La preocupación de la agencia también es operativa. Shuafat ha sido uno de los principales puntos de prestación de servicios de UNRWA en Jerusalén Este, con escuelas y un centro de salud al servicio de los residentes del campamento. La ficha de UNRWA sobre Shuafat registra tres escuelas y un centro de salud entre sus principales instalaciones.
El Ayuntamiento de Jerusalén niega que los edificios pertenezcan a UNRWA. Según la versión publicada, los inmuebles son de propiedad privada y la agencia los utilizó sin la autorización correspondiente ni los acuerdos relacionados, incluido el pago del alquiler. Bajo esa interpretación, la intervención municipal se refiere a la ocupación de una propiedad privada y no a la confiscación de instalaciones de la ONU.
La falta de pruebas públicas detalladas es clave. La información revisada no permite establecer con precisión los registros de propiedad, las obligaciones contractuales, la eventual deuda de alquiler ni la base legal invocada para entrar en los edificios. Por eso, esos puntos deben presentarse como alegaciones controvertidas y no como hechos resueltos.
La controversia incluye qué ocurrirá con los servicios que UNRWA prestaba hasta ahora. La agencia presenta los cierres y las entradas en sus instalaciones como una amenaza para la educación de los refugiados, la atención primaria y el apoyo comunitario. La política israelí, en cambio, plantea sustituir el papel de UNRWA mediante servicios proporcionados por organismos públicos israelíes y otras instituciones.
Pero anunciar una sustitución no resuelve automáticamente el problema práctico. Para que un servicio alternativo cumpla esa función debe estar disponible, ser accesible y mantenerse de forma continua para las personas que dependían de las escuelas, el centro de salud y la oficina comunitaria originales.
En octubre de 2024, el Parlamento israelí aprobó una legislación para poner fin a las actividades de UNRWA en los territorios que Israel considera bajo su soberanía, incluida Jerusalén Este, y para cortar el contacto oficial con la agencia. Una enmienda aprobada el 29 de diciembre de 2025 aclaró y amplió las restricciones, incluidas disposiciones que afectan a las actividades de UNRWA y a sus relaciones con las autoridades israelíes.
Las medidas fueron más allá de prohibir las operaciones formales. Un análisis jurídico del marco reformado describió mecanismos que afectan a los privilegios e inmunidades de UNRWA y permiten intervenir en el suministro de servicios esenciales, como el agua y la electricidad. Según informaciones basadas en la versión de la agencia, el agua y la electricidad fueron cortadas en instalaciones vinculadas a UNRWA en Shuafat los días 27 y 28 de enero de 2026. Entre los edificios afectados había escuelas, un centro de salud y otros puntos de servicio.
La escalada más visible se produjo en la antigua sede de UNRWA en Sheikh Jarrah. Las autoridades israelíes tomaron el control del complejo y el 20 de enero de 2026 demolieron varias estructuras. Funcionarios de la ONU y un grupo de gobiernos extranjeros condenaron la actuación, mientras Israel sostuvo que sus restricciones contra UNRWA justificaban la intervención.
En mayo de 2026, el Gobierno israelí aprobó planes para construir un complejo de defensa en el antiguo emplazamiento. El proyecto anunciado incluiría un museo militar, un centro de reclutamiento y una oficina del Ministerio de Defensa. En conjunto, las actuaciones en Shuafat, las restricciones a los suministros, las órdenes de cierre y la remodelación del complejo de Sheikh Jarrah muestran cómo esta política ha afectado tanto a la capacidad operativa de UNRWA como a los espacios físicos desde los que trabajaba.
Los efectos van mucho más allá de la disputa sobre la propiedad. El cierre de escuelas de UNRWA en Jerusalén Este ha interrumpido la educación de niños refugiados palestinos. En abril de 2025, la agencia afirmó que funcionarios del Ayuntamiento de Jerusalén, acompañados por fuerzas de seguridad israelíes, habían entrado en seis de sus escuelas de Jerusalén Este y emitido órdenes de cierre con efecto 30 días después. Las informaciones sobre Shuafat describen sus tres escuelas de UNRWA como centros que atendían a unos 1.500 alumnos, aunque la cantidad afectada por cada cierre depende del momento y del alcance de la orden correspondiente.
La atención sanitaria también se ha visto afectada. El secretario general de la ONU condenó la entrada del 12 de enero de 2026 en el Centro de Salud de UNRWA en Jerusalén y su cierre temporal. Señaló que el centro atendía cada día a cientos de pacientes refugiados palestinos y que, para muchos de ellos, era la única vía de acceso a la atención primaria.
Estas interrupciones ocurren en medio de una crisis de acceso más amplia en Cisjordania. Naciones Unidas indicó que la labor humanitaria se estaba retrasando y limitando por una red de más de 900 obstáculos físicos, entre ellos puestos de control, puertas y bloqueos de carreteras. Los datos de OCHA citados por Al Jazeera registraron 3.033 ataques de colonos entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de junio de 2026.
El efecto es acumulativo: los niños afrontan interrupciones en su escolarización, los pacientes pierden servicios de atención local conocidos y las organizaciones humanitarias deben distribuir ayuda en un entorno con cada vez más restricciones a la circulación. Por eso, la disputa de Shuafat no importa únicamente por quién controla varios edificios, sino porque el control de esos espacios determina si los servicios esenciales seguirán disponibles y quién asumirá la responsabilidad de reemplazarlos.