Las reglas también alcanzan los ingresos producidos durante la existencia del fideicomiso, aunque todavía no se hayan distribuido al beneficiario o al aportante. Según la naturaleza de esos ingresos, pueden clasificarse como rentas derivadas de la transferencia de bienes o como intereses, dividendos y bonificaciones.
El enfoque es, por tanto, de transparencia fiscal: las autoridades miran a través de la estructura y no solo al momento de su constitución. El impuesto puede surgir cuando se aportan los activos y nuevamente cuando el fideicomiso genera ingresos, en lugar de activarse únicamente al distribuir los bienes o liquidar la estructura.
Las reglas entraron en vigor de inmediato el 24 de julio de 2026, pero también establecen un periodo de 90 días para determinadas obligaciones históricas pendientes. La orientación técnica indica que la transición puede incluir impuestos no pagados relacionados con bienes transferidos por personas residentes a fideicomisos offshore entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025, además de ciertos impuestos pendientes sobre ingresos anteriores del fideicomiso.
El alcance exacto puede depender de la condición fiscal del contribuyente, la fecha de la transferencia y la naturaleza de los ingresos del fideicomiso. Las familias con estructuras antiguas deberían revisar el historial de aportaciones y los registros de ingresos, en lugar de asumir que solo importan las distribuciones recientes.
La información pública no es completamente coherente sobre el último día del plazo de 90 días. Un informe de CNBC señala que las familias tienen hasta el 21 de octubre de 2026 para declarar y pagar los impuestos adeudados por determinadas transferencias realizadas desde comienzos de 2023. En cambio, varios análisis fiscales y jurídicos cuentan 90 días desde la entrada en vigor del 24 de julio y sitúan la fecha aproximada en el 22 de octubre de 2026.
Dado que el marco oficial se describe como un plazo de 90 días desde la entrada en vigor de las reglas, los contribuyentes afectados no deberían basarse únicamente en una fecha publicada por los medios. Lo prudente es confirmar el plazo operativo y el procedimiento de presentación con asesores especializados en fiscalidad de la República Popular China o con la oficina tributaria local correspondiente.
La ventana de 90 días es una oportunidad para ponerse al día, no una amnistía general. Quienes declaren y paguen dentro del periodo las obligaciones específicas pendientes pueden evitar el recargo por pago tardío.
Si el plazo se supera, las autoridades pueden gestionar la deuda conforme a las leyes y reglamentos aplicables, incluidos recargos por mora y, cuando corresponda, otras sanciones. La estrategia más segura consiste en determinar la obligación, conservar la documentación que respalde la valoración y la base fiscal, y resolver las dudas antes de que termine el periodo transitorio.
Abogados y asesores informan de que clientes chinos con grandes patrimonios están reevaluando sus fideicomisos offshore y sus inversiones en el extranjero. La revisión suele incluir el valor atribuido a los activos aportados, la residencia fiscal de la familia, las pólizas de seguro contratadas fuera de China y la posibilidad de conservar activos extranjeros sin crear riesgos fiscales o de declaración pendientes.
No hay pruebas claras de una reacción única, como una carrera generalizada para deshacer los fideicomisos. Por ahora, la respuesta parece ser un fuerte aumento del trabajo fiscal, jurídico y de estructuración, mientras las familias intentan anticipar cómo aplicarán las autoridades locales las nuevas reglas. Según informes, la Administración Estatal de Impuestos está capacitando a funcionarios locales para mejorar la uniformidad de la aplicación, una señal de que todavía quedan cuestiones técnicas por resolver.
El nuevo régimen reduce el atractivo de trasladar activos al extranjero únicamente para aplazar impuestos chinos. Algunas familias podrían regularizar activos que no habían declarado, reducir nuevas asignaciones offshore o devolver patrimonio a estructuras más fáciles de documentar y reportar.
Otras podrían dar más importancia a cambios genuinos de residencia fiscal, a la diversificación internacional y al asesoramiento en centros financieros como Hong Kong y Singapur. Esto podría impulsar la demanda de servicios jurídicos, fiscales y de gestión patrimonial en esos mercados, aunque también debilitaría su papel como simples lugares de registro para patrimonio que sigue vinculado a residentes fiscales chinos. La dirección de los flujos de capital aún no está definida: las fuentes disponibles respaldan escenarios contrapuestos, no una previsión concluyente.
Las reglas sobre fideicomisos también podrían formar parte de una campaña de fiscalización más amplia. Los ingresos procedentes de seguros offshore parecen estar entre los primeros objetivos, mientras que diversos análisis e informes financieros apuntan a que el escrutinio podría extenderse a otros activos extranjeros y a ingresos de inversiones en el exterior. Las afirmaciones sobre ingresos laborales obtenidos fuera de China deben tomarse con mayor cautela hasta que las autoridades publiquen orientaciones específicas.
La coincidencia temporal entre la campaña contra la riqueza offshore y el deterioro del mercado chino del lujo ha alimentado el debate. Las ventas de las 25 principales marcas de lujo habrían caído más de un 10% interanual en julio. Louis Vuitton, Dior y Gucci registraron descensos de dos dígitos; Hermès pasó del crecimiento a la contracción, mientras que Chanel y Prada continuaron creciendo, aunque a un ritmo más lento.
Eso no demuestra que las nuevas reglas fiscales hayan causado por sí solas la caída. El mercado continental chino de artículos de lujo personales ya se había contraído entre un 3% y un 5% en 2025, después de un descenso mucho más pronunciado en 2024, en un contexto de menor confianza, presión sobre el sector inmobiliario y un consumo más prudente.
La interpretación más sólida es que la campaña fiscal puede estar añadiendo un efecto de cautela. Los consumidores de mayores ingresos, ante una posible carga fiscal en efectivo más elevada y un escrutinio creciente de su patrimonio extranjero, podrían aplazar compras ostentosas o discrecionales. Sin embargo, los datos de ventas de julio no permiten separar por sí solos el impacto de la fiscalización tributaria del enfriamiento económico y del debilitamiento general del consumo.
Para los residentes fiscales chinos con fideicomisos offshore, el cambio principal no es únicamente una nueva tasa del 20%. Es el paso hacia una tributación que sigue el ciclo de vida completo del fideicomiso: la apreciación de los activos al aportarlos, los ingresos que genera la estructura y, potencialmente, acontecimientos posteriores como las distribuciones o la liquidación.
Las estructuras existentes deberían revisarse cuanto antes, prestando atención a las fechas de transferencia, la base fiscal, las valoraciones, los ingresos acumulados, la residencia fiscal, los vínculos con pólizas de seguro y los reportes históricos. El plazo de 90 días se sitúa ampliamente en torno al 21 o el 22 de octubre de 2026, pero esa discrepancia es precisamente una razón para obtener confirmación directa y no esperar a una aclaración posterior.
El efecto más probable no es la desaparición de la planificación patrimonial offshore, sino su reorganización y formalización: los flujos de gestión de grandes patrimonios en Asia podrían cambiar de destino, estructura y nivel de transparencia.