Ramón López, representante de la oposición, afirmó que los recursos recuperados se colocarían en una cuenta administrada a través del Tesoro de Estados Unidos y sometida a la supervisión de firmas internacionales de auditoría. Sin embargo, las informaciones disponibles no aclaran si el plan implicaría trasladar físicamente los lingotes, vender el oro y transferir el dinero obtenido, o utilizar otra estructura de custodia. El detalle sobre la cuenta del Tesoro estadounidense tampoco ha sido confirmado públicamente por la Administración de Delcy Rodríguez.
El Banco de Inglaterra custodia aproximadamente 31 toneladas de oro venezolano desde antes de la actual disputa. El acceso a las reservas se volvió controvertido después de que Reino Unido dejara de reconocer al Gobierno de Nicolás Maduro en 2018. Desde entonces, autoridades venezolanas rivales han disputado quién tiene capacidad legal para dar instrucciones al Banco Central de Venezuela y controlar sus reservas en el extranjero.
Por eso, el problema no se reduce a una negativa simple del Banco de Inglaterra a entregar los lingotes. Se trata de un litigio vinculado al reconocimiento político y a la autoridad legal. Según la información publicada en Reino Unido, los tribunales deben determinar qué autoridad venezolana tiene facultades para decidir el destino de los activos. El Banco de Inglaterra y el Ministerio de Exteriores británico no se han comprometido públicamente a liberar el oro.
Durante la pandemia de COVID-19, las autoridades venezolanas ya habían intentado acceder a esas reservas. En aquel momento propusieron canalizar los fondos a través de Naciones Unidas para financiar necesidades sanitarias, pero el intento fue rechazado en los tribunales británicos, según las informaciones citadas en el caso actual.
Los dos terremotos del 24 de junio de 2026 dejaron más de 6.000 muertos, según los reportes publicados en ese momento. El desastre también provocó un impacto económico estimado en el equivalente a cerca del 6 % del producto interior bruto de Venezuela.
La emergencia humanitaria golpeó a un país que ya atravesaba una fuerte presión económica. El Banco Central de Venezuela informó de una inflación mensual cercana al 20 % en julio, mientras las autoridades situaban la reconstrucción y la recuperación del oro depositado en Londres entre sus prioridades urgentes.
Ese contexto ayuda a explicar la cooperación inusual. Aunque las facciones del Gobierno y de la oposición continúan enfrentadas sobre la autoridad política, ambas tienen un interés común en desbloquear recursos para atender a las víctimas y reconstruir las zonas afectadas. No obstante, el consenso alcanzado dentro de Venezuela no puede resolver por sí solo la cuestión legal pendiente en Reino Unido.
Una cuenta del Tesoro de Estados Unidos establecería un mecanismo externo de control y supervisión para los fondos recuperados. Los defensores de la propuesta presentan las auditorías internacionales como una garantía contra posibles desvíos y como una forma de ofrecer confianza a las facciones venezolanas enfrentadas y a los gobiernos extranjeros.
El modelo también colocaría otro recurso estatal venezolano bajo un marco con influencia de Washington. Según las informaciones disponibles, Estados Unidos ha controlado el calendario y el volumen de los desembolsos procedentes de los ingresos de exportación venezolanos, especialmente de las ventas de crudo. Por separado, funcionarios venezolanos han solicitado acceso a unos 4.500 millones de dólares en derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, además de otras cuentas estatales congeladas en Estados Unidos y Europa.
Por esa razón, la estructura propuesta es políticamente sensible. Podría mejorar la rendición de cuentas, pero también aumentar la influencia estadounidense sobre la gestión de los activos venezolanos.
El siguiente paso inmediato no es una transferencia de lingotes. El Gobierno venezolano y los grupos opositores participantes deberán presentar una solicitud conjunta para recuperar las reservas, mientras que los tribunales británicos aún tienen que determinar qué autoridad puede impartir instrucciones válidas sobre esos activos.
La diferencia clave es entre un acuerdo para reclamar el oro y una liberación aprobada por un tribunal. Lo primero ha sido informado; lo segundo todavía no. Hasta que se resuelvan las cuestiones jurídicas y de custodia en Reino Unido, las 31 toneladas siguen siendo una posible fuente de financiación para la reconstrucción, no dinero disponible de inmediato.