La candidatura nació en un momento de profunda crisis. Islandia presentó su solicitud en 2009, poco después del colapso de su sistema bancario. En aquel contexto, la pertenencia a la UE y la eventual adopción del euro se percibían como posibles anclas de estabilidad económica.
Las negociaciones comenzaron y avanzaron durante varios años. Cuando el proceso se suspendió, se habían abierto 27 capítulos y 11 se habían cerrado provisionalmente.
Pero los asuntos políticamente más delicados quedaron pendientes. El capítulo agrícola nunca llegó a abrirse y el de pesca se detuvo antes de que comenzaran las negociaciones sustantivas.
Tras las elecciones parlamentarias de 2013 llegó al poder un Gobierno de centro-derecha y euroescéptico, en un momento en que había disminuido el entusiasmo por la adhesión y la crisis de la eurozona seguía pesando sobre el debate. Las nuevas autoridades decidieron suspender las conversaciones.
El rechazo no se explicaba solo por la moneda única. Para muchos islandeses, la cuestión central era conservar la capacidad de decidir sobre sus recursos y su modelo económico. La agricultura, la regulación nacional, la política económica y, sobre todo, la pesca se convirtieron en símbolos de soberanía.
El contexto internacional es hoy más tenso. La invasión rusa de Ucrania, la creciente competencia estratégica en el Ártico y el Atlántico Norte y las dudas sobre la fiabilidad futura de Estados Unidos han dado nuevos argumentos a quienes defienden una relación política más estrecha con Europa.
El debate sobre Groenlandia también ha adquirido importancia. La presión y la retórica estadounidenses sobre ese territorio autónomo del Reino de Dinamarca han puesto de relieve la vulnerabilidad estratégica del espacio que conecta Groenlandia, Islandia y el Reino Unido en el Atlántico Norte.
Islandia ya es miembro de la OTAN, por lo que sus defensores y detractores interpretan de forma distinta el posible valor de la UE en materia de seguridad. Los partidarios de reabrir las negociaciones sostienen que la adhesión añadiría peso político y económico a la alianza atlántica. Los opositores responden que la garantía de seguridad relevante es la OTAN, no la Unión Europea.
Sin embargo, la geopolítica no ha desplazado a la economía. El coste de vida, los precios, la estabilidad de la moneda, la pesca y la soberanía siguen siendo asuntos más inmediatos para muchos votantes.
Los sondeos apuntan a una diferencia importante entre apoyar la celebración de negociaciones y apoyar directamente la adhesión a la UE. La información más reciente del Parlamento Europeo señala que existe una mayoría favorable a celebrar el referéndum sobre el inicio de las conversaciones, mientras que la opinión sobre la pertenencia plena continúa dividida.
Esa distinción puede ser decisiva. Un votante puede apoyar un «sí» para conocer las condiciones concretas de un posible acuerdo sin comprometerse a votar después a favor del ingreso. El segundo referéndum funcionaría así como una salvaguarda: permitiría juzgar un pacto real, especialmente en materia pesquera, en lugar de pronunciarse sobre una posibilidad abstracta.
La lectura más prudente es que la consulta está abierta y no representa un giro definitivo hacia la UE. Las cifras varían según la formulación de la pregunta y según se incluyan o no a los indecisos; los resúmenes disponibles no permiten establecer un porcentaje único y concluyente.
A través del Espacio Económico Europeo (EEE), Islandia participa desde 1994 en buena parte del mercado único y aplica numerosas normas europeas, incluidas las relacionadas con la libre circulación. También forma parte del espacio Schengen, que permite viajar sin controles fronterizos sistemáticos entre los países participantes.
Pero el EEE no incluye la política agrícola ni la política pesquera comunes de la UE. Islandia tampoco forma parte de la unión aduanera ni de la política comercial común; no elige eurodiputados, no designa un comisario europeo y no tiene voto formal en la elaboración de las leyes de la Unión.
La adhesión plena supondría, en términos generales, representación y derecho de voto en las instituciones comunitarias, participación en el presupuesto de la UE, la aplicación de la política comercial exterior común y la entrada en la Política Agrícola Común y la Política Pesquera Común.
Quienes defienden el «sí» sostienen que Islandia ya adopta muchas normas de la UE a través del EEE, pero sin participar directamente en las decisiones que las producen. La adhesión sustituiría, según este argumento, la posición de quien aplica reglas ajenas por la de un país con representación e influencia institucional.
También consideran que una relación política más estrecha ofrecería un marco económico más previsible en un momento de incertidumbre en el Atlántico Norte. Las negociaciones permitirían intentar obtener disposiciones específicas para una economía con características distintas a las de la mayoría de los miembros de la UE.
Para los partidarios, reabrir el proceso no equivale a aceptar sus condiciones de antemano. Solo negociando, dicen, se podría saber qué margen existiría para proteger la pesca, la agricultura, la moneda y la política fiscal antes de tomar una decisión final.
Los opositores responden que Islandia ya disfruta del principal beneficio comercial —el acceso al mercado único— sin asumir todos los costes políticos de la pertenencia. Temen una contribución neta al presupuesto europeo y una menor capacidad nacional para decidir sobre la regulación y la política económica.
También advierten de que Islandia perdería la libertad de negociar acuerdos comerciales por su cuenta, ya que la política comercial exterior es competencia de la UE.
El sector agrícola teme una mayor competencia de las importaciones europeas y una presión sobre las protecciones nacionales. Esa sensibilidad ayuda a explicar por qué la agricultura nunca llegó a abrirse en la primera ronda de negociaciones.
Pero la objeción dominante es la pesca. Los caladeros islandeses tienen un peso económico y simbólico enorme. Los críticos sostienen que incorporarse a la Política Pesquera Común podría situar la fijación de cuotas y las condiciones de acceso dentro de un marco europeo, en lugar de mantenerlas bajo control nacional.
La caballa resume buena parte de los temores islandeses. Los cambios en la distribución de la población de esta especie y las posteriores disputas por las cuotas hicieron de este asunto uno de los puntos más conflictivos entre Islandia y la UE durante el proceso anterior.
Los detractores temen que los buques europeos obtengan acceso a aguas islandesas y que las cuotas fijadas por Reikiavik queden limitadas por la Política Pesquera Común. Los partidarios replican que una negociación podría buscar periodos de transición o fórmulas específicas para Islandia, aunque esas protecciones serían una aspiración, no una garantía.
La ministra de Exteriores islandesa, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ha dejado clara la línea roja del Gobierno: cualquier acuerdo tendría que garantizar el «control soberano sobre todas las pesquerías».
El Gobierno islandés presenta la consulta como un proceso democrático en dos etapas: autorizar ahora las negociaciones y someter después cualquier acuerdo definitivo a los ciudadanos.
Los funcionarios islandeses favorables a Europa subrayan que un «sí» no sería una decisión irreversible de ingreso. Los euroescépticos, en cambio, replican que reabrir las conversaciones generaría impulso político y expondría asuntos esenciales de la soberanía nacional a una negociación con Bruselas.
La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, ha afirmado que durante las negociaciones podrían encontrarse «soluciones creativas» para la pesca, sin prometer de antemano que la UE aceptaría las exigencias islandesas.
Bruselas mantiene públicamente una actitud cautelosa para evitar la impresión de que interviene en la campaña. Aun así, en la UE se considera que un voto afirmativo podría convertirse en una valiosa historia de éxito para la ampliación, en un momento en que avanzar con otros candidatos resulta especialmente difícil.
La consulta del 29 de agosto no resolverá si Islandia entra o no en la UE. Resolverá si el país quiere averiguar, mediante una nueva ronda de negociaciones, qué condiciones podría obtener.
Por eso el resultado no debe interpretarse automáticamente como un giro proeuropeo. Un «sí» puede expresar tanto apoyo a la adhesión como el deseo de conocer el acuerdo antes de rechazarlo; un «no» puede reflejar la convicción de que los riesgos para la pesca y la autonomía nacional ya son demasiado altos para volver a negociar.