Los estados sostienen que Meta utilizó funciones centradas en maximizar la interacción para mantener a niños y adolescentes conectados durante más tiempo. El scroll infinito es uno de los principales ejemplos: en lugar de exigir al usuario una decisión clara para continuar, la función carga contenido de manera continua. Los fiscales afirman que Meta conocía las preocupaciones sobre el uso excesivo y el bienestar de los menores, pero siguió priorizando la atención de los usuarios y los ingresos publicitarios.
Las acusaciones relacionan esa estrategia de producto con riesgos denunciados como ansiedad, depresión, problemas de imagen corporal y pensamientos suicidas. Se trata de afirmaciones planteadas por los estados en el litigio, no de conclusiones judiciales que hayan establecido que Meta causó esos efectos.
La coalición también afirma que Meta transmitió a padres y al público la idea de que sus servicios eran seguros para los menores, mientras ocultaba o restaba importancia a información sobre posibles daños. Los estados consideran que esas declaraciones incumplen las leyes de protección al consumidor.
Meta rechaza la acusación de que intentara deliberadamente crear adicción en los menores o engañar al público. Su defensa destaca las herramientas de seguridad para jóvenes que ha incorporado y cuestiona la interpretación que los estados hacen de su conducta.
Los estados alegan que Meta recopiló y utilizó información personal de niños en contra de la ley federal de protección de la privacidad infantil y de normas estatales relacionadas. Las acusaciones se centran especialmente en los datos de menores de 13 años y en si la empresa obtuvo el consentimiento parental exigido.
La demanda busca medidas que irían mucho más allá de una indemnización económica. Los estados solicitan una orden judicial de alcance nacional que obligue a Meta a modificar el funcionamiento de Facebook e Instagram para los usuarios más jóvenes, con medidas como:
El alcance exacto de cualquier orden dependería de las conclusiones del tribunal y de la solución que el juez considere adecuada. Los otros 25 estados de la coalición previsiblemente seguirán sus reclamaciones en procesos posteriores, en lugar de presentar todos sus argumentos en este juicio.
Meta ha señalado que el máximo teórico podría alcanzar aproximadamente 1,4 billones de dólares. Los estados han indicado que una cifra cercana a 200.000 millones de dólares sería más realista, pero hasta ahora no se ha fijado ninguna cantidad definitiva. Si se imponen sanciones civiles, será el juez —y no la cifra más llamativa de los titulares— quien determine su importe.
La diferencia es importante: los 1,4 billones representan, según Meta, su máxima exposición teórica bajo las reclamaciones planteadas; la cifra inferior refleja lo que los estados han indicado que probablemente intentarían obtener. El caso podría terminar con una suma mucho menor, sin sanción económica o mediante un acuerdo negociado. La información disponible no permite anticipar el desenlace.
Una condena económica supondría un impacto financiero considerable, pero una orden nacional podría ser mucho más visible para los usuarios. Las obligaciones relacionadas con la comprobación de edad, el consentimiento parental o las funciones de recomendación y desplazamiento podrían forzar a Meta a rediseñar partes de Facebook e Instagram, en lugar de limitarse a pagar una multa.
El juicio se celebra además en un contexto de litigios más amplios en Estados Unidos sobre los supuestos daños de las redes sociales a los jóvenes. En un caso separado en Nuevo México, un tribunal estatal ordenó a Meta pagar 567 millones de dólares y aplicar medidas de protección para los usuarios jóvenes de ese estado. Esa resolución, sin embargo, no decide el caso federal que se está juzgando ahora.
El jurado emitirá un veredicto consultivo. Después, el juez federal decidirá si Meta es responsable conforme a las reclamaciones analizadas y, en caso afirmativo, si corresponde imponer sanciones civiles u ordenar cambios en las plataformas.
Hasta que se dicten esas decisiones, las acusaciones no deben presentarse como hechos probados. La cuestión central es si el diseño de los productos, las declaraciones públicas y las prácticas de gestión de datos de Meta infringieron las leyes citadas por los estados y qué remedio estaría justificado si el tribunal les da la razón.
Los estados sostienen que Meta utilizó funciones centradas en maximizar la interacción para mantener a niños y adolescentes conectados durante más tiempo. El scroll infinito es uno de los principales ejemplos: en lugar de exigir al usuario una decisión clara para continuar, la función carga contenido de manera continua. Los fiscales afirman que Meta conocía las preocupaciones sobre el uso excesivo y el bienestar de los menores, pero siguió priorizando la atención de los usuarios y los ingresos publicitarios.
Las acusaciones relacionan esa estrategia de producto con riesgos denunciados como ansiedad, depresión, problemas de imagen corporal y pensamientos suicidas. Se trata de afirmaciones planteadas por los estados en el litigio, no de conclusiones judiciales que hayan establecido que Meta causó esos efectos.
La coalición también afirma que Meta transmitió a padres y al público la idea de que sus servicios eran seguros para los menores, mientras ocultaba o restaba importancia a información sobre posibles daños. Los estados consideran que esas declaraciones incumplen las leyes de protección al consumidor.
Meta rechaza la acusación de que intentara deliberadamente crear adicción en los menores o engañar al público. Su defensa destaca las herramientas de seguridad para jóvenes que ha incorporado y cuestiona la interpretación que los estados hacen de su conducta.
Los estados alegan que Meta recopiló y utilizó información personal de niños en contra de la ley federal de protección de la privacidad infantil y de normas estatales relacionadas. Las acusaciones se centran especialmente en los datos de menores de 13 años y en si la empresa obtuvo el consentimiento parental exigido.
La demanda busca medidas que irían mucho más allá de una indemnización económica. Los estados solicitan una orden judicial de alcance nacional que obligue a Meta a modificar el funcionamiento de Facebook e Instagram para los usuarios más jóvenes, con medidas como:
El alcance exacto de cualquier orden dependería de las conclusiones del tribunal y de la solución que el juez considere adecuada. Los otros 25 estados de la coalición previsiblemente seguirán sus reclamaciones en procesos posteriores, en lugar de presentar todos sus argumentos en este juicio.
Meta ha señalado que el máximo teórico podría alcanzar aproximadamente 1,4 billones de dólares. Los estados han indicado que una cifra cercana a 200.000 millones de dólares sería más realista, pero hasta ahora no se ha fijado ninguna cantidad definitiva. Si se imponen sanciones civiles, será el juez —y no la cifra más llamativa de los titulares— quien determine su importe.
La diferencia es importante: los 1,4 billones representan, según Meta, su máxima exposición teórica bajo las reclamaciones planteadas; la cifra inferior refleja lo que los estados han indicado que probablemente intentarían obtener. El caso podría terminar con una suma mucho menor, sin sanción económica o mediante un acuerdo negociado. La información disponible no permite anticipar el desenlace.
Una condena económica supondría un impacto financiero considerable, pero una orden nacional podría ser mucho más visible para los usuarios. Las obligaciones relacionadas con la comprobación de edad, el consentimiento parental o las funciones de recomendación y desplazamiento podrían forzar a Meta a rediseñar partes de Facebook e Instagram, en lugar de limitarse a pagar una multa.
El juicio se celebra además en un contexto de litigios más amplios en Estados Unidos sobre los supuestos daños de las redes sociales a los jóvenes. En un caso separado en Nuevo México, un tribunal estatal ordenó a Meta pagar 567 millones de dólares y aplicar medidas de protección para los usuarios jóvenes de ese estado. Esa resolución, sin embargo, no decide el caso federal que se está juzgando ahora.
El jurado emitirá un veredicto consultivo. Después, el juez federal decidirá si Meta es responsable conforme a las reclamaciones analizadas y, en caso afirmativo, si corresponde imponer sanciones civiles u ordenar cambios en las plataformas.
Hasta que se dicten esas decisiones, las acusaciones no deben presentarse como hechos probados. La cuestión central es si el diseño de los productos, las declaraciones públicas y las prácticas de gestión de datos de Meta infringieron las leyes citadas por los estados y qué remedio estaría justificado si el tribunal les da la razón.