gasto militar y resolver sus necesidades de personal. Una nueva movilización después de las elecciones podría aliviar las restricciones de mano de obra para el frente, pero también agravaría la escasez de trabajadores, la ansiedad de los hogares y las tensiones sociales que ya están dejando al descubierto la crisis de combustible y el ajuste fiscal.

Por ahora, no hay evidencia suficiente para verificar que Putin tema en privado el resultado de las elecciones de la Duma o que haya decidido una nueva movilización para después de la votación. Lo que sí está documentado es una presión interna más visible: el combustible escasea en varias regiones, las finanzas locales dependen de Moscú y el margen para admitir públicamente malas noticias económicas se estrecha.