En 2025, el Departamento de Estado afirmó que la AP y la OLP no habían cumplido las condiciones que Estados Unidos considera necesarias para convertirse en socios de paz. Según la posición oficial estadounidense, las organizaciones debían repudiar de forma constante el terrorismo —incluido el ataque del 7 de octubre de 2023— y terminar con lo que Washington describe como incitación al terrorismo en el sistema educativo palestino.
Estados Unidos también cuestionó las iniciativas diplomáticas palestinas emprendidas fuera de negociaciones directas con Israel. En un informe posterior, el Departamento de Estado acusó a la AP de promover el reconocimiento internacional de un Estado palestino y de respaldar acciones jurídicas y diplomáticas en instituciones internacionales que, a juicio de Washington, contradicen compromisos previos con la no violencia y la solución de dos Estados.
Estas afirmaciones reflejan las acusaciones y justificaciones políticas del Gobierno estadounidense. La información disponible no las presenta como conclusiones independientes y definitivamente establecidas por una autoridad judicial o internacional.
Las restricciones afectaron a Abbas y a aproximadamente otros 80 funcionarios palestinos que esperaban asistir a la Asamblea General en Nueva York. El Departamento de Estado indicó que los diplomáticos destinados en la misión palestina ante la ONU podían obtener exenciones, lo que permitía a la misión seguir funcionando aunque los dirigentes y delegaciones de alto nivel quedaran excluidos.
La Autoridad Palestina condenó la decisión y sostuvo que violaba el derecho internacional y el Acuerdo de Sede de la ONU de 1947. El problema pasó entonces del terreno migratorio al procedimental: Abbas no podía entrar en Estados Unidos, pero Palestina seguía reclamando su derecho a participar en el debate de alto nivel.
El 19 de septiembre de 2025, la Asamblea General aprobó una resolución para que Palestina pudiera presentar un mensaje pregrabado de su presidente y participar por videoconferencia. La votación fue de 145 países a favor, cinco en contra y seis abstenciones. Estados Unidos e Israel estuvieron entre los países que rechazaron la medida.
Gracias a ese mecanismo, Abbas pudo dirigirse a la Asamblea desde Ramala, en lugar de hacerlo presencialmente en el salón de Naciones Unidas en Nueva York.
Abbas pidió al presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, que intercediera ante el presidente estadounidense, Donald Trump. Turquía es un respaldo diplomático destacado de la representación palestina y Erdoğan mantiene un canal directo con Trump. Según los reportes, el mandatario turco planteó el asunto a su homólogo estadounidense, pero Washington no dio señales de que fuera a revertir la restricción.
Las fuentes disponibles no ofrecen una explicación pública estadounidense independiente sobre por qué fracasó esa gestión. Lo que sí indican es que la administración mantuvo la misma posición de fondo que había desembocado en las restricciones de visado de 2025.
El núcleo de la disputa es si Estados Unidos, como país anfitrión, puede negar la entrada a funcionarios palestinos que viajan a la sede de Naciones Unidas y, al mismo tiempo, cumplir el Acuerdo de Sede de 1947.
Funcionarios palestinos y expertos de la ONU han sostenido que el acuerdo obliga a Estados Unidos a no imponer obstáculos al tránsito de representantes hacia el distrito de la sede de la organización. Expertos de Naciones Unidas instaron específicamente a Washington a conceder visados a los dirigentes palestinos y citaron las disposiciones del acuerdo sobre el acceso.
Washington defiende la interpretación contraria: afirma que puede aplicar restricciones migratorias, de seguridad, relacionadas con el extremismo y de política exterior incluso cuando el viaje tenga como destino la ONU. El resultado es una controversia jurídica y diplomática de gran alcance. La decisión sobre los visados no determina por sí sola si la interpretación estadounidense o la palestina y de la ONU es la correcta.
Si Abbas continúa sin poder viajar, la Asamblea General podría tener que aprobar otra medida de procedimiento que autorice a Palestina a participar a distancia, ya sea mediante un discurso pregrabado o una videoconferencia en directo. La resolución de 2025 fue redactada para la 80.ª sesión y no debe considerarse automáticamente una autorización permanente para sesiones posteriores.
El precedente práctico, sin embargo, es claro: una restricción estadounidense de entrada puede impedir que Abbas pronuncie su discurso en persona, pero la Asamblea General puede crear un mecanismo separado para preservar la participación palestina. La eventual adopción de una nueva medida dependerá de la decisión de los Estados miembros y de si Washington cambia de postura antes de la reunión de septiembre.
El caso de Abbas forma parte de una política estadounidense más amplia. La Proclamación Presidencial 10998, en vigor desde el 1 de enero de 2026, suspendió total o parcialmente la entrada y la emisión de visados para ciudadanos de 39 países y para personas que soliciten viajar con documentos emitidos o respaldados por la Autoridad Palestina.
Según la información relacionada con el Departamento de Estado, el marco contempla excepciones limitadas para funcionarios palestinos vinculados con la misión palestina ante la ONU. Esa distinción permite que la misión permanente siga trabajando, pero deja expuestos a la exclusión a altos funcionarios de la AP y a delegaciones temporales que pretendan asistir a actos de alto nivel.
Por eso, la disputa no se limita a los planes de viaje de un solo dirigente. También plantea hasta dónde llegan las facultades estadounidenses en materia de inmigración y seguridad nacional, cómo responde la AP por su conducta diplomática y qué obligaciones tiene un país anfitrión para facilitar el acceso a la sede de Naciones Unidas.
En 2025, el Departamento de Estado afirmó que la AP y la OLP no habían cumplido las condiciones que Estados Unidos considera necesarias para convertirse en socios de paz. Según la posición oficial estadounidense, las organizaciones debían repudiar de forma constante el terrorismo —incluido el ataque del 7 de octubre de 2023— y terminar con lo que Washington describe como incitación al terrorismo en el sistema educativo palestino.
Estados Unidos también cuestionó las iniciativas diplomáticas palestinas emprendidas fuera de negociaciones directas con Israel. En un informe posterior, el Departamento de Estado acusó a la AP de promover el reconocimiento internacional de un Estado palestino y de respaldar acciones jurídicas y diplomáticas en instituciones internacionales que, a juicio de Washington, contradicen compromisos previos con la no violencia y la solución de dos Estados.
Estas afirmaciones reflejan las acusaciones y justificaciones políticas del Gobierno estadounidense. La información disponible no las presenta como conclusiones independientes y definitivamente establecidas por una autoridad judicial o internacional.
Las restricciones afectaron a Abbas y a aproximadamente otros 80 funcionarios palestinos que esperaban asistir a la Asamblea General en Nueva York. El Departamento de Estado indicó que los diplomáticos destinados en la misión palestina ante la ONU podían obtener exenciones, lo que permitía a la misión seguir funcionando aunque los dirigentes y delegaciones de alto nivel quedaran excluidos.
La Autoridad Palestina condenó la decisión y sostuvo que violaba el derecho internacional y el Acuerdo de Sede de la ONU de 1947. El problema pasó entonces del terreno migratorio al procedimental: Abbas no podía entrar en Estados Unidos, pero Palestina seguía reclamando su derecho a participar en el debate de alto nivel.
El 19 de septiembre de 2025, la Asamblea General aprobó una resolución para que Palestina pudiera presentar un mensaje pregrabado de su presidente y participar por videoconferencia. La votación fue de 145 países a favor, cinco en contra y seis abstenciones. Estados Unidos e Israel estuvieron entre los países que rechazaron la medida.
Gracias a ese mecanismo, Abbas pudo dirigirse a la Asamblea desde Ramala, en lugar de hacerlo presencialmente en el salón de Naciones Unidas en Nueva York.
Abbas pidió al presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, que intercediera ante el presidente estadounidense, Donald Trump. Turquía es un respaldo diplomático destacado de la representación palestina y Erdoğan mantiene un canal directo con Trump. Según los reportes, el mandatario turco planteó el asunto a su homólogo estadounidense, pero Washington no dio señales de que fuera a revertir la restricción.
Las fuentes disponibles no ofrecen una explicación pública estadounidense independiente sobre por qué fracasó esa gestión. Lo que sí indican es que la administración mantuvo la misma posición de fondo que había desembocado en las restricciones de visado de 2025.
El núcleo de la disputa es si Estados Unidos, como país anfitrión, puede negar la entrada a funcionarios palestinos que viajan a la sede de Naciones Unidas y, al mismo tiempo, cumplir el Acuerdo de Sede de 1947.
Funcionarios palestinos y expertos de la ONU han sostenido que el acuerdo obliga a Estados Unidos a no imponer obstáculos al tránsito de representantes hacia el distrito de la sede de la organización. Expertos de Naciones Unidas instaron específicamente a Washington a conceder visados a los dirigentes palestinos y citaron las disposiciones del acuerdo sobre el acceso.
Washington defiende la interpretación contraria: afirma que puede aplicar restricciones migratorias, de seguridad, relacionadas con el extremismo y de política exterior incluso cuando el viaje tenga como destino la ONU. El resultado es una controversia jurídica y diplomática de gran alcance. La decisión sobre los visados no determina por sí sola si la interpretación estadounidense o la palestina y de la ONU es la correcta.
Si Abbas continúa sin poder viajar, la Asamblea General podría tener que aprobar otra medida de procedimiento que autorice a Palestina a participar a distancia, ya sea mediante un discurso pregrabado o una videoconferencia en directo. La resolución de 2025 fue redactada para la 80.ª sesión y no debe considerarse automáticamente una autorización permanente para sesiones posteriores.
El precedente práctico, sin embargo, es claro: una restricción estadounidense de entrada puede impedir que Abbas pronuncie su discurso en persona, pero la Asamblea General puede crear un mecanismo separado para preservar la participación palestina. La eventual adopción de una nueva medida dependerá de la decisión de los Estados miembros y de si Washington cambia de postura antes de la reunión de septiembre.
El caso de Abbas forma parte de una política estadounidense más amplia. La Proclamación Presidencial 10998, en vigor desde el 1 de enero de 2026, suspendió total o parcialmente la entrada y la emisión de visados para ciudadanos de 39 países y para personas que soliciten viajar con documentos emitidos o respaldados por la Autoridad Palestina.
Según la información relacionada con el Departamento de Estado, el marco contempla excepciones limitadas para funcionarios palestinos vinculados con la misión palestina ante la ONU. Esa distinción permite que la misión permanente siga trabajando, pero deja expuestos a la exclusión a altos funcionarios de la AP y a delegaciones temporales que pretendan asistir a actos de alto nivel.
Por eso, la disputa no se limita a los planes de viaje de un solo dirigente. También plantea hasta dónde llegan las facultades estadounidenses en materia de inmigración y seguridad nacional, cómo responde la AP por su conducta diplomática y qué obligaciones tiene un país anfitrión para facilitar el acceso a la sede de Naciones Unidas.