El cerco comenzó el 9 de agosto, cuando decenas de colonos se congregaron alrededor de tres viviendas palestinas, bloquearon los caminos y limitaron la capacidad de los residentes para entrar o salir con seguridad. Familiares y autoridades locales afirmaron que el agua y la electricidad fueron cortadas, mientras los colonos levantaban tiendas de campaña y hostigaban a los habitantes. Se informó de que unas 15 personas permanecían atrapadas en las tres casas.
Qusai Abu Rida y su hijo adolescente se encontraban entre quienes estaban dentro. Según los reportes, tuvieron que recurrir al agua de un pozo después de que se interrumpiera el suministro, pero las informaciones disponibles no ofrecen una confirmación posterior sobre su seguridad.
Las fuerzas israelíes entraron o se desplegaron dentro y alrededor de las viviendas, y dijeron que su objetivo era mantener el orden o proteger a los residentes. En un momento dado, el ejército expulsó a algunos colonos y desmontó estructuras, pero los colonos regresaron horas después, según varios reportes.
Además, la zona fue declarada área militar cerrada. La medida restringió el acceso no solo a los colonos, sino también a palestinos, activistas y personas que intentaban llevar alimentos y agua. En la práctica, según la información publicada, esto no supuso una reapertura duradera de las viviendas ni confirmó el fin del campamento de los colonos.
La diferencia es importante: la presencia de tropas no necesariamente devolvió a los residentes la libertad de movimiento ni garantizó que los colonos se mantuvieran alejados. La llegada de Ridi cambió quién estaba dentro de la casa, pero no resolvió por sí sola la crisis de seguridad y acceso.
El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, calificó el cerco de “un acto horripilante de terror” y llamó “terroristas” a los colonos implicados. Sus declaraciones fueron llamativas porque representaron una condena pública especialmente contundente, por parte de un alto funcionario estadounidense, contra la violencia de colonos israelíes dirigida contra residentes palestinos, incluida una vivienda propiedad de un palestino-estadounidense.
La declaración aumentó la presión diplomática, pero no puso fin al cerco por sí misma. Los reportes posteriores a la intervención militar siguieron describiendo restricciones y dudas sobre la situación de las viviendas.
La información sobre Qusra se enmarca en un patrón más amplio de expansión de asentamientos y construcción de puestos de avanzada en Cisjordania. Sin embargo, las fuentes disponibles no permiten confirmar de manera independiente las afirmaciones específicas de que, en ese mismo periodo, se hubieran creado nuevos puestos de avanzada cerca de Umm Safa y Burqa, ni que se hubieran establecido exactamente 200 desde octubre de 2023.
La expansión general sí aparece documentada en otros reportes. Amnistía Internacional, citando a Peace Now, informó de que al cierre de abril de 2026 había 363 puestos de avanzada no autorizados y 163 asentamientos oficiales en Cisjordania, incluida Jerusalén Este. Las cifras pueden variar según se contabilicen por separado los puestos no autorizados, los lugares posteriormente legalizados, los asentamientos oficiales y Jerusalén Este.
Funcionarios de la ONU describieron la violencia de los colonos en Cisjordania como la más alta registrada hasta entonces en 2026 y afirmaron que, en numerosos ataques contra comunidades palestinas, los colonos y las fuerzas de seguridad israelíes habían actuado conjuntamente.
Un informe de la ONU presentado ante el Consejo de Seguridad señaló que las autoridades israelíes habían aprobado o impulsado unas 12.360 unidades de vivienda en la Cisjordania ocupada durante 2026, y que se habían destinado recursos significativos a respaldar 34 nuevos asentamientos. El mismo informe indicó que 76 palestinos, incluidos 18 niños, habían muerto en Cisjordania a manos de fuerzas israelíes o colonos durante ese año, mientras que unas 3.800 personas habían sido desplazadas por la violencia de los colonos, demoliciones y desalojos.
En un informe separado de derechos humanos, la ONU afirmó que la expansión de los asentamientos y la violencia relacionada habían provocado el desplazamiento forzoso de más de 36.000 palestinos durante el periodo de 12 meses analizado.
La ONU describe la Cisjordania ocupada como un territorio donde viven alrededor de 3,4 millones de palestinos. La estimación de Amnistía correspondiente a abril de 2026 situó a los colonos en aproximadamente el 18 % de la población de Cisjordania, aunque las comparaciones dependen de las definiciones geográficas utilizadas, especialmente de si se incluye Jerusalén Este.
La posición de la ONU, reafirmada en la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad, es que los asentamientos israelíes en territorios ocupados desde 1967, incluida Jerusalén Este, “no tienen validez legal” y constituyen una “flagrante violación” del derecho internacional. La resolución también exige el cese inmediato y completo de la actividad de asentamientos.
Funcionarios de derechos humanos de la ONU han afirmado que Israel está obligado a proteger a la población palestina, retirar a los colonos que desplazan violentamente a palestinos y poner fin a la actividad de asentamientos. Otro informe de la ONU señaló que la Corte Internacional de Justicia había concluido que las políticas israelíes de asentamiento y expansión contribuían a la anexión de grandes partes del territorio palestino ocupado y vulneraban el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.
Amnistía Internacional ha ido más allá y ha descrito las políticas y actuaciones israelíes en partes de Cisjordania como limpieza étnica, además de denunciar crímenes de lesa humanidad, incluido el traslado forzoso. Esas son valoraciones jurídicas y de derechos humanos de la organización; no constituyen una sentencia definitiva de un tribunal penal específicamente sobre el cerco de Qusra.
La conclusión prudente sobre el episodio de Qusra es más limitada, pero sigue siendo grave: Ridi llegó a la casa de su familia, mientras que la información disponible no demostró que los residentes hubieran recuperado un acceso seguro y sin restricciones, ni que la amenaza de los colonos que rodeaban las viviendas hubiera sido eliminada de forma duradera. El incidente se convirtió así en un ejemplo especialmente visible de la disputa más amplia por la propiedad palestina, la expansión de los asentamientos y la protección de civiles en la Cisjordania ocupada.
El cerco comenzó el 9 de agosto, cuando decenas de colonos se congregaron alrededor de tres viviendas palestinas, bloquearon los caminos y limitaron la capacidad de los residentes para entrar o salir con seguridad. Familiares y autoridades locales afirmaron que el agua y la electricidad fueron cortadas, mientras los colonos levantaban tiendas de campaña y hostigaban a los habitantes. Se informó de que unas 15 personas permanecían atrapadas en las tres casas.
Qusai Abu Rida y su hijo adolescente se encontraban entre quienes estaban dentro. Según los reportes, tuvieron que recurrir al agua de un pozo después de que se interrumpiera el suministro, pero las informaciones disponibles no ofrecen una confirmación posterior sobre su seguridad.
Las fuerzas israelíes entraron o se desplegaron dentro y alrededor de las viviendas, y dijeron que su objetivo era mantener el orden o proteger a los residentes. En un momento dado, el ejército expulsó a algunos colonos y desmontó estructuras, pero los colonos regresaron horas después, según varios reportes.
Además, la zona fue declarada área militar cerrada. La medida restringió el acceso no solo a los colonos, sino también a palestinos, activistas y personas que intentaban llevar alimentos y agua. En la práctica, según la información publicada, esto no supuso una reapertura duradera de las viviendas ni confirmó el fin del campamento de los colonos.
La diferencia es importante: la presencia de tropas no necesariamente devolvió a los residentes la libertad de movimiento ni garantizó que los colonos se mantuvieran alejados. La llegada de Ridi cambió quién estaba dentro de la casa, pero no resolvió por sí sola la crisis de seguridad y acceso.
El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, calificó el cerco de “un acto horripilante de terror” y llamó “terroristas” a los colonos implicados. Sus declaraciones fueron llamativas porque representaron una condena pública especialmente contundente, por parte de un alto funcionario estadounidense, contra la violencia de colonos israelíes dirigida contra residentes palestinos, incluida una vivienda propiedad de un palestino-estadounidense.
La declaración aumentó la presión diplomática, pero no puso fin al cerco por sí misma. Los reportes posteriores a la intervención militar siguieron describiendo restricciones y dudas sobre la situación de las viviendas.
La información sobre Qusra se enmarca en un patrón más amplio de expansión de asentamientos y construcción de puestos de avanzada en Cisjordania. Sin embargo, las fuentes disponibles no permiten confirmar de manera independiente las afirmaciones específicas de que, en ese mismo periodo, se hubieran creado nuevos puestos de avanzada cerca de Umm Safa y Burqa, ni que se hubieran establecido exactamente 200 desde octubre de 2023.
La expansión general sí aparece documentada en otros reportes. Amnistía Internacional, citando a Peace Now, informó de que al cierre de abril de 2026 había 363 puestos de avanzada no autorizados y 163 asentamientos oficiales en Cisjordania, incluida Jerusalén Este. Las cifras pueden variar según se contabilicen por separado los puestos no autorizados, los lugares posteriormente legalizados, los asentamientos oficiales y Jerusalén Este.
Funcionarios de la ONU describieron la violencia de los colonos en Cisjordania como la más alta registrada hasta entonces en 2026 y afirmaron que, en numerosos ataques contra comunidades palestinas, los colonos y las fuerzas de seguridad israelíes habían actuado conjuntamente.
Un informe de la ONU presentado ante el Consejo de Seguridad señaló que las autoridades israelíes habían aprobado o impulsado unas 12.360 unidades de vivienda en la Cisjordania ocupada durante 2026, y que se habían destinado recursos significativos a respaldar 34 nuevos asentamientos. El mismo informe indicó que 76 palestinos, incluidos 18 niños, habían muerto en Cisjordania a manos de fuerzas israelíes o colonos durante ese año, mientras que unas 3.800 personas habían sido desplazadas por la violencia de los colonos, demoliciones y desalojos.
En un informe separado de derechos humanos, la ONU afirmó que la expansión de los asentamientos y la violencia relacionada habían provocado el desplazamiento forzoso de más de 36.000 palestinos durante el periodo de 12 meses analizado.
La ONU describe la Cisjordania ocupada como un territorio donde viven alrededor de 3,4 millones de palestinos. La estimación de Amnistía correspondiente a abril de 2026 situó a los colonos en aproximadamente el 18 % de la población de Cisjordania, aunque las comparaciones dependen de las definiciones geográficas utilizadas, especialmente de si se incluye Jerusalén Este.
La posición de la ONU, reafirmada en la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad, es que los asentamientos israelíes en territorios ocupados desde 1967, incluida Jerusalén Este, “no tienen validez legal” y constituyen una “flagrante violación” del derecho internacional. La resolución también exige el cese inmediato y completo de la actividad de asentamientos.
Funcionarios de derechos humanos de la ONU han afirmado que Israel está obligado a proteger a la población palestina, retirar a los colonos que desplazan violentamente a palestinos y poner fin a la actividad de asentamientos. Otro informe de la ONU señaló que la Corte Internacional de Justicia había concluido que las políticas israelíes de asentamiento y expansión contribuían a la anexión de grandes partes del territorio palestino ocupado y vulneraban el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.
Amnistía Internacional ha ido más allá y ha descrito las políticas y actuaciones israelíes en partes de Cisjordania como limpieza étnica, además de denunciar crímenes de lesa humanidad, incluido el traslado forzoso. Esas son valoraciones jurídicas y de derechos humanos de la organización; no constituyen una sentencia definitiva de un tribunal penal específicamente sobre el cerco de Qusra.
La conclusión prudente sobre el episodio de Qusra es más limitada, pero sigue siendo grave: Ridi llegó a la casa de su familia, mientras que la información disponible no demostró que los residentes hubieran recuperado un acceso seguro y sin restricciones, ni que la amenaza de los colonos que rodeaban las viviendas hubiera sido eliminada de forma duradera. El incidente se convirtió así en un ejemplo especialmente visible de la disputa más amplia por la propiedad palestina, la expansión de los asentamientos y la protección de civiles en la Cisjordania ocupada.