Según las autoridades taiwanesas:
Los sectores bajo escrutinio incluyen semiconductores, diseño de circuitos integrados, chips para pantallas, materiales compuestos, baterías, inteligencia artificial y otras áreas de alta tecnología.
La Oficina de Investigación nombró a 17 compañías. Entre ellas figuran Actions Technology, Juequan Optoelectronics (Shanghai), Nationalchip Microelectronics, Jiangsu Aosheng Composite Materials, Guangdong Cellwise Microelectronics, ACM Research (Shanghai) y Zhuhai CosMX Battery.
Varias de las empresas mencionadas cotizan públicamente en China, entre ellas Nationalchip Microelectronics, Cellwise Microelectronics, ACM Research (Shanghai) y CosMX Battery.
De acuerdo con la oficina, algunas empresas chinas habrían intentado eludir la supervisión mediante varios mecanismos:
Las acusaciones siguen bajo investigación. El anuncio de las autoridades no determina que las empresas sean culpables.
La información disponible no documenta de forma fiable respuestas sustantivas de cada una de las 17 compañías. Por tanto, no hay base suficiente para afirmar que las empresas hayan admitido, rechazado o respondido individualmente a las acusaciones.
No exactamente. La Oficina de Investigación afirma que creó un grupo de trabajo especializado a finales de 2020 y que desde entonces ha gestionado más de 100 casos relacionados.
En mayo de 2022, las autoridades taiwanesas ya habían registrado 10 empresas chinas o sus centros de investigación y desarrollo por una investigación similar sobre el presunto reclutamiento ilegal de ingenieros de chips. En aquella operación, casi 70 personas fueron citadas a declarar.
El caso se produce en medio de la rivalidad política y económica entre Taiwán y China continental. Para Taiwán, su autonomía tecnológica y su liderazgo en chips son asuntos vinculados a la seguridad nacional. Pekín, por su parte, busca ampliar sus capacidades tecnológicas y mantiene su reivindicación de soberanía sobre la isla.
Por eso, Taiwán vigila o restringe las inversiones y actividades empresariales chinas en sectores sensibles de su industria de semiconductores. La importancia de las acusaciones actuales radica en que la supuesta ocultación de la propiedad y el uso de oficinas sin licencia podrían haber servido para sortear esos controles.