La inclusión tiene consecuencias prácticas. Impide al Departamento de Defensa contratar con las empresas designadas y afecta a determinadas subvenciones, contratos y préstamos del Departamento de Energía. Además, la etiqueta pública puede provocar daños reputacionales y comerciales.

La demanda de DJI y su derrota inicial

DJI demandó al Departamento de Defensa en octubre de 2024 al amparo de la Ley de Procedimiento Administrativo y de la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense. La empresa sostuvo que la designación carecía de pruebas y explicaciones suficientes, vulneraba sus garantías procesales y le había causado pérdidas comerciales y reputacionales graves.

El 26 de septiembre de 2025, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia permitió que la designación siguiera vigente. Según DJI, el tribunal rechazó varias de las acusaciones planteadas por el Gobierno, pero consideró suficientes otras conclusiones para mantener la inclusión en la lista.

DJI recurrió la decisión. La compañía se presenta de forma constante como una empresa civil de drones y tecnología de cámaras, y afirma que no es propiedad ni está bajo el control del Gobierno chino ni afiliada al Ejército Popular de Liberación.

También sostiene que la posible utilidad militar de sus productos se debe a la naturaleza de doble uso de los drones comerciales, no a una propiedad militar, a la fabricación de equipos para las fuerzas armadas o a una estrategia de marketing orientada al combate. DJI afirma que condena el uso de sus productos en conflictos y que ha adoptado políticas y medidas para desalentarlo o impedirlo.

Sin embargo, esas posiciones no resolvieron la cuestión legal para el tribunal de primera instancia. El juez razonó que las políticas de DJI contra el uso militar no eliminaban las aplicaciones militares potenciales o reales de su tecnología.

Qué decidió la corte de apelaciones

El 14 de agosto de 2026, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó algunas partes de la sentencia inferior, revocó otra y devolvió el caso para nuevas actuaciones.

El punto central fue la conclusión de que DJI contribuye a la base industrial de defensa de China. La corte determinó que el tribunal inferior no podía mantener esa conclusión basándose únicamente en el expediente no clasificado cuando la explicación pública del Departamento de Defensa había sido completamente censurada. El tribunal señaló que la Sección 1260H permite al Gobierno presentar ante el juez pruebas clasificadas de forma ex parte y in camera: es decir, sin la presencia de la otra parte y en una revisión privada del tribunal.

En la práctica, el tribunal inferior deberá examinar ahora el expediente administrativo completo, incluidas las pruebas clasificadas, antes de decidir si esa justificación concreta está suficientemente respaldada y puede sostenerse legalmente.

La resolución es limitada. No concluye que DJI no tenga relación con el sector de defensa chino, no descarta todos los fundamentos de la designación y tampoco ordena la retirada inmediata de la empresa de la lista del Pentágono. Según la información publicada sobre el fallo, la corte rechazó tres argumentos generales de DJI y remitió únicamente la cuestión del expediente clasificado para una nueva revisión.

Por qué importa el expediente clasificado

Las designaciones relacionadas con la seguridad nacional suelen incluir información que el Gobierno considera demasiado sensible para hacerla pública. La decisión del Circuito del Distrito de Columbia no impide que el Departamento de Defensa utilice material clasificado. Lo que exige es que el tribunal que revisa la decisión examine las pruebas en las que se apoya el Gobierno cuando el expediente público no explica por sí solo una conclusión central.

La diferencia es importante también para otras empresas sometidas a designaciones similares. Una agencia puede proteger información sensible de la divulgación pública, pero el tribunal debe realizar una revisión efectiva de las pruebas que sustentan la decisión administrativa. Por eso, el fallo afecta tanto al futuro inmediato de DJI como al modo en que los jueces supervisan las clasificaciones vinculadas a la seguridad nacional.

Qué cambia para los compradores de drones y el sector agrícola

DJI fabrica drones de consumo y comerciales utilizados por organismos públicos, empresas y aficionados. Entre sus usos comerciales están la captura de imágenes, las inspecciones, la seguridad pública, la cartografía y las operaciones agrícolas.

En el campo, estas plataformas pueden servir para obtener imágenes de las parcelas, vigilar los cultivos, elaborar mapas y apoyar procesos de aplicación de precisión. Grand View Research estimó en 506,3 millones de dólares el tamaño del mercado estadounidense de drones agrícolas en 2024 e incluyó a DJI entre las empresas que operan en ese sector.

El fallo de la corte de apelaciones no cambia por sí solo lo que todos los clientes estadounidenses pueden comprar o utilizar. El caso de la Sección 1260H es independiente de otras posibles restricciones en materia de importaciones, contratación pública, telecomunicaciones, aviación o autorización de equipos.

Para las explotaciones agrícolas y los operadores comerciales, la conclusión inmediata es de continuidad con incertidumbre jurídica: DJI sigue designada mientras el tribunal inferior realiza la revisión ordenada. El resultado final podría influir en la capacidad de la empresa para impugnar la etiqueta del Pentágono, pero la decisión del 14 de agosto no elimina la designación ni resuelve definitivamente las reclamaciones más amplias de DJI.

La inclusión tiene consecuencias prácticas. Impide al Departamento de Defensa contratar con las empresas designadas y afecta a determinadas subvenciones, contratos y préstamos del Departamento de Energía. Además, la etiqueta pública puede provocar daños reputacionales y comerciales.

La demanda de DJI y su derrota inicial

DJI demandó al Departamento de Defensa en octubre de 2024 al amparo de la Ley de Procedimiento Administrativo y de la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense. La empresa sostuvo que la designación carecía de pruebas y explicaciones suficientes, vulneraba sus garantías procesales y le había causado pérdidas comerciales y reputacionales graves.

El 26 de septiembre de 2025, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia permitió que la designación siguiera vigente. Según DJI, el tribunal rechazó varias de las acusaciones planteadas por el Gobierno, pero consideró suficientes otras conclusiones para mantener la inclusión en la lista.

DJI recurrió la decisión. La compañía se presenta de forma constante como una empresa civil de drones y tecnología de cámaras, y afirma que no es propiedad ni está bajo el control del Gobierno chino ni afiliada al Ejército Popular de Liberación.

También sostiene que la posible utilidad militar de sus productos se debe a la naturaleza de doble uso de los drones comerciales, no a una propiedad militar, a la fabricación de equipos para las fuerzas armadas o a una estrategia de marketing orientada al combate. DJI afirma que condena el uso de sus productos en conflictos y que ha adoptado políticas y medidas para desalentarlo o impedirlo.

Sin embargo, esas posiciones no resolvieron la cuestión legal para el tribunal de primera instancia. El juez razonó que las políticas de DJI contra el uso militar no eliminaban las aplicaciones militares potenciales o reales de su tecnología.

Qué decidió la corte de apelaciones

El 14 de agosto de 2026, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó algunas partes de la sentencia inferior, revocó otra y devolvió el caso para nuevas actuaciones.

El punto central fue la conclusión de que DJI contribuye a la base industrial de defensa de China. La corte determinó que el tribunal inferior no podía mantener esa conclusión basándose únicamente en el expediente no clasificado cuando la explicación pública del Departamento de Defensa había sido completamente censurada. El tribunal señaló que la Sección 1260H permite al Gobierno presentar ante el juez pruebas clasificadas de forma ex parte y in camera: es decir, sin la presencia de la otra parte y en una revisión privada del tribunal.

En la práctica, el tribunal inferior deberá examinar ahora el expediente administrativo completo, incluidas las pruebas clasificadas, antes de decidir si esa justificación concreta está suficientemente respaldada y puede sostenerse legalmente.

La resolución es limitada. No concluye que DJI no tenga relación con el sector de defensa chino, no descarta todos los fundamentos de la designación y tampoco ordena la retirada inmediata de la empresa de la lista del Pentágono. Según la información publicada sobre el fallo, la corte rechazó tres argumentos generales de DJI y remitió únicamente la cuestión del expediente clasificado para una nueva revisión.

Por qué importa el expediente clasificado

Las designaciones relacionadas con la seguridad nacional suelen incluir información que el Gobierno considera demasiado sensible para hacerla pública. La decisión del Circuito del Distrito de Columbia no impide que el Departamento de Defensa utilice material clasificado. Lo que exige es que el tribunal que revisa la decisión examine las pruebas en las que se apoya el Gobierno cuando el expediente público no explica por sí solo una conclusión central.

La diferencia es importante también para otras empresas sometidas a designaciones similares. Una agencia puede proteger información sensible de la divulgación pública, pero el tribunal debe realizar una revisión efectiva de las pruebas que sustentan la decisión administrativa. Por eso, el fallo afecta tanto al futuro inmediato de DJI como al modo en que los jueces supervisan las clasificaciones vinculadas a la seguridad nacional.

Qué cambia para los compradores de drones y el sector agrícola

DJI fabrica drones de consumo y comerciales utilizados por organismos públicos, empresas y aficionados. Entre sus usos comerciales están la captura de imágenes, las inspecciones, la seguridad pública, la cartografía y las operaciones agrícolas.

En el campo, estas plataformas pueden servir para obtener imágenes de las parcelas, vigilar los cultivos, elaborar mapas y apoyar procesos de aplicación de precisión. Grand View Research estimó en 506,3 millones de dólares el tamaño del mercado estadounidense de drones agrícolas en 2024 e incluyó a DJI entre las empresas que operan en ese sector.

El fallo de la corte de apelaciones no cambia por sí solo lo que todos los clientes estadounidenses pueden comprar o utilizar. El caso de la Sección 1260H es independiente de otras posibles restricciones en materia de importaciones, contratación pública, telecomunicaciones, aviación o autorización de equipos.

Para las explotaciones agrícolas y los operadores comerciales, la conclusión inmediata es de continuidad con incertidumbre jurídica: DJI sigue designada mientras el tribunal inferior realiza la revisión ordenada. El resultado final podría influir en la capacidad de la empresa para impugnar la etiqueta del Pentágono, pero la decisión del 14 de agosto no elimina la designación ni resuelve definitivamente las reclamaciones más amplias de DJI.