EE. UU. estudia nuevas sanciones contra Alexandre de Moraes: qué hay detrás de la disputa con Brasil

¿Qué informó el Financial Times?

El Financial Times informó que funcionarios del Gobierno de Estados Unidos habían discutido la posibilidad de imponer nuevamente sanciones al magistrado brasileño Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF). Según la información disponible, todavía no se había anunciado una decisión definitiva.

La eventual reactivación de las medidas volvería a poner en el centro una disputa especialmente sensible entre Washington y Brasilia: el papel de la justicia brasileña en el caso contra Jair Bolsonaro, las acusaciones estadounidenses de censura y abusos judiciales, y el deterioro de la relación comercial entre ambos países.

¿Por qué volvió a discutirse la medida?

De acuerdo con el reporte del FT, citado por Reuters, la conversación se produjo mientras las relaciones entre Estados Unidos y Brasil atravesaban nuevas tensiones políticas y comerciales. Los aliados de Bolsonaro han descrito el proceso contra el expresidente como una persecución política. Por su parte, funcionarios estadounidenses ya habían acusado a Moraes de autorizar detenciones preventivas arbitrarias y de restringir la libertad de expresión.

El conflicto también se había mezclado con las negociaciones sobre los aranceles estadounidenses a productos brasileños. En ese contexto, analistas consideraron que el margen para el diálogo político y comercial era muy reducido cuando coincidían las restricciones contra Bolsonaro y las sanciones contra Moraes.

¿Qué papel desempeñó Moraes en el caso Bolsonaro?

Moraes dirigió o tuvo un papel judicial central en los procedimientos relacionados con el presunto intento de Bolsonaro y sus aliados de anular su derrota en las elecciones presidenciales brasileñas de 2022. Bolsonaro fue posteriormente condenado y encarcelado en ese caso.

El papel del magistrado convirtió el proceso en un punto de fricción internacional. Los aliados del expresidente sostienen que Moraes utilizó su posición para perseguir a la oposición, mientras que las autoridades brasileñas han defendido las actuaciones judiciales como parte de la respuesta institucional a las acusaciones contra Bolsonaro y sus seguidores.

¿Qué sanciones impuso antes Estados Unidos?

El 30 de julio de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, conocida como OFAC, incluyó a Moraes en su lista de sancionados bajo el programa Global Magnitsky. Washington afirmó que el juez había utilizado su cargo para autorizar detenciones preventivas arbitrarias y suprimir la libertad de expresión.

En la práctica, una designación de este tipo suele bloquear los bienes y los intereses en bienes que estén bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a las personas y entidades estadounidenses realizar operaciones con el sancionado.

El 22 de septiembre de 2025, la administración estadounidense amplió la medida a Viviane Barci de Moraes, esposa del magistrado, y a Lex Instituto de Estudos Jurídicos, una sociedad de cartera que el Tesoro describió como parte de su red de apoyo.

¿Por qué fueron tan controvertidas?

En Brasil, las medidas fueron interpretadas ampliamente como un intento extraordinario de presionar o castigar a un ministro en ejercicio del máximo tribunal por decisiones adoptadas dentro del sistema judicial brasileño. Sus críticos cuestionaron que una herramienta creada para responder a abusos graves de derechos humanos se utilizara en una disputa judicial y política de otra democracia.

Washington, en cambio, sostuvo que el problema no era la soberanía del proceso brasileño, sino el supuesto abuso del poder judicial y la censura.

La controversia tuvo además consecuencias diplomáticas. Las sanciones coincidieron con medidas comerciales estadounidenses, incluidos aranceles del 50 % a productos brasileños, y complicaron aún más la posibilidad de separar la disputa política de las negociaciones económicas.

¿Por qué se levantaron las sanciones?

El 12 de diciembre de 2025, la OFAC retiró a Moraes y a Lex Institute de su lista de sancionados. Los reportes de ese momento también indicaron que se levantaron las sanciones contra su esposa.

El aviso público de la OFAC confirma las eliminaciones, pero no ofrece una explicación sustantiva sobre sus motivos. Por ello, la evidencia oficial disponible no permite establecer una razón definitiva para el cambio.

¿Qué implicaría una nueva designación?

Restablecer las medidas —incluidos potencialmente el bloqueo de activos y las restricciones a transacciones— sería una señal de escalada, no un trámite legal rutinario.

La posición previsible de Brasil sería que sus tribunales y sus procesos penales son asuntos soberanos y no deben estar sujetos a coerción estadounidense. Una nueva sanción podría impulsar respuestas diplomáticas o económicas recíprocas y profundizar el enfrentamiento.

El riesgo también sería económico: la disputa podría alimentar un ciclo de represalias políticas, aranceles, incertidumbre para la inversión, mayores costos de cumplimiento financiero y obstáculos al comercio bilateral. La respuesta concreta de Brasil, sin embargo, aún no está confirmada.