En términos prácticos, la corte señaló que el tribunal inferior no podía suponer que la conclusión del Gobierno estaba respaldada por pruebas simplemente porque esas pruebas no aparecían en el expediente público. Ahora deberá revisar el material clasificado mediante un examen privado y sin la presencia de la otra parte —conocido en el sistema estadounidense como revisión in camera y ex parte— y reconsiderar ese componente de la designación.
DJI sostuvo que el Departamento de Defensa designó y posteriormente volvió a designar a la empresa sin ofrecerle un aviso, pruebas ni explicaciones suficientes. Según la compañía, la etiqueta de «empresa militar china» vincula de manera errónea a un fabricante de drones de consumo y uso comercial con las fuerzas armadas chinas, y le ha provocado daños reputacionales y comerciales.
Durante el litigio, DJI también afirmó que la designación afectó su acceso a contratos con el Gobierno estadounidense y a determinadas ayudas federales destinadas al sector energético. La empresa mantuvo que el Gobierno no había demostrado adecuadamente el fundamento de la etiqueta ni le había brindado una oportunidad significativa para responder.
Sin embargo, el tribunal de apelaciones no aceptó todos esos argumentos. Confirmó el rechazo de la impugnación de DJI basada en el debido proceso y dejó vigentes otras partes de la decisión del tribunal inferior.
El resultado inmediato es principalmente procesal:
La diferencia es importante para los usuarios de drones y para las empresas que dependen de ellos. La corte identificó un defecto en la revisión de una cuestión probatoria concreta; no declaró inválida toda la designación.
DJI afirma que nunca ha fabricado equipos militares ni ha comercializado sus drones para el combate. También sostiene que fue el primer fabricante del sector en condenar públicamente y desalentar el uso de sus productos en conflictos armados. Según la empresa, sus políticas prohíben el uso militar y se han aplicado y reforzado mediante distintas medidas.
Estas declaraciones forman parte del argumento más amplio de DJI de que sus productos y su actividad empresarial tienen una finalidad civil. Se trata de la posición de la compañía; la cuestión que deben resolver los tribunales es si el Departamento de Defensa respaldó legalmente la designación conforme al marco normativo aplicable.
DJI es descrita ampliamente como la mayor fabricante de drones del mundo, con sistemas de consumo y comerciales destinados a empresas, Gobiernos, aficionados y otros usuarios. Sus productos se emplean, entre otras áreas, en fotografía y cartografía aérea, inspecciones, seguridad pública y agricultura.
Ese alcance comercial hace que el caso tenga importancia más allá de DJI. Las restricciones relacionadas con una designación del Pentágono pueden afectar los contratos públicos y la reputación de la empresa, mientras que usuarios y organizaciones que trabajan con sus equipos deberán seguir la evolución del litigio.
El sector agrícola merece una atención especial: un análisis de la industria identifica a Norteamérica como el mayor mercado regional de drones agrícolas. El material disponible no ofrece un porcentaje actual y fiable de la cuota de DJI en los mercados comercial o agrícola de Estados Unidos, por lo que conviene tratar con cautela cualquier afirmación sobre una participación exacta.
DJI considera que la decisión del tribunal de apelaciones le brinda una oportunidad importante para revertir lo que califica de designación injustificada. La corte sí detectó un problema en la forma en que el tribunal inferior se apoyó en el expediente no clasificado, pero no exoneró a DJI, no la retiró de la lista del Pentágono ni aceptó todos los argumentos de la empresa.
El siguiente paso será que el tribunal inferior examine las pruebas clasificadas y vuelva a evaluar si el Departamento de Defensa sustentó adecuadamente su conclusión de que DJI contribuye a la base industrial de defensa de China. Hasta que termine ese proceso, la designación seguirá vigente.