Por eso, la referencia a un posible paquete de otoño debe entenderse como un compromiso político y no necesariamente como un paquete «22.º» ya definido. Lo confirmado hasta ahora es la intención de ampliar de forma considerable las designaciones; las medidas sectoriales adicionales, si las hubiera, siguen sin conocerse.
La iniciativa llegaría después del 21.º paquete de sanciones, adoptado por los Estados miembros el 23 de julio de 2026. Esa ronda reforzó las restricciones en servicios financieros y criptoactivos, energía, comercio y mecanismos para impedir la elusión de sanciones.
El paquete de julio incluyó 218 nuevas designaciones: 48 personas y 170 entidades, la mayor tanda de inclusiones individuales de la UE en cuatro años. También contempló medidas contra instituciones financieras rusas —incluida la Bolsa de Moscú—, operadores vinculados a criptomonedas, buques de la llamada «flota en la sombra» que transporta petróleo ruso y actividades relacionadas con refinerías e infraestructura energética en Rusia y Bielorrusia.
En el ámbito financiero, se impusieron congelaciones de activos a 94 instituciones rusas, mientras que otras medidas apuntaron a más de un centenar de bancos y operadores de criptomonedas. El conjunto de nuevas inclusiones llevó el total de designaciones de la UE a casi 3.000, según los reportes disponibles.
Kallas presentó la futura ampliación como una respuesta a la continuidad de la guerra de Rusia contra Ucrania. El anuncio se produjo en un contexto de ataques aéreos intensificados con drones y misiles, un aumento de las víctimas civiles, conversaciones de paz estancadas y un frente militar prácticamente inmóvil.
La invasión rusa a gran escala comenzó en febrero de 2022. Mientras no se conocen los objetivos concretos del próximo paquete, el mensaje de Bruselas es que la presión económica continuará y podría extenderse a más personas, empresas y redes que sostienen el esfuerzo bélico ruso.