El proyecto de ley iraní que podría convertir los contactos con medios extranjeros en delito

El proyecto también abarcaría una gama más amplia de vínculos con el extranjero, entre ellos contactos con:

• medios de comunicación extranjeros;
• embajadas;
• universidades e institutos de investigación de otros países;
• organizaciones e instituciones extranjeras; y
• entidades dedicadas a actividades económicas, culturales o de la sociedad civil.

Según las disposiciones difundidas hasta ahora, también podrían restringirse el envío al extranjero de información, fotografías o vídeos; la aceptación de becas de gobiernos o universidades extranjeras no autorizados; y la cooperación científica con universidades, institutos u organizaciones extranjeras sin la aprobación del Ministerio de Inteligencia iraní.

Como el texto íntegro aún no es público, estos puntos deben entenderse como disposiciones informadas del borrador, no como una descripción definitiva de una ley ya aprobada.

¿Qué penas se han informado?

Para determinadas conductas relacionadas con los medios —incluidas las entrevistas con medios hostiles y el envío de fotografías o vídeos— se han informado penas de entre seis meses y dos años de prisión. Ese mismo rango se aplicaría, según los reportes disponibles, a la cooperación científica con instituciones extranjeras que no haya obtenido la autorización requerida.

También se han mencionado restricciones profesionales, multas y sanciones relacionadas con bienes o activos, aunque su alcance y aplicación dependerían del texto final.

Algunas informaciones señalan que los Tribunales Revolucionarios podrían juzgar los casos más graves y dictar condenas de hasta 30 años de prisión. Sin embargo, las fuentes disponibles no precisan qué delito concreto tendría esa pena máxima. Por ello, no debe interpretarse como el castigo automático por conceder una entrevista o mantener un contacto académico ordinario.

Cómo cambiaría las comunicaciones con medios extranjeros

La propuesta establecería distintos niveles de riesgo según el medio u organización extranjera. Los contactos con medios designados como hostiles quedarían presuntamente prohibidos, mientras que las entrevistas con otros medios extranjeros podrían exigir una notificación o autorización del Ministerio de Inteligencia.

Ese marco podría exponer a responsabilidad penal a periodistas, investigadores, analistas, expertos y otras fuentes por actividades que normalmente forman parte del periodismo internacional o del debate público. También podría favorecer la autocensura, ya que serían las autoridades iraníes quienes definirían qué medios son «hostiles» y qué relaciones constituyen influencia extranjera. Esta última es una posible consecuencia de las restricciones informadas, no un resultado confirmado.

Consecuencias para universidades, becas y empresas

El alcance informado del proyecto va mucho más allá del periodismo. Las becas extranjeras, las invitaciones a congresos, las alianzas de investigación y la cooperación científica podrían quedar supeditadas a la aprobación del Gobierno o a la colaboración con instituciones consideradas autorizadas.

Los reportes también describen límites a la actividad económica y a los contactos con entidades extranjeras sin permiso. Si se aprobara en esos términos, la medida añadiría incertidumbre legal a intercambios internacionales que hoy pueden ser habituales para universidades, empresas, grupos culturales y organizaciones de la sociedad civil.

El argumento de la «infiltración» extranjera

El proyecto se presenta como una herramienta para impedir la infiltración de servicios de inteligencia, gobiernos e instituciones extranjeros. Su importancia, por tanto, sería más amplia que una prohibición del espionaje: el borrador permitiría a las autoridades examinar relaciones, transferencias de información y propuestas que consideren influenciadas por actores extranjeros.

Algunas informaciones describen posibles penas para propuestas o actividades supuestamente moldeadas por servicios de inteligencia extranjeros, incluidas condenas de hasta 30 años. No obstante, los reportes disponibles no ofrecen detalles suficientes para saber cómo se interpretarían o aplicarían esas disposiciones.

El papel de los Tribunales Revolucionarios y del Consejo de Guardianes

Tribunales Revolucionarios: los reportes indican que estos tribunales podrían hacerse cargo de ciertas acusaciones graves contempladas en el proyecto. También se los vincula con la posibilidad de condenas de hasta 30 años, aunque no está claro qué delitos quedarían sujetos a ese máximo.

Consejo de Guardianes: el voto parlamentario es solo una etapa del proceso. El Consejo de Guardianes debe revisar el proyecto para determinar si es compatible con la Constitución y la legislación islámica de Irán. Puede aprobarlo o devolverlo para introducir cambios, por lo que tanto el alcance de la medida como sus penas todavía podrían modificarse.

Cómo encaja en la ofensiva iniciada en 2025

La propuesta llega después de una legislación aprobada en 2025 que buscaba aumentar las penas por presunto espionaje y colaboración con Estados Unidos, Israel y otras entidades calificadas de hostiles. Los reportes sobre esa ley separada describieron castigos severos para algunas formas de colaboración, incluida la posibilidad de la pena de muerte.

En conjunto, ambas iniciativas reflejan un desplazamiento desde delitos de espionaje definidos de forma más limitada hacia un control más amplio del flujo de información, las entrevistas con medios extranjeros, los vínculos académicos, las becas y la cooperación con organizaciones internacionales. El proyecto contra la infiltración, sin embargo, sigue siendo una propuesta: su efecto legal definitivo dependerá del texto que aprueben el Parlamento y el Consejo de Guardianes.