El memorando de entendimiento firmado en junio establecía un marco para detener las operaciones militares, negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y avanzar hacia la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte mundial de petróleo y gas. El documento fijaba un máximo de 60 días para alcanzar el acuerdo final.
Ese plazo expiró el 17 de agosto sin que se cumplieran esos objetivos. No hubo un avance sustancial en las negociaciones nucleares, Ormuz siguió sometido a fuertes restricciones y la guerra entró en su semana 24, muy lejos de la estimación inicial de Donald Trump, que había calculado que el conflicto duraría entre cuatro y cinco semanas.
Trump afirmó que Irán quiere llegar a un acuerdo, pero no uno que satisfaga el estándar de Estados Unidos. La administración descartó ampliar el periodo de negociación, una decisión que indica un cambio de cálculo: el tiempo, las sanciones, el bloqueo de puertos y el deterioro de la economía iraní pasan a ser instrumentos de negociación en sí mismos.
La incertidumbre no se limita al contenido de las conversaciones, sino también a su existencia. Trump había dicho previamente que los contactos con Teherán habían comenzado. Irán negó esa afirmación y sostuvo que sus conversaciones se desarrollaban con Omán para tratar de organizar el tránsito marítimo por Ormuz.
Jared Kushner, presentado como enviado especial, describió los contactos entre Washington y Teherán como conversaciones “positivas” y “activas”. Sin embargo, Trump afirmó después en Truth Social que no había conversaciones ni contactos con la República Islámica de Irán, ni tampoco reuniones programadas.
La versión iraní es más limitada: el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, dijo que no había negociaciones directas y que la comunicación se reducía al intercambio de mensajes a través de intermediarios. Esa diferencia puede reflejar tanto una disputa sobre el significado de “negociaciones” como un intento de cada gobierno de evitar parecer que está haciendo concesiones.
El estrecho de Ormuz concentra la contradicción más visible. Trump sostiene que Estados Unidos tiene el control total de la vía marítima y que el estrecho está “abierto y operando”; también afirmó que las minas habían sido retiradas o detonadas. Irán, en cambio, insiste en que permanecerá cerrado hasta que Washington levante el bloqueo naval sobre sus puertos, retire las sanciones y ponga fin a las amenazas militares.
Los informes sobre navegación han descrito el paso como prácticamente cerrado o muy restringido, aunque el volumen exacto del tráfico ha variado. Teherán también ha amenazado con pasar de una postura defensiva a otra “plenamente ofensiva” si no se aplica un acuerdo provisional. Estados Unidos ha rechazado cualquier fórmula que otorgue a Irán el control sobre los buques que ingresan al golfo.
Así, incluso una eventual reapertura dependería de quién administre el tránsito y bajo qué condiciones. No se trata únicamente de que vuelvan a navegar los petroleros: ambas partes disputan quién puede imponer las reglas de seguridad y quién obtiene la ventaja política de la reapertura.
Emiratos Árabes Unidos anunció la suspensión, hasta nuevo aviso, de todas las transacciones comerciales, económicas y financieras con Irán. Abu Dabi acusó a Teherán de lanzar dos misiles balísticos; el Gobierno iraní negó haber realizado el ataque y cuestionó la versión emiratí.
La medida es especialmente significativa porque Emiratos ha sido un importante socio comercial y canal financiero para una economía iraní sometida a sanciones. El corte puede dificultar aún más el acceso de Teherán a importaciones, divisas, mecanismos de pago y operaciones de reexportación.
El impacto potencial se suma a problemas internos ya graves: inflación elevada y aumento de los precios de los alimentos. En esas condiciones, una nueva restricción externa puede trasladarse con rapidez a la vida cotidiana mediante escasez, encarecimiento de productos y mayor presión sobre el Gobierno iraní. No significa necesariamente que Teherán vaya a ceder, pero sí reduce su margen económico y puede elevar el coste político de prolongar la confrontación.
La situación puede prolongarse porque ninguna de las dos partes ha aceptado las condiciones de la otra. Washington puede mantener el cerco económico y conserva la posibilidad de lanzar nuevos ataques. Irán, por su parte, puede sostener la interrupción del tráfico marítimo, las amenazas con misiles y una escalada gradual diseñada para aumentar los costes sin desencadenar necesariamente una guerra total.
Ese equilibrio es duradero solo en un sentido limitado: evita por ahora una solución, pero no elimina el riesgo de un nuevo choque. Cada amenaza, ataque contra un buque o error de cálculo puede cerrar el estrecho durante más tiempo y hacer más difícil que los dirigentes regresen a la mesa de negociación sin perder credibilidad.
La lógica de Washington parece ser que el tiempo juega a su favor: las sanciones y la presión militar debilitarían la capacidad iraní de resistir. La lógica de Teherán es la contraria: mantener el coste regional y energético de la guerra podría obligar a Estados Unidos a retirar el bloqueo y aceptar concesiones. Mientras ambas evaluaciones sigan intactas, el alto el fuego seguirá siendo más una pausa armada que un acuerdo estable.
Los inversores han empezado a valorar la crisis de Ormuz como un problema prolongado y no como un sobresalto pasajero. El Brent llegó a superar los 91 dólares por barril y se ha mantenido cerca de los 90 dólares, aproximadamente un 50 % por encima del comienzo del año según análisis de Reuters.
El encarecimiento del crudo aumenta el riesgo de inflación y complica la política de los bancos centrales. En Estados Unidos, el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años alcanzó el 5,327 %, su nivel más alto desde 2007, impulsado por el temor a una escalada bélica, el petróleo caro, las necesidades de financiación del Gobierno y la oferta de deuda.
La incertidumbre también ha presionado a las bolsas y a los fabricantes de chips. Las acciones asiáticas sensibles a los semiconductores pueden verse afectadas por el aumento de los costes de energía y transporte, así como por una inflación que reduzca la demanda mundial de productos manufacturados.
El resultado es un conflicto que dejó de medirse solo en términos militares. La disputa por Ormuz afecta simultáneamente a la inflación, los bonos, las cadenas de suministro y las expectativas de crecimiento. Mientras no exista un mecanismo verificable para reabrir el estrecho y retomar las negociaciones, la estrategia de presión de Washington y la respuesta de Teherán seguirán alimentando un punto muerto prolongado y altamente inestable.
El memorando de entendimiento firmado en junio establecía un marco para detener las operaciones militares, negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y avanzar hacia la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte mundial de petróleo y gas. El documento fijaba un máximo de 60 días para alcanzar el acuerdo final.
Ese plazo expiró el 17 de agosto sin que se cumplieran esos objetivos. No hubo un avance sustancial en las negociaciones nucleares, Ormuz siguió sometido a fuertes restricciones y la guerra entró en su semana 24, muy lejos de la estimación inicial de Donald Trump, que había calculado que el conflicto duraría entre cuatro y cinco semanas.
Trump afirmó que Irán quiere llegar a un acuerdo, pero no uno que satisfaga el estándar de Estados Unidos. La administración descartó ampliar el periodo de negociación, una decisión que indica un cambio de cálculo: el tiempo, las sanciones, el bloqueo de puertos y el deterioro de la economía iraní pasan a ser instrumentos de negociación en sí mismos.
La incertidumbre no se limita al contenido de las conversaciones, sino también a su existencia. Trump había dicho previamente que los contactos con Teherán habían comenzado. Irán negó esa afirmación y sostuvo que sus conversaciones se desarrollaban con Omán para tratar de organizar el tránsito marítimo por Ormuz.
Jared Kushner, presentado como enviado especial, describió los contactos entre Washington y Teherán como conversaciones “positivas” y “activas”. Sin embargo, Trump afirmó después en Truth Social que no había conversaciones ni contactos con la República Islámica de Irán, ni tampoco reuniones programadas.
La versión iraní es más limitada: el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, dijo que no había negociaciones directas y que la comunicación se reducía al intercambio de mensajes a través de intermediarios. Esa diferencia puede reflejar tanto una disputa sobre el significado de “negociaciones” como un intento de cada gobierno de evitar parecer que está haciendo concesiones.
El estrecho de Ormuz concentra la contradicción más visible. Trump sostiene que Estados Unidos tiene el control total de la vía marítima y que el estrecho está “abierto y operando”; también afirmó que las minas habían sido retiradas o detonadas. Irán, en cambio, insiste en que permanecerá cerrado hasta que Washington levante el bloqueo naval sobre sus puertos, retire las sanciones y ponga fin a las amenazas militares.
Los informes sobre navegación han descrito el paso como prácticamente cerrado o muy restringido, aunque el volumen exacto del tráfico ha variado. Teherán también ha amenazado con pasar de una postura defensiva a otra “plenamente ofensiva” si no se aplica un acuerdo provisional. Estados Unidos ha rechazado cualquier fórmula que otorgue a Irán el control sobre los buques que ingresan al golfo.
Así, incluso una eventual reapertura dependería de quién administre el tránsito y bajo qué condiciones. No se trata únicamente de que vuelvan a navegar los petroleros: ambas partes disputan quién puede imponer las reglas de seguridad y quién obtiene la ventaja política de la reapertura.
Emiratos Árabes Unidos anunció la suspensión, hasta nuevo aviso, de todas las transacciones comerciales, económicas y financieras con Irán. Abu Dabi acusó a Teherán de lanzar dos misiles balísticos; el Gobierno iraní negó haber realizado el ataque y cuestionó la versión emiratí.
La medida es especialmente significativa porque Emiratos ha sido un importante socio comercial y canal financiero para una economía iraní sometida a sanciones. El corte puede dificultar aún más el acceso de Teherán a importaciones, divisas, mecanismos de pago y operaciones de reexportación.
El impacto potencial se suma a problemas internos ya graves: inflación elevada y aumento de los precios de los alimentos. En esas condiciones, una nueva restricción externa puede trasladarse con rapidez a la vida cotidiana mediante escasez, encarecimiento de productos y mayor presión sobre el Gobierno iraní. No significa necesariamente que Teherán vaya a ceder, pero sí reduce su margen económico y puede elevar el coste político de prolongar la confrontación.
La situación puede prolongarse porque ninguna de las dos partes ha aceptado las condiciones de la otra. Washington puede mantener el cerco económico y conserva la posibilidad de lanzar nuevos ataques. Irán, por su parte, puede sostener la interrupción del tráfico marítimo, las amenazas con misiles y una escalada gradual diseñada para aumentar los costes sin desencadenar necesariamente una guerra total.
Ese equilibrio es duradero solo en un sentido limitado: evita por ahora una solución, pero no elimina el riesgo de un nuevo choque. Cada amenaza, ataque contra un buque o error de cálculo puede cerrar el estrecho durante más tiempo y hacer más difícil que los dirigentes regresen a la mesa de negociación sin perder credibilidad.
La lógica de Washington parece ser que el tiempo juega a su favor: las sanciones y la presión militar debilitarían la capacidad iraní de resistir. La lógica de Teherán es la contraria: mantener el coste regional y energético de la guerra podría obligar a Estados Unidos a retirar el bloqueo y aceptar concesiones. Mientras ambas evaluaciones sigan intactas, el alto el fuego seguirá siendo más una pausa armada que un acuerdo estable.
Los inversores han empezado a valorar la crisis de Ormuz como un problema prolongado y no como un sobresalto pasajero. El Brent llegó a superar los 91 dólares por barril y se ha mantenido cerca de los 90 dólares, aproximadamente un 50 % por encima del comienzo del año según análisis de Reuters.
El encarecimiento del crudo aumenta el riesgo de inflación y complica la política de los bancos centrales. En Estados Unidos, el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años alcanzó el 5,327 %, su nivel más alto desde 2007, impulsado por el temor a una escalada bélica, el petróleo caro, las necesidades de financiación del Gobierno y la oferta de deuda.
La incertidumbre también ha presionado a las bolsas y a los fabricantes de chips. Las acciones asiáticas sensibles a los semiconductores pueden verse afectadas por el aumento de los costes de energía y transporte, así como por una inflación que reduzca la demanda mundial de productos manufacturados.
El resultado es un conflicto que dejó de medirse solo en términos militares. La disputa por Ormuz afecta simultáneamente a la inflación, los bonos, las cadenas de suministro y las expectativas de crecimiento. Mientras no exista un mecanismo verificable para reabrir el estrecho y retomar las negociaciones, la estrategia de presión de Washington y la respuesta de Teherán seguirán alimentando un punto muerto prolongado y altamente inestable.