La disputa comenzó en 2019, cuando Turquía adquirió a Rusia el sistema S-400. Washington sostuvo que operar ese sistema junto con los F-35 generaría riesgos de seguridad y de interoperabilidad, especialmente para la protección de información sensible sobre el avión. La compra provocó la expulsión de Turquía del programa F-35 y la imposición de sanciones estadounidenses al amparo de la ley CAATSA, sigla en inglés de la Ley para Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos mediante Sanciones.
Turquía participaba en el programa F-35 como país asociado y tenía previsto comprar al menos 100 aeronaves. Antes de ser excluida, había invertido aproximadamente 1.400 millones de dólares en el proyecto.
La sección 1245 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2020 prohíbe transferir aviones F-35 a Turquía. El Poder Ejecutivo solo puede solicitar una exención después de certificar que Ankara ya no posee el S-400 ni equipos asociados, que ha ofrecido garantías creíbles de que no volverá a adquirirlo y que no ha realizado otra compra de defensa rusa que aumente el riesgo para las capacidades del F-35. Incluso entonces, la exención debe esperar 90 días antes de entrar en vigor.
Por eso, un anuncio presidencial no basta para cerrar la venta. En una carta enviada al Congreso en julio, el Departamento de Estado afirmó que Turquía aún no había cumplido las condiciones legales necesarias para recibir los F-35.
El Congreso también representa una barrera importante. Legisladores estadounidenses han expresado una fuerte oposición a cualquier venta, y el texto legal impide equiparar el levantamiento de las sanciones con el regreso automático de Turquía al programa.
La cuestión decisiva no es únicamente si los misiles están inactivos o almacenados, sino si Turquía ha dejado realmente de poseer el sistema. La ley estadounidense se refiere a la posesión del S-400 y de sus equipos asociados, y también exige garantías contra una futura readquisición.
Informaciones públicas han mencionado la posibilidad de que Turquía transfiera o se deshaga de los sistemas, pero las fuentes disponibles no confirman un acuerdo final que cumpla los requisitos legales estadounidenses. Un informe de agosto describió la compra de F-35 como estancada mientras el problema de los S-400 siga sin resolverse.
Hasta que se aclare el estatus de los sistemas y el Gobierno estadounidense emita las certificaciones exigidas, la promesa de Trump es una apertura para negociar, no una autorización ejecutable para transferir los F-35.
El enfrentamiento por los F-35 coincide con el intento de Erdoğan de presentar a Turquía simultáneamente como aliado de la OTAN, potencia militar independiente y actor central de la seguridad regional. En agosto, Turquía, Arabia Saudita y Pakistán firmaron el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca. El pacto establece que un ataque armado contra uno de sus firmantes será considerado un ataque contra los tres, creando un marco de defensa colectiva entre los países.
Funcionarios turcos han descrito el acuerdo como defensivo y no dirigido contra Irán ni contra ningún otro país concreto. Erdoğan ha dicho que el marco está abierto a más participantes regionales y que su visión no se limita a los tres signatarios originales. Egipto ha aparecido en algunas informaciones como posible objetivo de la ofensiva diplomática turca, pero las fuentes disponibles no lo identifican como miembro confirmado.
La información disponible respalda el énfasis de Erdoğan en una mayor cooperación regional en materia de seguridad y en un papel más autónomo de los países de la región. No permite confirmar compromisos nuevos y específicos sobre una visita a Siria, acuerdos concretos de apoyo a Siria o un paquete definido para la reconstrucción de Gaza. Esas afirmaciones deben analizarse por separado de los hechos documentados sobre el F-35 y el acuerdo de La Meca.
Erdoğan dice que Trump le prometió una vía para que Turquía vuelva al programa F-35. Trump sí prometió retirar las sanciones y señaló que podría estudiar una venta, pero Turquía todavía no ha superado el obstáculo principal: la ley estadounidense exige que deje de poseer los S-400, y el Departamento de Estado ha dicho que las condiciones legales aún no se cumplen.
El resultado es una brecha entre el mensaje político y la realidad jurídica. El regreso de Turquía exigiría resolver de forma verificable el problema de los S-400, obtener las certificaciones del Ejecutivo y superar el escrutinio del Congreso. No bastaría con una promesa formulada durante una cumbre de la OTAN.