Los demandantes acusaron a los medios de ANL de haber utilizado métodos ilegales para obtener información relacionada con artículos publicados entre 1997 y 2015. Entre las prácticas alegadas estaban la intervención de teléfonos, el engaño para conseguir datos privados —conocido en el ámbito británico como blagging—, la vigilancia y el uso de investigadores privados. ANL negó las acusaciones.
El 7 de julio de 2026, Nicklin desestimó íntegramente las demandas. La decisión no significa que las violaciones de la privacidad carezcan de relevancia jurídica. El fallo concluyó, más concretamente, que estos siete demandantes no habían demostrado con pruebas suficientemente fiables las acusaciones específicas formuladas contra ANL.
Nicklin describió el planteamiento de los demandantes como «especulativo y sustancialmente inferencial». En términos prácticos, consideró que el caso dependía demasiado de deducciones y que no establecía un vínculo probatorio suficientemente sólido entre las conductas denunciadas y las situaciones particulares de cada demandante.
La distinción es importante: un tribunal puede admitir que en un contexto más amplio de la prensa pudieron producirse prácticas ilegales y, al mismo tiempo, concluir que las pruebas no demuestran las acusaciones concretas presentadas en un juicio determinado.
Por eso, el fallo rechazó las siete demandas tal como fueron planteadas y probadas durante el proceso. No constituye una conclusión general de que todas las acusaciones históricas de malas prácticas en la prensa sensacionalista sean falsas.
En los tribunales ingleses, lo habitual es que las costas se calculen sobre la llamada «base estándar». Una orden sobre «base indemnizatoria» favorece más a la parte vencedora y suele reservarse para casos en los que la conducta procesal se aparta claramente de lo razonable.
Nicklin concluyó que, considerada en conjunto, la conducta de los demandantes justificaba esa medida excepcional. La resolución sobre las costas tuvo en cuenta la amplitud y gravedad de las acusaciones, la forma en que se llevó adelante el litigio y la valoración del juez de que el proceso había sido irrazonable.
Aun así, la orden no es un cheque en blanco. ANL no tiene derecho automático a recuperar cada partida incluida en su factura. Durante la evaluación detallada tendrá que demostrar que los gastos fueron razonables y que su importe también lo es. La base indemnizatoria elimina el control habitual de proporcionalidad y modifica el modo de resolver las dudas sobre las partidas discutidas, pero no aprueba de antemano cualquier cantidad reclamada.
Los 9.544.355 libras son un pago provisional: una contribución inicial a las costas mientras las partes avanzan hacia la determinación del importe que ANL podrá recuperar finalmente.
Según lo expuesto en la vista, ANL había solicitado más de 9,9 millones de libras, mientras que el equipo legal de los demandantes defendía una cifra cercana a los 7,9 millones. El juez fijó el pago en la parte alta de ese abanico de expectativas.
La cifra de 34,5 millones de libras corresponde a las costas legales totales reclamadas por ANL, no a una cantidad que los demandantes ya hayan sido condenados a pagar. Si la factura se reduce durante la evaluación, la exposición final será menor. Si se confirma en gran medida, el seguro disponible podría dejar al grupo afrontando varios millones adicionales.
La resolución sobre las costas no elimina necesariamente todas las opciones procesales. El 2 de octubre aparece como fecha límite para solicitar autorización o tramitar un recurso relacionado con esa decisión. Un recurso no suspendería por sí solo la obligación de pago: sería necesario que el tribunal concediera una suspensión o modificara la orden.
Simon Hughes dijo que estaba estudiando la posibilidad de recurrir. Por su parte, ANL presentó el resultado como una victoria aplastante. Cualquier recurso tendría que centrarse en la base jurídica de la resolución y no limitarse a reabrir el caso porque los demandantes discrepen del desenlace.
La decisión supone un golpe importante para la campaña legal más amplia de Harry contra los editores de periódicos británicos. El resultado contrasta con su victoria frente a Mirror Group Newspapers, caso en el que recibió 140.600 libras, y con la disculpa y el acuerdo posterior alcanzado con News Group Newspapers.
En el litigio contra ANL, sin embargo, su demanda contra la editora del Daily Mail queda cerrada en primera instancia con una derrota total. Las cuestiones pendientes son ahora principalmente económicas y procesales: cuánto de los 34,5 millones de libras reclamados será finalmente admitido, si prosperará un recurso y si el pago inicial de 9,54 millones irá seguido de una condena mayor.
El fallo llega, además, en un momento de renovada atención sobre la vida del duque y la duquesa de Sussex. Informaciones publicadas por medios británicos y Reuters señalan que Harry y Meghan planean trasladarse durante un periodo prolongado de California a Gran Bretaña junto a sus hijos, Archie y Lilibet. El plan se presentó como una mudanza anunciada, no como un regreso a sus funciones oficiales dentro de la familia real.
El Tribunal Superior rechazó las siete demandas porque las pruebas no demostraban suficientemente las prácticas ilegales de obtención de información denunciadas por estos demandantes. Después impuso una orden de costas sobre base indemnizatoria al considerar que el litigio, evaluado en conjunto, se había conducido de forma irrazonable.
El efecto inmediato es un pago provisional de 9,54 millones de libras antes del 28 de agosto. La exposición económica podría aumentar, pero el importe definitivo todavía no está fijado.